La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un nuevo cuestionamiento sobre la utilidad de las mesas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de semanas de movilizaciones, bloqueos y protestas que no han derivado en acuerdos concretos.
En medio del conflicto magisterial y tras el fracaso de las negociaciones para evitar manifestaciones durante la inauguración del Mundial 2026, la mandataria defendió que el Gobierno federal ha mantenido abiertas las puertas del diálogo, pero cuestionó los resultados obtenidos hasta ahora.
La estrategia del Ejecutivo federal ahora apunta a establecer una comunicación directa con más de un millón de docentes del país, dejando de depender exclusivamente de las dirigencias de la CNTE. Como parte de esa ruta, Sheinbaum anunció una consulta nacional al magisterio a partir de agosto para discutir cambios en el sistema de promoción docente y otros temas educativos.
El endurecimiento del discurso presidencial ocurre después de que las mesas instaladas entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y representantes de la CNTE concluyeran sin acuerdos sobre las principales demandas del movimiento, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y modificaciones al sistema de pensiones.
Sheinbaum ha insistido en que existen demandas legítimas del magisterio, pero también ha rechazado regresar a esquemas que, según el Gobierno, favorecían prácticas de discrecionalidad y corrupción en la asignación de plazas y promociones. Además, ha acusado que algunos sectores buscan utilizar el conflicto con fines políticos.
Pese a las diferencias, la Presidenta reiteró que no habrá represión contra los manifestantes y sostuvo que las mesas de negociación continuarán abiertas. Sin embargo, el mensaje central de Palacio Nacional es que el Gobierno pretende trasladar la discusión directamente a las bases magisteriales para reducir la capacidad de presión de las dirigencias de la CNTE.
La nueva postura marca un punto de inflexión en la relación entre la administración federal y la Coordinadora, uno de los movimientos sociales más influyentes del país, que mantiene movilizaciones en demanda de cambios al sistema de pensiones y mejores condiciones laborales.
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