Comunidades indígenas mayo-yoreme de la bahía de Ohuira anunciaron que tomarán de manera indefinida las instalaciones de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) a partir de este lunes 15 de junio, en protesta por un proyecto que consideran una amenaza para el medio ambiente, la pesca y la supervivencia cultural de los pueblos originarios de la región.
El anuncio fue realizado por Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, quien advirtió que las comunidades mantendrán la movilización hasta que las autoridades federales ordenen la suspensión de las obras de la megaplanta, impulsada por GPO, filial del grupo suizo-alemán Proman.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó Montaño tras una reunión con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La planta, que proyecta producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco, registra un avance de entre 70 y 88 por ciento, según distintas estimaciones. Los opositores sostienen que la operación industrial alterará irreversiblemente el ecosistema de la bahía de Ohuira, una zona reconocida internacionalmente por su riqueza ambiental y su importancia para la actividad pesquera.
De acuerdo con las comunidades, la instalación utilizará alrededor de dos mil metros cúbicos de agua marina por hora para enfriar el amoniaco, recurso que posteriormente sería devuelto a la bahía con una temperatura superior, afectando especies marinas, manglares y áreas de reproducción de peces y crustáceos.
Los pueblos indígenas también denuncian que durante la construcción ya se han rellenado humedales, eliminado manglares y registrado desplazamiento de fauna silvestre en el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, catalogado como sitio Ramsar por su relevancia ecológica.
La resistencia contra el proyecto se ha mantenido durante más de una década. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar una consulta indígena sobre la planta, luego de determinar irregularidades en los permisos otorgados. Sin embargo, los opositores afirman que el proceso no garantizó plenamente el derecho a una consulta previa, libre e informada, además de que incluyó comunidades que no serían afectadas directamente por el proyecto.
Mientras las comunidades mantienen su rechazo, existe también un sector de pueblos yoremes que ha manifestado respaldo al proyecto y a las mesas de diálogo impulsadas por autoridades estatales y federales, argumentando que la consulta realizada fue válida y que la inversión puede generar beneficios económicos para la región.
Con la amenaza de una toma indefinida de las instalaciones, el conflicto por la planta de amoniaco en Topolobampo entra en una nueva etapa, en medio de la confrontación entre desarrollo industrial, protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas.
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