El diputado federal del PAN, Alan Sahir Márquez Becerra, presentó una iniciativa para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a responder en un plazo máximo de 10 días hábiles todas las solicitudes, trámites, peticiones o gestiones realizadas por usuarios y ciudadanos, con el objetivo de combatir retrasos, opacidad e incertidumbre jurídica en la atención del servicio eléctrico.
La propuesta plantea adicionar el artículo 66 Bis a la Ley del Sector Eléctrico y establece que toda respuesta deberá estar debidamente fundada y motivada, emitirse por escrito o mediante medios electrónicos y explicar de forma clara las razones legales de la determinación adoptada.
Además, la CFE tendría la obligación de informar sobre los procedimientos, requisitos y plazos necesarios para concluir la atención de cada solicitud.
Si la CFE no responde, la petición se resolvería a favor del usuario
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que, si la empresa productiva del Estado no emite una respuesta dentro del plazo establecido, se presumirá la procedencia de la solicitud en lo conducente, siempre que no contravenga disposiciones legales o técnicas aplicables.
En esos casos, la Comisión deberá resolver de manera inmediata en favor de la persona usuaria o justificar plenamente la imposibilidad de otorgar lo solicitado.
La propuesta contempla una excepción para asuntos de alta complejidad técnica. En esos casos, la CFE deberá notificar al solicitante dentro de los primeros 10 días hábiles las razones del retraso y fijar una fecha para la respuesta definitiva, la cual no podrá exceder los 20 días hábiles.
Asimismo, la iniciativa obliga a la empresa a crear mecanismos accesibles de seguimiento y consulta para que los usuarios conozcan el estado de sus trámites, garantizando transparencia, trazabilidad y certeza jurídica.
Miles de usuarios enfrentan retrasos y falta de respuesta
El documento, turnado a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, advierte que actualmente no existe una obligación legal específica que establezca tiempos máximos para que la CFE atienda y resuelva solicitudes ciudadanas.
Aunque la empresa cuenta con centros de atención, plataformas digitales y líneas telefónicas, estos mecanismos están enfocados principalmente en la recepción de reportes y trámites, sin reglas claras sobre cuándo deben ser resueltos.
Según la exposición de motivos, esta ausencia de plazos genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza ciudadana y prolonga problemas que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de usuarios.
CFE acumuló 37 mil quejas entre 2021 y 2025
Márquez Becerra destaca que, de acuerdo con datos del Buró Comercial de la Profeco, entre 2021 y 2025 la CFE acumuló 37 mil quejas, muchas relacionadas con errores de facturación, cobros extraordinarios y negativas para corregir cargos indebidos.
Además, la empresa mantenía 2 mil 849 expedientes en trámite, situación que, a juicio del legislador, evidencia la necesidad de establecer reglas más estrictas para garantizar una atención oportuna.
Buscan fortalecer transparencia y derechos de los usuarios
El diputado panista argumentó que la energía eléctrica es uno de los servicios públicos más importantes para el desarrollo económico y social del país, por lo que la institución encargada de prestarlo debe actuar bajo principios de eficiencia, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Sostuvo que la reforma también fortalece el derecho de acceso a la información y la atención ciudadana, al colocar en el centro el derecho de las personas a obtener respuestas claras y oportunas por parte de las autoridades.
“La falta de respuesta no puede convertirse en una afectación a los derechos de las personas. Establecer plazos ciertos y mecanismos de seguimiento fortalece la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, señala la iniciativa.
De ser aprobada, la reforma obligaría a la CFE a responder formalmente cada trámite presentado por los usuarios y convertiría la omisión administrativa en un mecanismo que beneficie, y no perjudique, a la ciudadanía.
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