Lo que fue convocado como una manifestación “ciudadana”, “pacífica” y en defensa de la libertad de expresión terminó exhibiendo la presencia de perfiles ligados a la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos, así como episodios de confrontación protagonizados por grupos señalados por su conducta violenta frente al Congreso del Estado.
Entre las figuras visibles dentro del contingente destacó Guadalupe Almaguer Pardo, exfuncionaria municipal identificada históricamente con el proyecto político del alcalde capitalino, cuya participación reavivó cuestionamientos sobre el carácter genuinamente ciudadano de la movilización.
Su presencia en posiciones estratégicas de la marcha alimentó las versiones de que detrás de la convocatoria existieron estructuras políticas y operadores vinculados al gobierno municipal. “La protesta ciudadana estuvo más cerca de una expresión inducida que de una movilización espontánea”, señalaron voces críticas que observaron el desarrollo de la manifestación.
Almaguer Pardo ha enfrentado diversos señalamientos durante su trayectoria en el Ayuntamiento capitalino. Durante su paso por la Instancia Municipal de las Mujeres fue objeto de acusaciones por parte de extrabajadoras y colectivos, quienes denunciaron presuntos malos tratos laborales, humillaciones públicas y un ambiente hostil dentro de la dependencia. También fue cuestionada por organizaciones sociales por la atención brindada a mujeres en situación de violencia.
Tras esas controversias, fue trasladada a la delegación de La Pila y posteriormente incorporada como asesora dentro de la administración municipal, situación que generó críticas por la falta de claridad sobre sus funciones específicas dentro del Ayuntamiento.
La participación de la exfuncionaria en la movilización, además de realizarse durante horario laboral, fue interpretada por diversos observadores como una muestra de que la manifestación contó con la participación de operadores políticos cercanos al gobierno capitalino.
Violencia opaca discurso de libertad de expresión
A la par de los cuestionamientos políticos, la marcha también registró incidentes de violencia frente al Congreso del Estado.
Testigos reportaron la presencia de grupos de individuos presuntamente alcoholizados que intentaron derribar una de las puertas del recinto legislativo y protagonizaron agresiones contra personal del Poder Legislativo.
“Fue notoria la participación de porros alcoholizados en la supuesta marcha ciudadana de la libertad de expresión”, denunciaron observadores presentes durante los hechos.
De acuerdo con los señalamientos, algunos de los participantes involucrados en los actos violentos buscaron ocultar su identidad, lo que incrementó las sospechas sobre la existencia de grupos organizados detrás de los disturbios.
Los hechos contrastaron con el discurso de civilidad y libertad de expresión bajo el cual fue promovida la movilización y abrieron un nuevo debate sobre la participación de estructuras políticas en eventos presentados ante la opinión pública como ejercicios ciudadanos independientes.
Para críticos de la manifestación, la combinación de operadores identificados con el gobierno municipal y la actuación de grupos violentos terminó por desdibujar el carácter ciudadano del movimiento y fortaleció la percepción de que la protesta respondió a intereses políticos rumbo a la disputa electoral de 2027.
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