La diputada de Morena, Giselle Yunueen Arellano Ávila, propuso reformar el artículo 282 del Código Penal Federal para ampliar el delito de amenazas y sancionar con tres días hasta un año de prisión o de 180 a 360 días de multa a quien intimide a otra persona por cualquier medio, incluidos redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico y otras plataformas digitales.
La iniciativa plantea modificar la fracción inicial del citado artículo para establecer que las amenazas podrán realizarse de forma directa o indirecta, verbal, escrita, simbólica, digital o mediante medios electrónicos o telemáticos, con el propósito de causar un daño.
Reforma amplía la protección a víctimas y actualiza la ley
El proyecto también incorpora como bienes jurídicos protegidos la integridad física, psicológica y sexual, además del patrimonio, el honor y los derechos de la víctima o de personas con quienes mantenga o haya mantenido una relación familiar, afectiva, laboral, de convivencia o cualquier vínculo análogo.
La legisladora argumentó que la reforma busca fortalecer el tipo penal, adecuarlo a la realidad criminológica actual y armonizarlo con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.
Incluye relaciones concluidas y violencia digital
Arellano Ávila explicó que diversos estudios criminológicos muestran que un número importante de amenazas ocurre entre exparejas, exsocios, exempleados o personas que ya no mantienen una relación, situación que la legislación vigente no contempla de manera expresa, lo que puede dar lugar a interpretaciones restrictivas.
Sostuvo que la actualización permitirá brindar mayor certeza jurídica tanto a las víctimas como a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.
Redes sociales cambiaron la forma de cometer amenazas
La iniciativa destaca que la redacción vigente del Código Penal corresponde a una época en la que la comunicación ocurría principalmente de forma presencial o mediante correspondencia.
Sin embargo, el crecimiento de las tecnologías de la información ha transformado la manera en que se ejercen las amenazas, que hoy se difunden a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, plataformas digitales e incluso perfiles anónimos o cuentas automatizadas.
Mensajes pueden replicarse y causar daños psicológicos
El documento enviado a la Comisión de Justicia advierte que un mensaje intimidatorio puede viralizarse, permanecer disponible de forma indefinida y llegar simultáneamente a familiares, amistades o centros de trabajo de la víctima, lo que incrementa el impacto psicológico y la sensación de inseguridad.
La propuesta señala que esta realidad exige una legislación que refleje los mecanismos contemporáneos mediante los cuales se cometen conductas de intimidación.
Periodistas, mujeres y defensores, entre los grupos más vulnerables
La diputada subrayó que las amenazas se han incrementado contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Añadió que organismos nacionales e internacionales han advertido que las intimidaciones suelen ser la antesala de agresiones físicas, psicológicas o sexuales, por lo que fortalecer el marco legal permitirá prevenir la normalización de estas conductas y promover una cultura de respeto a la dignidad, la seguridad y la convivencia pacífica, tanto en el ámbito físico como en el digital.
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