Las nuevas reglas para proteger los derechos de las audiencias abrieron otro frente entre el Gobierno federal y los medios privados, luego de que TV Azteca advirtiera que el proyecto puede ampliar la intervención del Estado sobre decisiones editoriales y derivar en sanciones contra concesionarios.
La televisora sostiene que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias sometidos a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podrían modificar el esquema previsto en la legislación al otorgar mayores facultades a la autoridad para revisar actuaciones de los medios.
La controversia alcanza uno de los puntos más sensibles de la relación entre Gobierno y medios: hasta dónde puede llegar el Estado para proteger a las audiencias sin intervenir en las decisiones editoriales ni afectar la libertad de expresión.
TV Azteca advierte intervención en decisiones editoriales
TV Azteca señaló que su principal preocupación está en las atribuciones que tendría la CRT para revisar las determinaciones de los defensores de las audiencias y abrir procedimientos que eventualmente podrían desembocar en sanciones.
Para la empresa, los derechos de las audiencias deben proteger la capacidad de los ciudadanos para escoger libremente qué contenidos consumir y en qué medios confiar, sin convertirse en una vía para incrementar la intervención gubernamental sobre las líneas editoriales.
“Lo primero de esos derechos es la libertad de los mexicanos para decidir qué ver, qué escuchar y en qué medios confiar”, sostuvo la televisora en una respuesta escrita difundida por Expansión.
El posicionamiento ocurre además en medio de una abierta confrontación entre TV Azteca y el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado contenidos de la televisora y anteriormente llamó públicamente a la población a no consumirlos.
CIRT alerta por discrecionalidad de la autoridad
Las objeciones de TV Azteca coinciden parcialmente con las planteadas por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
La organización empresarial advirtió que existen disposiciones ambiguas que podrían dejar un margen excesivo de interpretación a la autoridad y afectar los mecanismos de autorregulación de los concesionarios.
Uno de los puntos cuestionados es la posibilidad de que la autoridad determine cuándo determinada información puede considerarse falsa o descontextualizada.
La CIRT considera que una facultad de esa naturaleza podría reducir la autonomía de los defensores de las audiencias y trasladar al regulador decisiones relacionadas directamente con contenidos difundidos por radio y televisión.
Multas podrían alcanzar hasta 1% de ingresos
Otro foco de preocupación es el régimen de sanciones.
El proyecto contempla multas que pueden ir de 0.01 a 1% de los ingresos acumulables de los concesionarios ante determinados incumplimientos previstos en la regulación.
Para representantes de la industria y especialistas, vincular las multas con los ingresos de las empresas incrementa el impacto potencial de las sanciones y obliga a precisar con claridad qué conductas podrían ser castigadas.
La CIRT ha advertido que las imprecisiones podrían generar incertidumbre regulatoria y afectar la libertad de expresión si la aplicación de las reglas queda sujeta a interpretaciones discrecionales.
CRT defiende protección de las audiencias
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones rechaza que el proyecto tenga como finalidad censurar a los medios.
El organismo abrió la consulta pública del anteproyecto el 27 de julio y la mantendrá hasta el 21 de agosto, con participación de concesionarios, ciudadanos, organizaciones y especialistas.
Según la CRT, los lineamientos buscan establecer mecanismos para garantizar derechos ya reconocidos y obligar a los concesionarios de radio y televisión a contar con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias.
También contemplan obligaciones relacionadas con la diferenciación entre información y opinión, la identificación de publicidad y mecanismos para presentar inconformidades por posibles violaciones a los derechos de las audiencias.
Gobierno rechaza acusaciones de censura
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que las disposiciones pretendan establecer controles sobre los contenidos periodísticos.
El Gobierno sostiene que el esquema busca fortalecer la autorregulación y que las reglas se aplicarán a concesionarios de radio y televisión, no a periódicos ni portales informativos de internet.
La ruta prevista establece que una persona que considere vulnerados sus derechos deberá acudir primero al defensor de audiencias del propio medio. La CRT podría intervenir posteriormente cuando la controversia no sea resuelta mediante ese mecanismo.
Regulación enfrenta libertad de expresión con derechos de audiencias
El debate coloca frente a frente dos principios: la obligación del Estado de garantizar los derechos de quienes consumen contenidos de radio y televisión y la protección de la libertad editorial frente a posibles intervenciones gubernamentales.
La regulación todavía no es definitiva. La consulta pública permitirá presentar modificaciones antes de que la CRT determine la versión final de los lineamientos.
TV Azteca, la CIRT y especialistas reclaman que las atribuciones del regulador queden delimitadas para impedir que puedan convertirse en instrumentos de presión sobre medios críticos.
El Gobierno, en contraste, sostiene que las nuevas reglas buscan hacer efectivos derechos reconocidos en la legislación y establecer procedimientos claros para que las audiencias puedan exigir su cumplimiento.
La disputa, por tanto, ya rebasó el terreno técnico: el punto central será definir quién fija los límites cuando la protección de las audiencias entra en contacto con la libertad editorial de los medios.
Con información de Expansión.
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