Las personas adultas mayores tomaron la tribuna en San Lázaro para colocar directamente ante diputados sus demandas sobre seguridad, autonomía, inclusión, presupuesto y una vida libre de violencia, con el compromiso de que sus planteamientos sean utilizados como insumos para el trabajo legislativo.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados inauguró el Parlamento de las Personas Mayores, un ejercicio de dos días en el que los participantes asumirán funciones parlamentarias para debatir los problemas que enfrentan y formular propuestas.
Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM), presidenta de la Comisión, afirmó que el encuentro busca convertir la experiencia y las necesidades de este sector en elementos que orienten las decisiones del Poder Legislativo.
La legisladora sostuvo que las personas mayores deben ser reconocidas como protagonistas de la vida pública y no únicamente como beneficiarias de programas y políticas sociales.
Prometen llevar sus voces más allá del Parlamento
De los Santos Flores calificó el encuentro como un ejercicio de ciudadanía activa y aseguró que los planteamientos serán escuchados “con seriedad y respeto” para que trasciendan el Parlamento y tengan impacto en las decisiones legislativas.
Subrayó que la experiencia acumulada por las personas mayores representa un valor para el País y llamó a incorporarla en la discusión de políticas públicas.
La coordinadora de la Subcomisión de Atención a las Personas Adultas Mayores, Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN), calificó el Parlamento como un ejercicio histórico de participación y construcción democrática.
La panista rechazó cualquier forma de discriminación y advirtió que este sector debe ser reconocido como titular de derechos.
Exigen envejecimiento digno y libre de violencia
Jiménez Delgado planteó que las propuestas surgidas del Parlamento deben convertirse en acciones concretas que garanticen condiciones para un envejecimiento digno, activo, autónomo y libre de violencia.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC) pidió a los participantes utilizar el espacio para exponer sin intermediarios las situaciones que enfrentan diariamente.
Sostuvo que la tarea legislativa debe comenzar por escuchar directamente a quienes padecen los problemas sobre los cuales posteriormente se pretende legislar.
Buscan detectar vacíos en leyes y políticas públicas
Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) destacó que la Cámara de Diputados abra un espacio para escuchar directamente las experiencias, necesidades y propuestas de las personas mayores.
Consideró que los testimonios permitirán detectar áreas de oportunidad en la legislación vigente y construir alternativas para garantizar dignidad, autonomía, seguridad y bienestar.
La priista convocó a los participantes a utilizar la tribuna con libertad y señalar los problemas que todavía permanecen sin solución.
INAPAM pide políticas coordinadas para adultos mayores
Rocío Ruiz López, directora de Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), advirtió que garantizar plenamente los derechos de este sector requiere coordinación entre distintos órdenes de gobierno y actores sociales.
Las políticas públicas, señaló, deben incorporar una perspectiva de curso de vida y considerar directamente las opiniones, conocimientos y aportaciones de las personas mayores.
En ese sentido, afirmó que el Parlamento ofrece una oportunidad para reconocer su participación en la vida pública nacional.
Instalan comisiones de Presupuesto e Inclusión
Durante los dos días de actividades, los participantes asumirán el papel de parlamentarios para presentar sus experiencias y propuestas sobre los principales desafíos que enfrentan.
El ejercicio contempla la instalación de una Mesa Directiva y la integración de las comisiones de Presupuesto y de Inclusión, en las que serán analizados los asuntos planteados.
Las conclusiones servirán para identificar prioridades y generar insumos destinados al trabajo de la Cámara de Diputados.
El reto posterior será trasladar las demandas expresadas en el Parlamento a iniciativas, decisiones presupuestales y políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las personas adultas mayores.
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