La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendrá efectos a partir del próximo 31 de agosto.
La salida fue avalada por 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, en medio de cuestionamientos de Movimiento Ciudadano por la premura del procedimiento y de señalamientos de legisladores de Morena y PT de que la decisión no comprometerá el funcionamiento del máximo tribunal electoral del País.
Soto Fregoso fue electa magistrada el 20 de octubre de 2016 para un periodo de nueve años que originalmente concluiría el 31 de octubre de 2025.
Sin embargo, las reformas constitucionales en materia electoral de 2024 y al Poder Judicial de la Federación de 2026 ampliaron el periodo para el ejercicio de su cargo hasta 2028.
Comisión Permanente tiene facultad para aceptar la renuncia
Kenia López Rabadán, diputada en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, explicó que el segundo párrafo del artículo 98 constitucional faculta a la Comisión Permanente para aprobar, por mayoría de los legisladores presentes, las renuncias de magistrados del Tribunal Electoral.
Antes de la votación, López Rabadán informó que la Mesa Directiva acordó consultar al Pleno si el asunto debía considerarse de urgente resolución y discutirse de inmediato.
Tras su aprobación, ordenó comunicar la determinación a la titular del Ejecutivo federal; a las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores; a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del TEPJF, así como a la propia Soto Fregoso.
MC cuestiona premura y advierte debilitamiento institucional
La renuncia provocó cuestionamientos de la oposición por la rapidez con la que fue procesada.
El diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez Reyes sostuvo que se buscó acelerar la salida de Soto sin una discusión de fondo sobre sus implicaciones para el Tribunal Electoral.
“Estamos ante un episodio más de debilitamiento de las instituciones electorales”, afirmó.
Ramírez Reyes recordó que las condiciones jurídicas de la magistratura cambiaron después de que el Senado designó a Soto y cuestionó que, tras haberse ampliado su mandato, ahora haya decidido dejar anticipadamente el puesto.
A su juicio, se trata de una decisión personal que puede comprometer el funcionamiento de “una de las instituciones capitales de la República”.
Morena: salida debe atenderse para garantizar la democracia
Margarita Corro Mendoza, diputada de Morena, defendió la necesidad de procesar la renuncia y recordó que el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del País.
Señaló que entre sus atribuciones se encuentran garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales, resolver impugnaciones relacionadas con elecciones federales y atender controversias sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Por ello, sostuvo que la renuncia debía ser atendida para garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
PT descarta afectaciones al TEPJF rumbo a elecciones de 2027
El diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores rechazó que la salida de Soto vaya a paralizar o afectar la capacidad de decisión de la Sala Superior.
Argumentó que el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Tribunal puede sesionar con la presencia de cuatro magistrados.
Sandoval aseguró que tampoco deberán verse comprometidas las resoluciones sobre eventuales impugnaciones derivadas de los procesos electorales federales y locales de 2027, pues la Constitución y las leyes establecen tanto el quórum como las votaciones necesarias para resolver los asuntos bajo competencia del TEPJF.
El legislador reconoció la trayectoria de Soto Fregoso y le deseó éxito en sus próximos proyectos.
Mónica Soto dejará anticipadamente una magistratura ampliada hasta 2028
La renuncia implica que Soto abandonará la Sala Superior más de dos años antes del plazo que, conforme a las reformas señaladas durante la discusión legislativa, se había fijado para la conclusión de sus funciones.
La decisión abre ahora una nueva etapa para la integración del máximo órgano jurisdiccional electoral, en momentos en que los partidos comienzan a perfilarse hacia los procesos electorales de 2027.
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