La Secretaría de Gobernación (Segob) terminará en breve el contrato con la empresa encargada de prestar servicios a beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, confirmó su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, luego de las quejas sobre fallas en la atención y problemas relacionados con pagos.
“La empresa ha sido notificada de que terminará en breve el contrato. No es tan sencillo el cambio, pero lo estamos haciendo”, informó Rodríguez.
La secretaria respondió así a los señalamientos sobre las deficiencias que enfrentan periodistas incorporados al mecanismo y las versiones de que la empresa responsable de brindar parte de las medidas de protección enfrenta problemas que han repercutido en los servicios.
Rodríguez aseguró que Gobernación ya tomó medidas ante las inconformidades.
“Hemos estado atentos a las quejas de la empresa y por esa razón ya la empresa ha sido notificada de que terminará en breve el contrato”, puntualizó.
La funcionaria no precisó durante su respuesta la fecha exacta en que concluirá la relación contractual ni qué compañía sustituirá a la actual, pero reconoció que realizar el cambio implica un proceso que no puede ejecutarse inmediatamente.
Segob admite deficiencias en protección a periodistas
La titular de Gobernación reconoció además que existen problemas dentro del Mecanismo de Protección y aseguró que se trabaja en mejorar su administración y resultados.
“Efectivamente puede tener alguna deficiencia, pero actualmente atiende a cerca de 3 mil personas entre defensores de derechos y periodistas”, señaló.
Agregó que la dependencia se encuentra “en la búsqueda de una mejor administración, de mejores resultados sobre este mecanismo debido a algunas de las quejas, porque escuchamos y porque estamos conscientes de lo que se puede mejorar”.
Sobre las denuncias de periodistas amenazados o agredidos en los estados, Rodríguez sostuvo que el mecanismo federal interviene cuando recibe los reportes y mantiene comunicación con autoridades locales.
“Todas las veces que ha habido alguna queja de un periodista, inmediatamente el mecanismo entra en operación”, afirmó.
Explicó que Gobernación establece contacto con los gobiernos y fiscalías estatales y que existen casos en los cuales interviene la Fiscalía General de la República (FGR).
Rodríguez rechaza crisis de libertad de expresión
Pese a reconocer las deficiencias operativas del mecanismo, Rodríguez rechazó que México atraviese una crisis generalizada de libertad de expresión y sostuvo que desde el Gobierno federal no existe persecución contra periodistas por sus opiniones.
“En México no se persigue a nadie por pensar distinto. Hoy, como nunca, se garantizan los derechos a la libertad de expresión y también a la libre manifestación”, declaró.
La funcionaria admitió que pueden registrarse problemas con autoridades locales, aunque consideró que no representan una política general en el país.
“Sí puede haber algún problema en algún gobierno estatal o municipal, pero no es la regla en México”, sostuvo.
Rodríguez afirmó que el respeto a la actividad periodística debe ser asumido por todos los niveles de gobierno como una responsabilidad institucional.
“A todos los gobiernos [les decimos] que no es una concesión, es una obligación el respeto a la libertad de expresión”, enfatizó.
Con el anuncio de la terminación del contrato, Gobernación deberá realizar la transición hacia un nuevo proveedor mientras mantiene las medidas otorgadas a alrededor de 3 mil periodistas y personas defensoras de derechos humanos incorporadas al mecanismo federal.
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