Las personas que incumplan el pago de pensiones alimenticias podrían quedar impedidas para salir de México, conforme a una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que busca ampliar las facultades migratorias para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
El diputado Mario Alberto López Hernández, del PVEM, propuso reformar la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración para establecer que mexicanos y extranjeros podrán salir libremente del territorio nacional, salvo cuando tengan carácter de deudores alimentarios y acumulen un incumplimiento superior a 60 días.
La restricción también alcanzaría a quienes incumplan total o parcialmente medidas, convenios, resoluciones o sentencias dictadas por una autoridad judicial competente relacionadas con el pago de alimentos.
INM aplicaría restricción por orden judicial
La iniciativa establece que, a solicitud de la autoridad judicial, el Instituto Nacional de Migración (INM) deberá implementar las medidas necesarias para impedir la salida del País de la persona deudora.
La restricción permanecería vigente hasta que el órgano jurisdiccional notifique al INM que las obligaciones fueron cubiertas totalmente o determine expresamente levantar la medida.
En el caso de personas extranjeras, el Instituto deberá definir su situación migratoria y resolver conforme a la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
La propuesta precisa que estas medidas operarán sin perjuicio de las excepciones contempladas en la legislación civil ni de las conductas que puedan constituir delitos conforme a las leyes penales.
Advierten evasión de obligaciones alimentarias
En su exposición de motivos, López Hernández sostiene que la reforma busca fortalecer la protección del derecho humano a recibir alimentos, particularmente de niñas, niños, adolescentes y otras personas que dependen de una pensión para subsistir.
El legislador advierte que persiste la evasión de responsabilidades alimentarias por personas que aprovechan su movilidad dentro y fuera del País para dificultar o incluso imposibilitar la ejecución de resoluciones judiciales.
La legislación vigente contempla restricciones cuando existe un incumplimiento superior a 60 días; sin embargo, la iniciativa busca ampliar el supuesto para incluir el incumplimiento total o parcial de convenios, medidas cautelares, resoluciones y sentencias judiciales.
Buscan ampliar alcance de la Ley de Migración
El proyecto, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios, plantea que cualquier incumplimiento de una determinación judicial relacionada con el pago de alimentos pueda dar lugar a medidas migratorias, previa intervención de la autoridad jurisdiccional competente.
López Hernández argumenta que impedir temporalmente la salida del territorio nacional no representaría una sanción arbitraria contra la libertad de tránsito, sino una medida destinada a garantizar la eficacia de las resoluciones judiciales y proteger los derechos de las personas acreedoras.
La reforma también pretende reforzar la coordinación entre autoridades judiciales y migratorias y combatir la impunidad en el incumplimiento de pensiones alimenticias.
Ponen foco en derechos de menores
El diputado sostiene que el derecho a recibir alimentos tiene sustento constitucional y en instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en aquellos que reconocen el interés superior de la niñez.
Advirtió que dejar de pagar una pensión no representa únicamente una afectación económica.
El incumplimiento, señala la iniciativa, puede comprometer derechos fundamentales relacionados con la alimentación, salud, educación, desarrollo integral y una vida digna de niñas, niños, adolescentes y demás personas acreedoras alimentarias.
Deja una respuesta