Las elecciones federales o locales podrían ser anuladas cuando se demuestre que organizaciones criminales o la delincuencia organizada intervinieron de manera grave y determinante para alterar la voluntad ciudadana, de acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, propuso reformar el artículo 41 de la Constitución para incorporar expresamente la intervención del crimen organizado como causal de nulidad de una elección.
El proyecto plantea adicionar un inciso e) a la Base VI del artículo 41 constitucional y fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictaminación.
Para declarar la nulidad no bastaría con señalar o presumir la presencia de grupos criminales. La iniciativa establece que su intervención deberá acreditarse de manera objetiva y material, además de demostrar que fue grave, dolosa y determinante.
Exigen probar impacto del crimen en los comicios
La propuesta considera como elementos relevantes que la intervención criminal afecte la equidad de la contienda, la libertad del sufragio, el desarrollo del proceso electoral o su resultado.
Aguilar Gil argumenta que la reforma constituye una medida de seguridad nacional, defensa de la democracia y justicia electoral.
Con el cambio constitucional, sostiene, las autoridades electorales contarían con una herramienta para anular procesos en los cuales la voluntad de los ciudadanos haya sido sustituida o condicionada mediante la actuación de organizaciones criminales.
La legisladora plantea además proteger a candidatos y partidos que participan dentro de la legalidad frente a contendientes que pudieran beneficiarse del respaldo financiero, operativo o coercitivo de grupos delictivos.
Ponen candados para evitar nulidades arbitrarias
La iniciativa incorpora estándares de acreditación que buscan impedir que una elección sea anulada únicamente a partir de acusaciones, interpretaciones subjetivas o indicios sin sustento material.
Para activar la causal de nulidad, la intervención deberá ser grave, dolosa y determinante, parámetros que, según la propuesta, reproducen criterios constitucionales establecidos para otras causales de invalidez electoral.
La diputada aclara que el objetivo no es generar incertidumbre sobre los resultados de las elecciones ni abrir la puerta a litigios sin fundamento.
“Por el contrario, busca dotar al sistema constitucional de una herramienta excepcional para enfrentar situaciones extraordinarias en las que organizaciones criminales logren alterar de manera significativa la voluntad popular”, señala la iniciativa.
Advierten riesgo para legitimidad democrática
El proyecto advierte que una elección pierde autenticidad cuando la voluntad de los ciudadanos queda sometida a violencia, amenazas o mecanismos de coerción provenientes de poderes criminales.
En esas circunstancias, sostiene Aguilar Gil, la legitimidad democrática del resultado queda severamente cuestionada.
Por ello, plantea reconocer expresamente en la Constitución que la intervención de organizaciones criminales o de la delincuencia organizada representa una violación de máxima gravedad a los principios democráticos.
Buscan blindar el voto frente a grupos criminales
La reforma pretende dar certeza jurídica a las autoridades electorales para actuar cuando existan pruebas suficientes de que la delincuencia organizada influyó decisivamente en una elección.
“La incorporación de esta causal específica de nulidad electoral permitirá dotar de certeza jurídica a las autoridades electorales, fortalecer la protección constitucional del sufragio libre y garantizar que ninguna elección cuyos resultados hayan sido determinados por la violencia o la injerencia criminal pueda considerarse legítima dentro de un Estado democrático de derecho”, puntualiza la legisladora.
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