Los grandes proyectos de inversión en México deberán someterse a una evaluación estratégica ambiental previa para anticipar impactos sobre comunidades, territorios y ecosistemas, como parte de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente presentada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.
Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la titular de la Semarnat aseguró que la reforma busca cambiar el enfoque de la política ambiental mexicana, privilegiando la prevención sobre las sanciones y evitando que proyectos de gran escala sean analizados de manera fragmentada.
“Aquellos que van a iniciar grandes proyectos hagan una evaluación estratégica ambiental previa al proyecto y que no se fragmente en proyectos”, explicó Bárcena.
La funcionaria sostuvo que la nueva legislación representa una actualización de fondo de una ley que data de 1988 y que, por su antigüedad, no incorporó originalmente desafíos que actualmente son centrales para México, como el cambio climático.
“Estamos actualizando una ley de 1988, han pasado 40 años”, señaló.
Bárcena: “Más que sanciones, queremos ser propositivos”
Uno de los cambios centrales será modificar la manera en que la autoridad enfrenta los posibles daños ecológicos.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos”, afirmó la secretaria.
La propuesta incorpora herramientas de prevención, restauración, reparación y remediación, además de instrumentos para enfrentar la pérdida de biodiversidad y la contaminación de ecosistemas.
Bárcena recordó que varios de estos conceptos no formaban parte del diseño original de la legislación ambiental.
“En la ley anterior, no existía ni restauración, ni reparación, ni remediación”, sostuvo.
La nueva norma también buscará otorgar mayor certeza jurídica tanto a comunidades como a inversiones en zonas donde puedan surgir conflictos socioambientales.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”
Bárcena aseguró que la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretende abandonar un modelo que durante décadas colocó la rentabilidad inmediata por encima de la protección ambiental y del bienestar comunitario.
“Se ejerció un modelo de desarrollo que no contemplaba el medio ambiente de manera integral”, acusó.
Frente a ello, aseguró, la nueva legislación colocará la justicia ambiental como uno de sus principios fundamentales.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, sentenció.
La funcionaria señaló que la legislación deberá garantizar también un medio ambiente sano y fortalecer el derecho de la población a conocer las decisiones gubernamentales relacionadas con proyectos y políticas ambientales.
“La presidenta nos ha dado instrucciones a todos que la información sea pública, que hagamos todo público”, indicó.
Defensores ambientales tendrán protección específica
La iniciativa incluirá un capítulo dedicado a quienes defienden el territorio, los ecosistemas y los recursos naturales.
“Los defensores ambientales. Hay todo un capítulo para los defensores ambientales”, adelantó Bárcena.
La secretaria destacó además la necesidad de combinar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos tradicionales de las comunidades.
“No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, enfatizó.
El proyecto contempla igualmente medidas para proteger especies emblemáticas como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul, así como acciones para recuperar manglares, ríos, barrancas, costas y playas.
Bárcena advirtió que el país debe abandonar prácticas que han convertido los ecosistemas en depósitos de residuos.
“No puede ser que los usemos de basurero”, reclamó.
Para la titular de Semarnat, la nueva legislación parte de considerar al patrimonio natural como un componente indispensable del desarrollo económico y social del país.
“La naturaleza es la infraestructura de la vida, la prosperidad económica y el bienestar”, afirmó.
Bárcena aseguró que la iniciativa representa un cambio de paradigma después de casi cuatro décadas: prevenir antes que reparar, restaurar los ecosistemas dañados y obligar a que el desarrollo económico incorpore desde su origen sus consecuencias ambientales.
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