La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió investigaciones contra 14 de sus propios servidores públicos por presuntas omisiones y posibles actos de corrupción relacionados con casos de despojo de inmuebles en la capital.
Entre los funcionarios bajo investigación figuran agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación (PDI), confirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
Las pesquisas representan un nuevo frente dentro de la estrategia de la Fiscalía contra el despojo: además de perseguir a quienes se apoderan ilegalmente de viviendas y terrenos, ahora la institución revisa la actuación de sus propios agentes ante sospechas de que irregularidades internas pudieron favorecer o entorpecer investigaciones.
Abren ocho expedientes contra personal de la Fiscalía
Entre el 5 y el 23 de agosto, la Unidad de Asuntos Internos abrió ocho expedientes que involucran a 14 servidores públicos, luego de recibir señalamientos por omisiones y, en algunos casos, posibles hechos de corrupción.
Cuando los señalamientos apuntan a posibles actos de corrupción, los asuntos son canalizados a la Fiscalía especializada en esa materia para determinar eventuales responsabilidades penales.
Hasta ahora, ninguno de los 14 funcionarios ha sido sancionado o suspendido, pues las investigaciones permanecen abiertas.
Alcalde sostuvo que la Fiscalía revisará tanto los casos denunciados recientemente como posibles patrones registrados anteriormente en determinadas agencias del Ministerio Público.
Retrasos y omisiones, bajo investigación
Las sospechas no implican, en todos los expedientes, una participación directa de funcionarios en el despojo.
Parte de las denuncias se concentra en demoras para atender investigaciones, retrasos en el aseguramiento de inmuebles y posibles omisiones durante la integración de los casos.
La revisión alcanza a ministerios públicos adscritos tanto a áreas especializadas como a fiscalías territoriales.
Las indagatorias contra personal de la institución no surgieron de manera aislada. Desde mediados de agosto se conocía que la FGJ analizaba expedientes en los que víctimas habían señalado la posible intervención de policías y agentes ministeriales. En ese momento habían sido identificados al menos 10 servidores públicos.
Ahora, la cifra reconocida oficialmente aumentó a 14.
Despojos sin violencia predominan en la CDMX
El escrutinio interno ocurre mientras la Fiscalía enfrenta una elevada cantidad de denuncias por despojo.
Entre el 5 y el 23 de agosto fueron recibidas 214 denuncias por posibles casos de este delito. De ellas, 130 permanecían en revisión para determinar si efectivamente se configuró un ilícito; cinco correspondían a hechos con violencia, 29 a casos sin violencia y en 50 no se acreditó el delito.
De acuerdo con Alcalde, uno de los métodos que predominan en la capital es el despojo sin violencia, mediante el ingreso furtivo a propiedades y el cambio de cerraduras para tomar posesión de los inmuebles.
Fiscalía detecta participación de grupos criminales
La FGJ también ha identificado la participación de organizaciones criminales en este mercado ilegal.
Alcalde mencionó entre ellas a La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, además de reconocer casos vinculados con sindicatos u organizaciones civiles.
La Fiscalía ya había informado en julio que mantenía bajo investigación redes dedicadas sistemáticamente al despojo y que contaba con objetivos prioritarios. Durante 2026, hasta ese momento, acumulaba al menos mil 846 investigaciones por este delito.
Suman 35 detenidos y 32 órdenes de aprehensión
La ofensiva contra los despojos también ha dejado 35 personas detenidas en flagrancia y 32 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
En el periodo reportado por la Fiscalía se realizaron además 21 judicializaciones, 38 aseguramientos y la devolución de 10 inmuebles.
Las autoridades canalizaron 136 denuncias a mecanismos alternativos de solución de controversias, de las cuales derivaron 27 acuerdos reparatorios.
El desafío para la FGJCDMX, sin embargo, ya no se limita a perseguir a las redes que toman ilegalmente propiedades: también deberá esclarecer si funcionarios encargados de investigar los despojos incurrieron en omisiones o corrupción que terminaron favoreciendo a quienes los cometen.
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