Con el argumento de preservar la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrática, la senadora Juanita Guerra presentó una iniciativa para considerar dentro de la Ley de Seguridad Nacional los actos contra la vida o integridad de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal como una amenaza para el Estado mexicano.
La propuesta plantea incorporar mecanismos para identificar, evaluar, dar seguimiento y gestionar los riesgos y amenazas dirigidos contra quien ocupe la Presidencia de la República.
Guerra sostuvo que la seguridad nacional no debe limitarse a reaccionar cuando una amenaza ya se materializó, sino contar con instrumentos preventivos capaces de detectar riesgos que puedan afectar la continuidad institucional, el orden constitucional y la gobernabilidad democrática.
La legisladora argumentó que una agresión contra la persona titular del Ejecutivo tendría consecuencias que superarían el ámbito individual debido a las funciones que desempeña la Presidencia en la conducción del Estado.
Según la iniciativa, una situación que impida o comprometa el ejercicio de esas funciones podría afectar la continuidad de políticas públicas, la coordinación entre poderes y la gobernabilidad del País.
Advierte vacío en Ley de Seguridad Nacional
La senadora señaló que la legislación vigente ya reconoce como amenazas a la Seguridad Nacional conductas como espionaje, terrorismo, sabotaje, rebelión, traición a la patria e interferencia extranjera.
Sin embargo, afirmó que la ley no contempla expresamente dentro de esa categoría los actos dirigidos contra la vida o integridad de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
La reforma busca cerrar ese vacío e incorporar la prevención y seguimiento de ese tipo de riesgos dentro de los mecanismos de seguridad nacional.
Busca actualizar al CISEN por Centro Nacional de Inteligencia
La iniciativa también propone armonizar la Ley de Seguridad Nacional para sustituir las referencias al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por la denominación vigente de Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Guerra consideró que mantener nombres de instituciones que ya fueron modificados puede provocar problemas en la interpretación y aplicación de disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.
Propone lenguaje incluyente en legislación
Otro componente de la reforma consiste en actualizar la redacción de la ley mediante lenguaje incluyente.
La senadora sostuvo que la manera en que las instituciones se comunican con la población puede contribuir a generar condiciones de reconocimiento y representación para sectores históricamente marginados.
Por ello, planteó adecuar tanto las denominaciones como distintas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
Plantea rotación anual en Comisión Bicameral
La propuesta también modifica las reglas de operación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión.
Entre los cambios se establece que su presidencia sea rotatoria, con una duración máxima de un año, y recaiga alternadamente en una persona integrante del Senado y otra de la Cámara de Diputados.
Además, plantea que la Comisión quede integrada e instalada durante el primer periodo de sesiones del primer año de cada Legislatura.
Guerra sostuvo que los cambios en la conformación y rotación de la presidencia de ese órgano, junto con la incorporación de lenguaje incluyente, buscan fortalecer la representatividad y la efectividad de la comunicación entre el Estado y la ciudadanía.
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