La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) propuso reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para obligar a los centros penitenciarios a garantizar de manera efectiva y continua el tratamiento antirretroviral a las personas privadas de la libertad que viven con VIH.
La iniciativa establece que estar en prisión no podrá ser motivo para suspender, retrasar o interrumpir injustificadamente medicamentos, estudios, consultas ni servicios médicos necesarios para el seguimiento y atención integral de las personas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
Quieren blindar tratamiento antirretroviral en cárceles
La propuesta plantea modificar el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para reconocer expresamente como un derecho de las personas recluidas con VIH el acceso permanente a su tratamiento.
El proyecto, turnado a la Comisión de Justicia, obliga a las autoridades penitenciarias a garantizar medicamentos antirretrovirales, estudios clínicos, consultas y cualquier otro servicio médico requerido para el control de la enfermedad.
La reforma busca evitar que la condición de reclusión se convierta en un obstáculo para continuar tratamientos ya prescritos.
Alertan por aumento de infecciones de transmisión sexual
En la exposición de motivos, Ballesteros Mancilla advierte que las infecciones de transmisión sexual (ITS) han mostrado un incremento sostenido en México durante los últimos años, particularmente después de la pandemia.
El documento señala aumentos relevantes en casos de sífilis y gonorrea, además de una prevalencia persistente de VIH.
Reportan más de 10 mil 700 nuevos casos de VIH
La iniciativa refiere que en 2025 se registraron más de 10 mil 700 nuevos casos de VIH en México, por lo que la enfermedad se mantiene como un problema estructural de salud pública.
Añade que la tendencia se concentra principalmente entre jóvenes de 15 a 29 años y en poblaciones consideradas clave, entre ellas hombres que tienen sexo con hombres.
También alerta sobre un elevado subdiagnóstico debido a que numerosas infecciones de transmisión sexual pueden desarrollarse sin síntomas, por lo que la incidencia real podría ser mayor que la registrada oficialmente.
Personas en prisión enfrentan mayor riesgo de VIH
La legisladora de Movimiento Ciudadano sostiene que las personas privadas de la libertad enfrentan riesgos considerablemente mayores de contraer enfermedades transmisibles respecto de la población general.
De acuerdo con datos citados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las personas encarceladas tienen aproximadamente 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH.
A escala mundial, alrededor de 4.6 por ciento de la población penitenciaria vive con este virus, según los datos incluidos en la iniciativa.
Riesgo puede ser hasta 20 veces mayor
El documento advierte que en países con altas tasas de encarcelamiento de personas que se inyectan drogas, la prevalencia del VIH dentro de centros penitenciarios puede ser entre 15 y 20 veces superior a la registrada entre la población general.
La propuesta sostiene que las personas recluidas con VIH enfrentan dificultades para acceder de manera oportuna y continua a tratamientos, además de episodios de estigmatización y discriminación.
Piden evitar discriminación por vivir con VIH
Ballesteros Mancilla retoma la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que considera que el VIH y el Sida constituyen un problema de salud pública agravado por el estigma y la discriminación.
La iniciativa subraya que vivir con VIH o Sida no debe ser motivo para restringir derechos, incluso cuando una persona se encuentre privada de la libertad.
Por ello, la legisladora plantea fortalecer en la legislación el derecho a recibir asistencia médica, asegurar la continuidad de tratamientos prescritos y garantizar el suministro oportuno de medicamentos dentro de los centros penitenciarios.
El objetivo, sostiene, es que ninguna persona con VIH vea interrumpido su tratamiento por encontrarse en prisión.
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