Las redes de empresas dedicadas a simular operaciones fiscales han abierto un boquete estimado en 1.41 billones de pesos a las finanzas públicas, por lo que diputados federales urgieron a cerrar el paso a las llamadas factureras, impedir que sus operadores constituyan nuevas compañías y endurecer las sanciones contra quienes compran comprobantes para deducir operaciones inexistentes.
Un estudio elaborado por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados calcula que estas redes manejan operaciones por alrededor de 3.1 billones de pesos, de los cuales 1.41 billones representan recursos que no habrían ingresado al erario.
El documento, elaborado por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advierte que el problema ya no radica únicamente en detectar empresas fantasma, sino en lograr que los casos terminen en sanciones efectivas.
Entre 2014 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria identificó 8 mil 204 empresas fantasma que habrían emitido 8 millones 827 mil facturas falsas, por operaciones cercanas a 1.6 billones de pesos. El fraude fiscal calculado para ese periodo ascendió a unos 354 mil millones de pesos.
Acusan impunidad pese a miles de empresas detectadas
El diagnóstico legislativo advierte que, pese al volumen del fraude, la judicialización avanza con lentitud.
Al 4 de septiembre de 2025, 12 mil 644 contribuyentes habían sido confirmados definitivamente como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), pero no existía información pública suficiente para conocer cuántos casos habían derivado en procesos penales efectivos.
El estudio reportó además alrededor de mil 500 carpetas de investigación detenidas en tribunales, situación que, según Ramírez Cuéllar, mantiene los incentivos para que las redes continúen operando.
El legislador calificó el fenómeno como un problema fiscal, financiero y criminal, y sostuvo que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación ha mostrado limitaciones frente a esquemas cada vez más sofisticados.
Buscan cerrar puerta a nuevos prestanombres
Entre las medidas planteadas para contener el fenómeno se encuentra impedir la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de nuevas empresas cuyos socios, accionistas o integrantes hayan estado previamente vinculados con compañías dedicadas a emitir comprobantes por operaciones inexistentes.
La propuesta busca atacar directamente a los individuos detrás de las empresas fantasma, debido a que algunos operadores dejan morir sociedades señaladas por el SAT y constituyen otras con los mismos socios o representantes.
También se ha planteado acelerar las visitas de verificación del SAT, suspender temporalmente la capacidad de facturar de empresas bajo investigación y conceder a los receptores de comprobantes falsos un plazo para corregir su situación antes de restringirles los certificados de sello digital.
Van también contra quienes compran facturas
La ofensiva no se limitaría a quienes venden comprobantes fiscales.
Los legisladores han advertido sobre la necesidad de elevar el costo jurídico para empresas y contribuyentes que adquieren facturas falsas y les dan efectos fiscales, ya sea mediante deducciones inexistentes, disminución artificial de impuestos o solicitudes indebidas de devolución.
Para Ramírez Cuéllar, el combate a las factureras podría permitir al Gobierno recuperar ingresos sin recurrir necesariamente a nuevos impuestos, además de liberar recursos para salud, pensiones, participaciones federales y programas sociales.
Factureras se reinventan pese a controles
El propio diagnóstico oficial reconoce que las redes han desarrollado esquemas más complejos para evadir los controles fiscales, utilizando nuevas personas morales, socios, prestanombres y estructuras corporativas para continuar operando aun después de que una empresa es detectada.
Por ello, la estrategia apunta a pasar de perseguir únicamente a la empresa fantasma a bloquear desde su origen a las personas y redes que las constituyen.
En una iniciativa presentada en marzo de 2026 en San Lázaro se señaló que, al cierre de noviembre de 2025, existían 11 mil 160 EFOS en situación definitiva y se recordó que la emisión o adquisición de comprobantes fiscales falsos puede alcanzar penas de entre dos y nueve años de prisión.
El tamaño del boquete, advirtieron legisladores, coloca nuevamente a las factureras en el centro de la discusión fiscal: mientras el SAT consigue identificar miles de operaciones simuladas, el desafío continúa siendo evitar que los responsables simplemente cambien de razón social y vuelvan a operar.
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