La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que obligará a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad.
El dictamen, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado por 26 votos a favor y cinco en contra y modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La reforma establece que quienes busquen encabezar alguno de los poderes ejecutivos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
En caso de poseerla, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro como candidatos.
Restricción entraría en vigor para elecciones de 2028
El dictamen señala que las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de esos cargos al momento de entrar en vigor la reforma.
Además de poseer otra nacionalidad, la prohibición contempla el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un gobierno extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado o acogerse a su protección diplomática.
El incumplimiento podría generar sanciones conforme al Título Cuarto de la Constitución y a las legislaciones de las entidades federativas.
Congreso deberá modificar leyes electoral y de nacionalidad
El proyecto establece que, una vez promulgada la reforma, el Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.
Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que las reservas, propuestas de modificación y votos particulares serán discutidos en el Pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen será remitido a la Mesa Directiva para incorporarlo a la programación legislativa.
Morena, PT y Verde defienden requisito de “lealtad” a México
Legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la reforma bajo el argumento de que quienes encabecen el Poder Ejecutivo deben mantener un vínculo político y jurídico exclusivo con México.
La morenista Katia Alejandra Castillo Lozano sostuvo que la reforma no está dirigida contra las personas binacionales, pues podrán contender siempre que previamente renuncien a su segunda nacionalidad.
Gilberto Herrera Solórzano, también de Morena, afirmó que la propuesta busca garantizar que la lealtad y los compromisos de quienes ocupen esos cargos estén dirigidos exclusivamente al Estado mexicano.
Irma Yordana Garay Loredo, del PT, afirmó que el objetivo no es excluir a mexicanos vinculados con otros países, sino fijar reglas para quienes pretendan gobernar.
Oposición acusa restricción de derechos políticos
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el dictamen y advirtieron que podría restringir derechos de mexicanos con doble nacionalidad.
Irais Virginia Reyes De la Torre, de MC, rechazó que una segunda nacionalidad implique menor lealtad al País.
“La lealtad a un país no viene determinada por un documento, ésta se demuestra con actos”, sostuvo al anunciar su voto en contra.
El priista César Alejandro Domínguez Domínguez consideró que la reforma limita derechos políticos sin contar con un diagnóstico que justifique la medida.
Advierten golpe a mexicanos migrantes
El panista Fernando Torres Graciano afirmó que el dictamen “traiciona la lucha histórica” de los mexicanos residentes en el extranjero que buscaron durante décadas el reconocimiento de sus derechos políticos.
Nadia Navarro Acevedo, del PRI, recordó que México decidió desde hace tres décadas que sus ciudadanos no perdieran la nacionalidad mexicana por adquirir otra.
“La doble nacionalidad, por tanto, no es una laguna jurídica, sino una decisión del Congreso para reconocer que quienes se fueron nunca dejaron de ser mexicanos”, señaló.
Laura Hernández García, de MC, sostuvo que exigir la renuncia a otra nacionalidad representa una restricción injustificada al derecho de ser votado en condiciones de igualdad.
Reclaman Parlamento Abierto antes de llevar reforma al Pleno
La diputada panista Paulina Rubio Fernández reclamó que la Comisión no realizara un Parlamento Abierto ni una consulta con organizaciones de migrantes, especialistas e instituciones defensoras de derechos humanos.
Lilia Aguilar Gil, del PT, también planteó escuchar las inquietudes de las organizaciones migrantes para aclarar el alcance de la reforma.
En contraste, el morenista Aniceto Polanco Morales, quien destacó la experiencia de mexicanos que viven entre México y Estados Unidos, respaldó la propuesta presidencial.
“Queremos a México, mantenemos nuestros vínculos familiares, económicos y culturales, pero, al mismo tiempo, hemos construido nuestras vidas en Estados Unidos”, expresó.
Reforma pasa ahora al Pleno de Diputados
Tras su aprobación en Comisión, el dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Cámara de Diputados.
De obtener la mayoría constitucional requerida, continuará el procedimiento legislativo para modificar la Carta Magna.
La discusión anticipa una confrontación entre quienes defienden la exigencia de una nacionalidad única como garantía de lealtad para los titulares del Ejecutivo y quienes consideran que la medida penaliza a millones de mexicanos binacionales y restringe sus derechos políticos.
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