Siete trabajadores de limpia han muerto y más de 34 han resultado lesionados en accidentes durante el último año, de acuerdo con el recuento presentado públicamente por la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, quien ha colocado en el centro de la discusión las condiciones de seguridad con las que miles de empleados realizan labores en vialidades de la Capital.
El saldo ha encendido una alerta sobre un trabajo que se desarrolla literalmente entre automóviles, camiones y maquinaria pesada, mientras parte del personal porta uniformes color guinda cuya visibilidad nocturna ha sido cuestionada desde el Congreso de la Ciudad de México.
No existe, sin embargo, un registro público consolidado del Gobierno capitalino que permita establecer que las siete muertes fueron provocadas directamente por el color del uniforme.
Lo comprobable es que la propia problemática llegó formalmente al Congreso.
Desde el 8 de mayo de 2025, Urriza Arellano presentó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Obras y Servicios modificar el color de los uniformes utilizados por el personal de limpieza urbana.
La propuesta pidió sustituir el guinda por un color “visible y brillante durante la noche”, con el propósito de que los trabajadores puedan ser detectados a grandes distancias y reducir riesgos mientras realizan sus labores en la vía pública.
Congreso ya había advertido riesgo desde mayo de 2025
La advertencia legislativa ocurrió más de un año antes de la nueva discusión por los fallecimientos.
El documento presentado por Urriza señaló expresamente la necesidad de modificar el uniforme por razones de seguridad y prevención de riesgos, particularmente durante jornadas nocturnas.
El planteamiento no quedó únicamente en una discusión sobre colores.
La legisladora argumentó que los trabajadores realizan parte de sus tareas en vialidades y espacios donde circulan vehículos, por lo que su identificación a distancia se convierte en un elemento de protección.
El Congreso registra oficialmente ese punto de acuerdo a nombre de Patricia Urriza Arellano, diputada de Movimiento Ciudadano.
Muerte de Guadalupe reabre discusión
El problema volvió al Pleno el 3 de septiembre de 2026.
Ese día, Urriza Arellano presentó un nuevo punto de acuerdo de urgente y obvia resolución después de la muerte de Guadalupe “N”, trabajadora de limpia que perdió la vida mientras desempeñaba sus labores.
El documento solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México garantizar la reparación integral del daño a su familia.
Pero el exhorto fue más allá.
También pidió a la Secretaría de Obras y Servicios garantizar la integridad física y la dignidad de las personas trabajadoras de limpia y cumplir con la norma que establece las características de la ropa de alta visibilidad utilizada por trabajadores expuestos a zonas de tránsito.
Exigen cumplir norma de alta visibilidad
El punto de acuerdo identifica expresamente la NMX-S-061-SCFI-2017, referente técnico para ropa de alta visibilidad de uso profesional.
La exigencia resulta relevante porque el trabajo cotidiano de las cuadrillas de limpia implica permanencia en calles, avenidas y vialidades primarias, en algunos casos durante la madrugada o por la noche.
El Congreso pidió a Sobse garantizar que las prendas entregadas al personal cumplan esa disposición y solicitó también la intervención de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para vigilar sus derechos laborales.
De 2025 a 2026, reclamo quedó sin resolver
La secuencia documental deja una interrogante para las autoridades capitalinas.
En mayo de 2025 ya existía un exhorto formal para cambiar el color guinda por prendas más visibles.
En septiembre de 2026, después de nuevos accidentes y de la muerte de Guadalupe, el Congreso volvió a exigir medidas de protección y cumplimiento de las reglas de alta visibilidad.
Entre ambos documentos transcurrieron casi 16 meses.
La insistencia legislativa revela que la discusión sobre la seguridad del personal de limpia no surgió después del último accidente.
Ya existía una advertencia previa.
Siete muertos y 34 lesionados, según recuento de Urriza
Urriza Arellano ha sostenido que el saldo acumulado durante el último año asciende a siete personas fallecidas y más de 34 trabajadores lesionados.
El dato es grave, aunque requiere una precisión fundamental.
Hasta ahora no existe disponible públicamente un padrón consolidado de Sobse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana o alguna otra autoridad capitalina que desglose los siete fallecimientos, sus fechas, lugares, circunstancias y condición contractual.
Tampoco existe evidencia pública suficiente para concluir que las siete personas murieron por portar uniformes guinda.
La causalidad no puede establecerse únicamente a partir del número de accidentes.
Lo que sí está documentado es que desde 2025 se advirtió oficialmente sobre la necesidad de utilizar prendas más visibles y que en septiembre de 2026 el Congreso volvió a exigir el cumplimiento de las especificaciones de ropa de alta visibilidad.
Trabajan sobre más de mil kilómetros de vialidades
El riesgo no es menor por la dimensión de la operación.
Documentos del propio Congreso, elaborados con información de la Secretaría de Obras y Servicios, señalan que alrededor de 2 mil 700 barrenderos, distribuidos en unas 270 cuadrillas, atienden las principales vialidades de la Ciudad.
En conjunto recorren alrededor de mil 116 kilómetros de la Red Vial Primaria.
Los trabajos se realizan los 365 días del año en turnos matutino, vespertino y nocturno.
Eso coloca diariamente a cientos de personas junto al flujo vehicular.
Riesgo vial es parte cotidiana del trabajo
Las cuadrillas realizan barrido manual, retiro de desechos y distintas tareas de mantenimiento urbano.
En vialidades rápidas algunas actividades se llevan a cabo con maquinaria, mientras que otras obligan a los trabajadores a permanecer a pie en espacios donde circulan vehículos.
Por eso, la visibilidad no representa únicamente una característica estética del uniforme. Es un elemento de seguridad laboral.
Patricia Urriza lleva reclamo al Congreso
Patricia Urriza Arellano forma parte de la III Legislatura del Congreso capitalino como diputada de representación proporcional por Movimiento Ciudadano.
La legisladora ha presentado al menos dos acciones parlamentarias relacionadas directamente con la seguridad y las condiciones laborales del personal de limpia.
La primera, en mayo de 2025, exigió modificar el color del uniforme.
La segunda, presentada el 3 de septiembre de 2026, reclamó reparación para la familia de Guadalupe, protección para trabajadores lesionados y cumplimiento de la norma de alta visibilidad.
Además, el Congreso registra una iniciativa de Urriza específicamente relacionada con derechos laborales y seguridad social para las y los trabajadores de limpia.
Falta Gobierno por transparentar muertos y heridos
Frente al saldo denunciado de siete fallecidos y más de 34 lesionados, permanece pendiente una respuesta documental del Gobierno capitalino.
Sobse tendría que precisar cuántos trabajadores de limpia han muerto desde octubre de 2024 durante sus jornadas o traslados laborales; cuántos han sido atropellados; cuántos resultaron lesionados; qué uniforme utilizaban y cuántos contaban con prendas certificadas de alta visibilidad.
También falta determinar cuáles de las víctimas pertenecían directamente al Gobierno, cuáles prestaban servicios bajo otros esquemas y cuáles estaban adscritas a alcaldías.
Sin ese desglose, atribuir las siete muertes al uniforme sería ir más allá de la evidencia disponible.
Pero existe un hecho difícil de soslayar: el Congreso pidió mejorar la visibilidad de los trabajadores desde mayo de 2025 y, 16 meses después, volvió a exigir medidas de seguridad tras la muerte de otra empleada de limpia.














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