La diputada Rosalía León Rosas, del PT, propuso cerrar la puerta a exigencias adicionales para abogados que intervienen en procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes, al plantear que jueces no puedan condicionar su participación a la presentación de diplomas, cursos o certificaciones extra.
La iniciativa reforma el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y busca evitar que criterios discrecionales de las autoridades jurisdiccionales terminen restringiendo el ejercicio profesional o afectando el acceso a la justicia de los menores de edad.
Plantean que abogados declaren especialización
La reforma establece que las y los abogados deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con los conocimientos especializados necesarios para intervenir en asuntos relacionados con derechos de la infancia.
Con esta declaración también asumirán la responsabilidad correspondiente por su actuación profesional.
La iniciativa precisa que la especialización se presumirá a partir del ejercicio de la profesión acreditado mediante título y cédula profesional.
Jueces no podrían exigir documentos adicionales
El proyecto establece que las autoridades no podrán requerir certificaciones, diplomas, cursos u otros documentos adicionales como condición para reconocer la personalidad de quien ejerza la defensa.
León Rosas argumenta que estas exigencias pueden convertirse en obstáculos no previstos por la ley y terminar afectando a quienes requieren representación jurídica.
Medirían capacidad por desempeño, no por diplomas
La propuesta sustituye el criterio documental por uno basado en la actuación concreta del abogado durante el procedimiento.
La autoridad jurisdiccional podrá evaluar el desempeño técnico y ético del profesional y actuar cuando detecte una deficiencia notoria y evidente que comprometa el interés superior de la niñez.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Buscan reforzar protección efectiva de menores
La diputada sostiene que el modelo propuesto ofrece mayor protección que un requisito meramente formal, porque permite revisar si la defensa realmente cumple con estándares técnicos durante el juicio.
El planteamiento privilegia la responsabilidad profesional, la buena fe procesal y los resultados de la actuación jurídica.
Intentan evitar restricciones al ejercicio profesional
Según la exposición de motivos, la reforma busca conciliar dos derechos constitucionales.
Por un lado, pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban una defensa con conocimientos especializados.
Por otro, busca impedir que las autoridades impongan barreras profesionales que no estén expresamente contempladas en la legislación.
Con ello, la especialización dejaría de depender únicamente de documentos adicionales y quedaría sujeta a la responsabilidad y al desempeño real de quien ejerza la defensa.
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