Con estados altamente dependientes de recursos federales y cada vez más expuestos a los costos del cambio climático, el World Resources Institute México (WRI México) y la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) plantearon impulsar instrumentos fiscales verdes y progresivos que permitan a los gobiernos locales generar recursos propios y financiar una transición climática justa.
Ambas organizaciones presentaron la declaración conjunta “Hacia un sistema fiscal progresivo y verde: el potencial de los gobiernos subnacionales en la transición justa”, con la que buscan acompañar técnicamente a las entidades en el diseño, implementación y evaluación de mecanismos fiscales vinculados con objetivos ambientales.
La propuesta fue presentada durante el encuentro “Fiscalidad progresiva para transición justa”, realizado en el Palacio de la Autonomía de la UNAM.
El diagnóstico advierte que los gobiernos estatales enfrentan simultáneamente presiones por la debilidad de las finanzas públicas, el cambio climático y la desigualdad.
Dependen estados en 81.7% de transferencias federales
Uno de los principales problemas identificados es la limitada autonomía financiera de las entidades.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, 81.7 por ciento de los ingresos estatales depende de transferencias federales, situación que reduce el margen de los gobiernos locales para responder con recursos propios a necesidades específicas.
A ello se suma un escenario nacional de estrechez fiscal: México registra una de las recaudaciones públicas más bajas de América Latina como proporción del Producto Interno Bruto, mientras enfrenta un déficit cercano al 5 por ciento del PIB y una deuda pública equivalente al 54 por ciento.
Luis Miguel Galindo, director de Clima, Economía, Finanzas y Energía de WRI México, advirtió que el crecimiento económico enfrenta costos ambientales que amenazan su sostenibilidad.
“México vive una paradoja del desarrollo: crece el PIB, el consumo y la inversión, pero al mismo tiempo esto genera un conjunto de externalidades negativas que están erosionando las bases de sustentación de este crecimiento económico”, señaló.
Galindo sostuvo que la política fiscal y la política climática dejaron de ser agendas separadas y requieren mecanismos que articulen objetivos económicos, sociales y ambientales.
Cambio climático dejó daños por 88 mil 910 millones de pesos
La presión sobre las finanzas estatales se agrava por las pérdidas asociadas a fenómenos naturales.
En 2023, los daños y pérdidas ascendieron a 88 mil 910 millones de pesos, equivalentes a alrededor de 0.3 por ciento del PIB, según las cifras expuestas durante el encuentro.
El impacto, advirtieron las organizaciones, no se distribuye de manera uniforme.
“Los estados con mayor pobreza son también los que registran las mayores pérdidas económicas por el cambio climático. Esa doble desventaja es exactamente lo que esta colaboración busca empezar a corregir”, afirmó Sofía Appl Scorza, de la Secretaría Técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal.
Trazan cuatro rutas para una fiscalidad verde
La alianza entre WRI México y la AJF contempla cuatro líneas principales de trabajo.
La primera será generar evidencia técnica y propuestas de política pública para desarrollar instrumentos fiscales verdes en los estados, incluidos mecanismos relacionados con precios al carbono, electromovilidad y otras herramientas recaudatorias.
La segunda busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos estatales para diseñar y operar instrumentos fiscales con perspectiva climática.
Una tercera línea contempla acompañamiento técnico directo a las entidades, con propuestas ajustadas a las condiciones financieras, administrativas y ambientales de cada territorio.
Finalmente, las organizaciones buscarán construir respaldo social e institucional a estos mecanismos, vinculando las demandas ciudadanas con los posibles beneficios de la fiscalidad ambiental.
Ven oportunidad en impuestos, derechos y aprovechamientos ambientales
Durante el encuentro, especialistas señalaron que los gobiernos estatales cuentan ya con instrumentos susceptibles de fortalecerse.
Judith Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sostuvo que cualquier política fiscal verde debe precisar su fuente presupuestal, el nivel de gobierno responsable y el destino del gasto.
“Toda política fiscal verde tiene que responder a tres preguntas: con cuánto presupuesto se va a implementar, desde qué nivel de gobierno y para qué se va a usar el gasto. Sin esa claridad, no hay legitimidad posible”, afirmó.
La especialista señaló además que la discusión coincide con la preparación del Paquete Económico 2027 y, posteriormente, con la elaboración de los paquetes financieros de las entidades.
Plantean aprovechar impuestos al carbono
Saúl Basurto, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que un impuesto al carbono correctamente diseñado puede generar recursos superiores al costo de reparación del daño ambiental.
Los ingresos adicionales, planteó, podrían utilizarse tanto para restauración de ecosistemas como para financiar otras prioridades de gasto público.
Jesús Tadeo Rodríguez, director de Ciencia y Datos del INDETEC, sostuvo que existe también margen para mejorar instrumentos ya vigentes.
“Muchos de los instrumentos ambientales que ya existen a nivel subnacional ni siquiera son impuestos, sino derechos y aprovechamientos con un enorme margen de mejora en su cobro. Ahí hay una oportunidad inmediata para los estados”, afirmó.
Por su parte, Saúl Pereyra, gerente senior de WRI México, indicó que el objetivo es evitar que los mecanismos sean vistos únicamente como nuevas fuentes de recaudación.
“Nuestro papel es acompañar técnicamente a los gobiernos subnacionales para que puedan diseñar, implementar y evaluar instrumentos fiscales con una perspectiva climática real, no solo recaudatoria”, señaló.
Buscan ligar recaudación, clima y transición justa
La apuesta de WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal es que los gobiernos estatales puedan ampliar gradualmente su capacidad de generar ingresos propios, al tiempo que utilizan la política fiscal para modificar actividades contaminantes, financiar infraestructura y responder a los impactos climáticos.
El desafío será que cualquier nuevo instrumento consiga equilibrar tres objetivos: recaudar recursos, reducir impactos ambientales y evitar que los costos recaigan de manera desproporcionada sobre los sectores de menores ingresos.
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