Alertar al crimen organizado sobre operativos, rutas, movimientos o acciones tácticas de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional o corporaciones federales podría castigarse con hasta seis años de prisión y ser considerado un delito vinculado con la delincuencia organizada.
La diputada Maiella Gómez Maldonado, de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el propósito de tipificar a nivel federal la obstrucción de funciones de seguridad pública, conducta asociada al denominado “halconeo”.
La propuesta establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 500 a 900 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien, con la finalidad de favorecer a la delincuencia organizada, proporcione, transmita o comunique de manera física o virtual información relacionada con operaciones de seguridad.
La sanción alcanzaría a quienes revelen la ubicación, desplazamiento, labores de detención o investigación, estrategias, rutas o acciones tácticas de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o instituciones federales de seguridad pública.
Para configurar el delito, precisa la iniciativa, deberá existir una conducta dolosa dirigida a obstruir o impedir la ejecución de las labores de seguridad.
Duplicarían penas si se filtra información reservada
El proyecto adiciona al Código Penal Federal un Capítulo V denominado “De la obstrucción de funciones de seguridad pública”, integrado por los artículos 164 Ter y 164 Quater.
Las penas se duplicarían cuando la información comunicada tenga carácter reservado y quien la divulgue tenga la obligación legal de resguardarla.
Además de la responsabilidad penal, podrían aplicarse las sanciones administrativas correspondientes.
Agravan castigo para policías y transportistas
La iniciativa propone aumentar las penas en una mitad cuando el delito sea cometido por conductores u operadores de transporte público terrestre de pasajeros, así como por operadores de embarcaciones marítimas o aeronaves.
Si el responsable es un servidor público perteneciente a una corporación policial, además de la pena de prisión sería destituido e inhabilitado hasta por cinco años para ocupar otro empleo, cargo o comisión pública.
Para integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, ya sea en activo, retiro o reserva, se plantea además la baja definitiva de la institución y una inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos públicos.
Buscan incluir ‘halconeo’ como delincuencia organizada
La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Seguridad Ciudadana, también reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La modificación incorpora la obstrucción de funciones de seguridad pública dentro del catálogo de delitos que pueden ser sancionados bajo ese régimen cuando se cumplan los supuestos previstos por la ley.
Gómez Maldonado argumentó que reportes públicos y operativos de seguridad han documentado redes de vigilancia utilizadas por grupos criminales para conocer y transmitir información sobre movimientos de las autoridades.
“El denominado ‘halconeo’ constituye, hoy más que nunca, una actividad que representa un obstáculo significativo para la seguridad pública, la procuración de justicia y la vigencia del Estado de derecho”, sostiene la legisladora en la exposición de motivos.
Más de 20 estados ya sancionan conductas similares
La diputada señaló que alrededor de 20 entidades federativas han incorporado en sus códigos penales el delito de halconeo o figuras equivalentes.
Entre ellas mencionó a Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Puebla.
Sin embargo, recordó que algunos intentos estatales de tipificación han sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurrió con disposiciones aprobadas en Michoacán y Chiapas.
Aseguran que reforma no busca limitar libertad de expresión
Ante los antecedentes constitucionales de este tipo de delitos, la iniciativa sostiene que su objetivo no es restringir la libertad de expresión ni el derecho de acceso a la información.
Gómez Maldonado argumenta que la propuesta establece elementos específicos para diferenciar la difusión legítima de información de una conducta delictiva.
Entre ellos están el dolo específico, la intención de favorecer a la delincuencia organizada y el carácter operativo de los datos proporcionados.
La legisladora sostiene que actualmente no existe una tipificación específica de esta conducta en el ámbito federal, pese a que puede afectar directamente operativos realizados por instituciones nacionales de seguridad.
La propuesta será analizada ahora por las comisiones de Justicia y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
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