Diputadas y organizaciones civiles acusaron que persisten resistencias en la Cámara de Diputados para avanzar en la eliminación del delito de aborto de los códigos penales del País.
Durante la segunda edición del encuentro “Es tiempo de mujeres: El aborto es un hecho y decidir nuestro derecho”, legisladoras federales y locales plantearon construir una estrategia conjunta de incidencia política para impulsar la despenalización.
El encuentro fue convocado por la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, de Morena, y por el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir México, en el contexto del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Seguro y Legal.
La intención, señalaron las participantes, es articular las iniciativas legislativas en la materia y colocar como prioridad la eliminación de sanciones penales por aborto.
Señalan freno en Comisión de Justicia
Burgos Hernández aseguró que en la Cámara de Diputados existen diversos obstáculos para avanzar con las reformas.
“Todavía hay muchas barreras en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos alrededor de seis iniciativas que hablan sobre el aborto, el acceso que debemos de tener todas las mujeres en este país y aún hay resistencia en la Comisión de Justicia; no podemos todavía dar el salto”, sostuvo.
La legisladora afirmó que, pese a los pendientes legislativos, las mujeres deben conocer los servicios de salud disponibles en instituciones públicas.
Señaló que la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE ofrecen atención en esta materia y consideró necesario ampliar la información en las comunidades.
Burgos atribuye rezago a tabúes en Congreso
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género sostuvo que los tabúes dentro del Poder Legislativo siguen obstaculizando el avance de la agenda.
Aseguró que el derecho al aborto mantiene especial relevancia ante los casos de embarazo y maternidad infantil.
“Todavía es un tabú y el derecho al aborto es prioritario en todas nuestras comunidades”, expresó.
Burgos Hernández sostuvo que, mientras subsistan normas que castiguen decisiones personales y persista el estigma, la agenda legislativa continuará pendiente.
También llamó a fortalecer alianzas entre diputadas federales y locales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Buscan unificar ofensiva legislativa
La diputada recordó que en febrero se realizó la primera edición del encuentro, donde las participantes concluyeron que la despenalización no depende únicamente de reformas legales.
Advirtió que también requiere voluntad legislativa, alianzas políticas y una estrategia pública para enfrentar los discursos contrarios a la despenalización.
Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, aseguró que la organización mantendrá su estrategia para impulsar la eliminación del delito de aborto en todo el País.
Indicó que las legisladoras y organizaciones deberán reforzar sus argumentos jurídicos, sociales y políticos para sostener la discusión.
Plantean llevar despenalización a todo el País
Evalinda Barrón, subsecretaria de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, sostuvo que los derechos de salud de las mujeres no siempre han ocupado un lugar prioritario en la agenda pública.
Explicó que en la Ciudad de México se trabaja en la construcción de una unidad de salud para mujeres y en políticas que incorporen perspectiva de género durante las distintas etapas de la vida.
“El 28S nos recuerda que la despenalización del aborto no fue una concesión, fue una conquista política”, afirmó.
Barrón planteó que eliminar el delito de aborto de los códigos penales debe dejar de depender de decisiones estatales aisladas y convertirse en una discusión de alcance nacional.
Presionan por reformas en códigos penales
El encuentro buscó consolidar una coordinación entre legisladoras locales y federales para acompañar los procesos de reforma en los estados y en el Congreso de la Unión.
Las participantes coincidieron en que el siguiente frente legislativo será trasladar la discusión sobre la despenalización a los códigos penales que aún contemplan sanciones y mantener el tema dentro de la agenda pública.
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