Mujeres indígenas, rurales y especialistas en economía ambiental reclamaron mayores recursos públicos para proteger territorios sagrados, enfrentar los efectos de la crisis climática y reconocer el trabajo que realizan las mujeres en la conservación de la biodiversidad.
Durante el foro “Mujeres rurales indígenas y de las periferias en acción frente a la crisis climática”, promovido por la diputada de Morena Xóchitl Zagal Ramírez, las participantes demandaron además incorporar la perspectiva de género en las políticas, programas e indicadores relacionados con medio ambiente y cambio climático.
Sitlali Chinó Carrillo, activista wixárika, advirtió que las metas para ampliar las áreas naturales protegidas deben ir acompañadas de un crecimiento proporcional de los recursos públicos destinados a su conservación.
“Si se busca ahora sí pasar de 99 millones de hectáreas a 154, pues creo que también se debería de visibilizar en el presupuesto, que fuera más porque es lo que se busca”, sostuvo.
Piden blindar Wirikuta y sitios sagrados
Chinó Carrillo señaló la necesidad de proteger los sitios sagrados del pueblo wixárika y su ruta ancestral, particularmente Wirikuta, así como garantizar recursos suficientes y permanentes para las áreas naturales protegidas.
Explicó que las propias comunidades han tenido que recurrir a litigios contra concesiones mineras, vigilancia territorial y actividades de formación dirigidas a niñas y niños para defender sus espacios.
Pidió identificar las necesidades presupuestarias específicas de cada territorio y establecer mecanismos para que las comunidades indígenas participen tanto en la definición de prioridades como en la vigilancia del ejercicio de los recursos.
También alertó sobre la baja presencia de mujeres en cargos agrarios y tradicionales, pese a algunos avances derivados de cambios en los estatutos internos de las comunidades.
“Actualmente hay poca participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en este caso como autoridades agrarias y autoridades tradicionales”, afirmó.
Mujeres sostienen conservación del maíz sin reconocimiento público
Yvetta Cabrera, mujer indígena zapoteca e integrante de las autoridades ejidales de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, sostuvo que buena parte de la conservación del maíz criollo descansa en el trabajo de las mujeres, sin que éste sea reconocido en los presupuestos ni en las políticas públicas.
“Hay maíz, hay semilla, gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos las que cuidamos la semilla, las que seleccionamos la semilla”, expresó.
Cabrera señaló que las mujeres participan en la siembra, selección, conservación y transformación del maíz, pero ese trabajo permanece en gran medida sin remuneración y fuera de las estadísticas oficiales.
“Todo este trabajo no está remunerado, no aparece en estadísticas oficiales ni en las políticas públicas, no reconocen a las mujeres como productoras y guardianas de la biodiversidad”, reprochó.
Sequía golpea cultivos en el Istmo
La representante zapoteca advirtió además que la sequía ha provocado daños severos en las milpas del Istmo de Tehuantepec y anticipó afectaciones en la disponibilidad de maíz y otros granos básicos.
“Nuestra milpa ya fue afectada. Tenemos siniestro total, no vamos a obtener producción y, en consecuencia, no vamos a tener granos básicos para nuestra alimentación”, señaló.
Ante ese escenario, pidió aumentar los recursos destinados a la conservación del maíz criollo, crear fondos para la caracterización y mejoramiento participativo de semillas, ampliar los bancos comunitarios y fortalecer la infraestructura de riego y almacenamiento.
Cuestionan recursos a Pemex frente a objetivos climáticos
Angelina Navarrete, integrante de Deuda x Clima México, planteó revisar la forma en que se canalizan recursos públicos hacia Pemex y advirtió que algunos riesgos financieros de la empresa terminan trasladándose al sector público.
“Lo que nosotros estamos posicionando es que la deuda de Pemex no debe de leerse sobre sólo una deuda de una empresa, sino como un mecanismo en el cual determinados riesgos financieros se están trasladando al sector público”, afirmó.
Navarrete señaló que los cambios en los criterios presupuestarios dificultan el seguimiento de proyectos, montos e indicadores.
“Cuando hay cambios de criterio, resulta que no podemos buscar los mismos indicadores, los mismos montos, los mismos proyectos y los subproyectos”, explicó.
También cuestionó la congruencia entre el gasto destinado a empresas energéticas y los objetivos nacionales de transición energética y combate al cambio climático.
Proponen “auditorías populares” del gasto
La especialista propuso establecer mecanismos de “auditorías populares” para que las comunidades participen directamente en la evaluación del gasto público y de los proyectos que impactan sus territorios.
“Son mecanismos que se han instaurado en otros países, que se llaman auditorías populares, y eso viene desde las propias comunidades, para que ejerzan esta evaluación de indicadores y de incidencia”, explicó.
Navarrete advirtió, además, que algunas reglas de operación limitan el acceso de las mujeres a programas públicos cuando los apoyos están condicionados a la propiedad de la tierra.
“Resulta que las mujeres en ocho años sólo hemos avanzado tres por ciento en propiedad de la tierra”, expuso.
Las participantes coincidieron en que el presupuesto destinado a combatir el cambio climático debe incorporar indicadores construidos desde los territorios, perspectiva de género y mecanismos que permitan a las comunidades intervenir en la definición, vigilancia y evaluación del gasto público.
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