La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un llamado de atención al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, por promover una academia internacional de capacitación policial sin la participación del Gobierno federal y fuera de los canales que, sostuvo, establece la legislación mexicana.
Desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó que el diplomático estadounidense y el mandatario queretano encabezaran la colocación de la primera piedra del proyecto sin convocar a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Gabinete de Seguridad ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, reclamó durante su Mañanera del Pueblo.
Sheinbaum sostuvo que cualquier cooperación extranjera relacionada con seguridad debe pasar por las autoridades federales, particularmente cuando involucra capacitación vinculada con delincuencia organizada y otros delitos de competencia federal.
“Hay temas en donde nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada”, expresó.
La Presidenta consideró que el caso representa un ejemplo de los límites que deben respetarse en la relación entre autoridades estatales mexicanas y representantes de gobiernos extranjeros.
“Son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”, señaló.
Aunque descartó inicialmente que el episodio constituya por sí mismo un delito, consideró necesario hacerlo público debido a las implicaciones institucionales del proyecto.
“No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo porque no es algo normal”, afirmó.
Sheinbaum cuestionó especialmente que un gobernador estatal establezca un proyecto de capacitación internacional en materia de seguridad sin la presencia del Gabinete de Seguridad federal.
“¿Cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano, y no con el Gabinete de Seguridad federal?”, planteó.
La mandataria dejó claro que las agencias estadounidenses no pueden realizar actividades de capacitación en materia de seguridad en México al margen de los procedimientos oficiales.
“Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional”, advirtió.
Ante el episodio, Sheinbaum informó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores para contactar tanto al embajador Ronald Johnson como al gobernador Mauricio Kuri.
“Pedí el día de hoy que el secretario de Relaciones Exteriores llame al embajador, por un lado, y por otro lado al gobernador de Querétaro”, reveló.
La Presidenta dijo que ambos actores conocen los canales institucionales que deben observarse.
“El embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también el gobernador tiene buena relación con el Gabinete de Seguridad”, señaló.
Pese al reclamo, Sheinbaum aclaró que su gobierno mantiene una relación positiva con Johnson y reconoció que el representante de Washington ha participado en la solución de distintos temas bilaterales.
“Hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos”, indicó.
Sin embargo, dejó claro que esa relación no implica tolerar acciones que puedan ser consideradas fuera del marco institucional mexicano.
Al responder sobre las críticas realizadas previamente al embajador estadounidense, Sheinbaum evitó confrontarlo directamente y subrayó que su responsabilidad como jefa del Ejecutivo obliga a mantener una posición diplomática.
“Yo soy presidenta de México. Mis declaraciones tienen que estar en el marco de presidenta de México, siempre buscando una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, explicó.
No obstante, advirtió que México señalará públicamente cualquier desacuerdo o posible injerencia extranjera.
“Cuando no estamos de acuerdo, lo decimos; cuando hay injerencia, lo decimos y buscamos que el embajador tenga una relación institucional con el Gobierno de México”, sentenció.
El episodio abre un nuevo frente sobre los límites de la cooperación bilateral en seguridad y el papel de los gobiernos estatales en acuerdos o proyectos que involucren autoridades y agencias extranjeras.
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