La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó este lunes dar validez al documento que atribuye al crimen organizado condiciones de control efectivo sobre alrededor del 30 por ciento del territorio nacional, al asegurar que el Gobierno federal desconoce quién realizó la investigación y bajo qué metodología fue elaborada.
Tras comparecer durante unas tres horas ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, la funcionaria fue cuestionada sobre la preocupación expresada por legisladores de oposición por la penetración de organizaciones criminales en distintas regiones del País.
Rodríguez sostuvo que tanto ella como el Gabinete de Seguridad rechazan cualquier documento que carezca, a juicio del Gobierno, de sustento verificable.
“No conocemos absolutamente cuál fue la investigación que se hizo al respecto, entonces nosotros no damos como válida esa información”, afirmó al término de su comparecencia.
La titular de Gobernación indicó que el Ejecutivo federal toma como referencia oficial los datos sobre incidencia delictiva publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Informe coloca 30% del territorio bajo predominio criminal
El documento denominado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, difundido por Reforma y con información cortada al 25 de septiembre de 2026, estima que organizaciones delictivas ejercen condiciones de “gobernanza efectiva” en aproximadamente 30 por ciento del territorio nacional.
La medición considera factores que van más allá de homicidios o enfrentamientos armados, entre ellos el cobro de cuotas, instalación de retenes, control de actividades económicas, restricciones a la movilidad y posible cooptación de autoridades locales.
Según la radiografía, otro 47 por ciento del territorio se encuentra en entidades donde existe un control compartido o disputado entre autoridades y organizaciones criminales.
Sólo 23 por ciento estaría localizado en estados donde existe un predominio claro de las instituciones gubernamentales.
Nueve estados aparecen con predominio criminal
El análisis coloca a Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo dentro de la categoría de “predominio criminal en amplias regiones”.
Estas nueve entidades concentran aproximadamente 23 por ciento de la población nacional.
Otros 14 estados aparecen bajo condiciones de control compartido o disputado: Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
En contraste, Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán fueron ubicados dentro de la categoría de predominio estatal.
Oposición lleva penetración del narco al Senado
El tema llegó a la reunión privada que Rodríguez sostuvo con los coordinadores parlamentarios como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Legisladores de oposición plantearon durante el encuentro su preocupación por la presencia del crimen organizado y por la eventual participación de recursos ilícitos o presiones criminales durante las elecciones de 2027.
Al salir de la reunión, Rodríguez aseguró que el Estado garantizará condiciones de seguridad para que los comicios se desarrollen con tranquilidad y pidió a los partidos elegir candidatos con “currículum limpio”, trayectoria ética y compromiso con la ciudadanía.
Gobierno se queda con cifras oficiales
Frente a la estimación del 30 por ciento, la respuesta de Gobernación fue mantener distancia del documento.
Rodríguez no presentó una medición gubernamental alternativa sobre qué proporción del territorio se encuentra bajo influencia o dominio de organizaciones delictivas. Su posición fue que, mientras no se conozca y valide la investigación detrás del análisis, el Gobierno federal no reconocerá sus conclusiones.
El diferendo deja sobre la mesa dos mediciones distintas: por un lado, la incidencia delictiva oficial con la que el Gobierno evalúa el comportamiento de la seguridad; por otro, un análisis que intenta medir no sólo delitos registrados, sino la capacidad de los grupos criminales para imponer reglas, condicionar actividades económicas o influir en autoridades y comunidades.
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