La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos dividió a la Cámara de Diputados entre quienes la presentan como una vía para ampliar la inclusión financiera y quienes advierten riesgos de vigilancia, exclusión y mayores costos para pequeños negocios.
Durante la discusión del dictamen, legisladores de Morena, PVEM y PT defendieron que el nuevo marco permitirá extender los pagos electrónicos, facilitar trámites y aprovechar infraestructura digital ya disponible.
PAN, PRI y MC cuestionaron, en cambio, que la Secretaría de Hacienda pueda definir sectores estratégicos o actividades en los que los pagos digitales se vuelvan obligatorios, sin que —según señalaron— queden suficientemente claros los criterios, mecanismos de defensa y garantías para los usuarios.
El diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, aseguró que la legislación dará al País una herramienta para fortalecer el mercado interno y facilitar operaciones comerciales.
Sostuvo que no implicará un impacto presupuestal adicional, ya que el Proyecto de Presupuesto contempla recursos por 4 mil millones de pesos para la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda.
Morena presume infraestructura; PAN acusa incertidumbre
Hernández Mirón afirmó que México cuenta con infraestructura suficiente para avanzar hacia pagos masivos y señaló que la amplia disponibilidad de teléfonos celulares facilitaría las transacciones.
“Votemos a favor de esta iniciativa, que es noble, que beneficia a la economía, a los consumidores y apoya directamente a nuestro país”, pidió.
Desde el PAN, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela calificó el dictamen como “autoritario, arrogante y prepotente”.
Aclaró que su bancada no se opone a las nuevas tecnologías ni a los pagos digitales, pero cuestionó que no estén claramente definidos los criterios con los que Hacienda determinará qué sectores o actividades estarán obligados a aceptar esos medios de pago.
“Nos dicen que los sectores estratégicos y actividades relevantes que se definan serán los obligados a aceptar pagos digitales, pero no nos dicen cuáles son los criterios”, reclamó.
PVEM y PT ven inclusión financiera
Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, sostuvo que la ley dará certeza jurídica a la transición digital y obligará a los tres órdenes de gobierno a aceptar transferencias, códigos QR y tarjetas en trámites y servicios públicos.
También destacó herramientas como la CURP digital y el expediente digital ciudadano para facilitar el acceso a créditos y servicios financieros.
Luis Armando Díaz, del PT, afirmó que la legislación establecerá reglas de identidad digital, trazabilidad, seguridad e interoperabilidad.
“Cada pago digital genera un registro. Cada registro ayuda a construir un historial. Ese historial abre la puerta al crédito, a la formalización y al crecimiento”, sostuvo.
PRI alerta por brecha digital y ciberdelitos
El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, advirtió que la transformación puede ampliar las desigualdades si se aplica sin suficiente infraestructura y protección.
“Vemos este dictamen con profunda preocupación, porque con lo que se plantea aprobar, el riesgo de ampliar la brecha digital es mayor”, señaló.
También puso el foco en posibles fraudes y ciberdelitos y cuestionó que la obligatoriedad pueda incrementar vulnerabilidades tecnológicas.
Su bancada anunció voto en contra al considerar insuficientes las garantías de accesibilidad y seguridad.
MC exige que Estado pague costos
Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, planteó que el Estado absorba los costos de terminales, conectividad, códigos QR y adecuaciones requeridas para micro y pequeños comercios.
Pidió además impedir que las comisiones se trasladen a los consumidores.
“Digitalizar, sí, pero con el costo a cargo del Estado y no de la tiendita”, afirmó.
La diputada cuestionó también que el dictamen no detalle, a su juicio, qué datos serán almacenados, durante cuánto tiempo, quién podrá consultarlos ni bajo qué mecanismos de auditoría.
Claudia Ruiz Massieu, también de MC, sostuvo que la propuesta puede convertirse en una imposición y generar mayor informalidad si obliga a determinados sectores a utilizar exclusivamente medios digitales.
Niegan eliminación del efectivo
La diputada Cindy Winkler Trujillo, del PVEM, rechazó que la ley pretenda eliminar el efectivo en México.
Afirmó que las compras en efectivo seguirán siendo posibles y que únicamente Hacienda podrá definir determinados sectores o actividades en los que los medios digitales sean obligatorios.
Morena insistió en que el objetivo es ampliar alternativas y no restringirlas.
Jesús Valdés Peña afirmó que la digitalización puede reducir costos y tiempos de operación, ampliar el acceso financiero y facilitar que pequeñas empresas lleguen a más consumidores.
Luis Humberto Fernández Fuentes agregó que la iniciativa busca extender herramientas ya existentes y permitir que los gobiernos acepten pagos digitales con mayor facilidad.
Oposición advierte concentración de facultades
Desde el PRI, Emilio Lara Calderón acusó que la propuesta puede utilizarse con fines recaudatorios al permitir que Hacienda decida en qué sectores únicamente podrán realizarse pagos digitales.
El PAN también insistió en que modernizar no debe convertirse en una obligación sin garantías.
José Guillermo Anaya Llamas sostuvo que existe una diferencia entre promover la digitalización y convertirla en condición para realizar determinadas operaciones económicas.
Diego Ángel Rodríguez Barroso coincidió en que la modernización debe evitar cargas adicionales para las familias y negocios.
Mayoría apuesta por marco digital
Los legisladores del bloque oficialista defendieron que la norma facilitará pagos de trámites, servicios y productos, además de fomentar formalización e inclusión financiera.
Alma Rosa de la Vega Vargas, de Morena, respaldó la propuesta y afirmó que el nuevo marco representa “un paso firme” hacia una economía más digital.
Por el PVEM, Luis Enrique Miranda Barrera sostuvo que la tecnología debe servir para facilitar la vida de las personas, reducir tiempos y apoyar a pequeños emprendedores.
El debate dejó como eje central una disputa sobre el alcance de la digitalización: mientras la mayoría la presenta como instrumento de inclusión y modernización, la oposición exige mayores límites sobre costos, datos personales, obligatoriedad y facultades de Hacienda.
Nota de verificación: no localicé todavía una publicación oficial indexada de la Cámara de Diputados sobre este dictamen específico; por ello, las posturas, cifras y alcances aquí descritos están atribuidos a las intervenciones proporcionadas y no los presento como verificación independiente del texto final aprobado.
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