Ante los elevados niveles de estrés, agotamiento, acoso y violencia en los centros de trabajo, la diputada federal Liliana Ortiz Pérez (PAN) presentó una iniciativa para garantizar atención clínica gratuita y voluntaria a trabajadores con posibles afectaciones a su salud mental, sin descuentos salariales y con protección de sus datos médicos.
La propuesta busca reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Ley del Seguro Social y la Ley General de Salud para establecer un protocolo de vigilancia clínica psicosocial que permita detectar oportunamente los riesgos asociados con las condiciones laborales.
En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la legisladora advirtió que los problemas emocionales derivados del trabajo pueden convertirse en enfermedades, incapacidades e incluso estar asociados con consecuencias fatales cuando no se atienden oportunamente.
Ortiz Pérez aseguró que en México el 75 por ciento de las personas trabajadoras reporta niveles de estrés laboral, cifra que utilizó para justificar la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención.
“El trabajo no debería enfermar y mucho menos poner en riesgo la vida de las personas”, sostuvo durante una conferencia de prensa acompañada por legisladoras de su bancada.
Atención voluntaria, gratuita y con expedientes confidenciales
La iniciativa plantea crear una ruta institucional que permita a los trabajadores acceder a evaluaciones de salud mental cuando existan indicios de afectaciones relacionadas con su entorno laboral.
El procedimiento comenzaría con un tamizaje o evaluación inicial para identificar posibles riesgos y determinar si la persona requiere valoración especializada.
En caso necesario, se establecerían mecanismos de referencia a servicios médicos, contrarreferencia y seguimiento clínico para evitar que la atención concluya después de una primera consulta.
La diputada explicó que los empleadores tendrían la obligación de facilitar el acceso voluntario a estos servicios y adoptar medidas preventivas dentro de los centros de trabajo.
Sin embargo, no podrían consultar los resultados clínicos individuales de sus trabajadores, pues la propuesta contempla mantener la confidencialidad de esa información.
“Los patrones deberán facilitar el acceso voluntario de las personas trabajadoras a las acciones clínicas y adoptar las medidas preventivas organizacionales que correspondan, pero sin tener acceso a sus resultados clínicos individuales”, puntualizó.
La legisladora insistió en que recibir atención no deberá representar un costo para el trabajador ni afectar sus percepciones salariales.
Alertan por estrés laboral, depresión, ansiedad y riesgo de suicidio
Ortiz Pérez advirtió que el hostigamiento, las amenazas, el acoso y otras formas de violencia laboral pueden deteriorar progresivamente la salud mental de quienes las padecen.
Señaló que existen antecedentes de trabajadores que han denunciado ambientes laborales adversos y situaciones en las que dichas condiciones han sido identificadas como factores de riesgo asociados con conductas suicidas.
“Los riesgos psicosociales no son un concepto abstracto; pueden convertirse en enfermedad, en incapacidad y en los casos más graves en pérdidas de vida”, expresó.
La panista también citó estimaciones internacionales sobre trastornos mentales en la población en edad laboral y la pérdida anual de aproximadamente 12 mil millones de jornadas de trabajo en el mundo debido a la depresión y la ansiedad.
Sostuvo que el desafío para las instituciones de salud y las empresas es intervenir antes de que las afectaciones emocionales deriven en crisis graves.
“Necesitamos un México en el que una persona no tenga que esperar a estar al límite para pedir ayuda. Un México en el que cuidar la salud mental también sea parte de cuidar la salud laboral”, afirmó.
Proponen encuesta nacional de salud mental cada cinco años
La iniciativa también contempla que la Secretaría de Salud coordine, al menos cada cinco años, una Encuesta Nacional de Salud Mental en el Trabajo, con participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las instituciones públicas de seguridad social y la colaboración técnica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ortiz Pérez explicó que el estudio permitiría identificar los sectores productivos con mayores riesgos, dimensionar las afectaciones emocionales y diseñar políticas públicas sustentadas en información estadística.
La diputada citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales el 16 por ciento de los adultos en edad laboral vivía con algún trastorno mental en 2023, mientras que la depresión y la ansiedad ocasionan anualmente la pérdida de 12 mil millones de días laborales en el mundo.
La presidenta y fundadora del Colegio Nacional de Psicología Clínica para el Trabajo (Conapsit), Eva Yunue Cárdenas Marín, respaldó la creación del protocolo de vigilancia psicosocial y ofreció colaboración técnica para su diseño.
Explicó que el nuevo mecanismo complementaría la NOM-035, que actualmente establece obligaciones para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros laborales.
La norma ya contempla medidas preventivas y, en determinados supuestos, evaluaciones médicas y psicológicas; sin embargo, las especialistas señalaron la necesidad de reforzar la continuidad de la atención clínica.
Por su parte, Erika Villavicencio-Ayub, presidenta académica del Conapsit, advirtió que México necesita un diagnóstico nacional que permita conocer las diferencias entre sectores productivos, puestos laborales y características sociodemográficas de los trabajadores.
La especialista planteó desarrollar la encuesta denominada Lensamet, con una metodología validada y respaldo colegiado para garantizar la confiabilidad de sus resultados.
Sostuvo que disponer de información actualizada permitiría diseñar estrategias preventivas y avanzar hacia condiciones laborales más saludables.
Buscan atender enfermedades mentales antes de que provoquen incapacidades
Ortiz Pérez insistió en que la propuesta no pretende estigmatizar a quienes enfrentan problemas emocionales, sino establecer mecanismos de detección temprana, atención especializada y seguimiento.
El planteamiento legislativo busca que los riesgos psicosociales sean atendidos como parte de las obligaciones institucionales de protección a la salud, y no únicamente cuando sus consecuencias ya hayan derivado en enfermedades o incapacidades.
“Esta iniciativa no busca estigmatizar, ni señalar, busca prevenir, detectar y atender, busca que lleguemos antes”, concluyó.
La propuesta deberá seguir su trámite legislativo antes de que las nuevas obligaciones puedan entrar en vigor.
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