Ante los casos de maestros asesinados, secuestrados y agredidos, así como el incremento de problemas de estrés, ansiedad y depresión entre el personal educativo, la diputada federal Marisela Zúñiga Cerón (Morena) propuso obligar a las autoridades a garantizar la seguridad física y la salud socioemocional de los docentes dentro y fuera de las aulas.
La legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, con la que busca establecer mecanismos permanentes de prevención, protección y atención psicológica para el magisterio.
Además, planteó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los congresos locales a implementar medidas de seguridad y protección para los trabajadores de la educación.
Durante una conferencia de prensa, Zúñiga Cerón advirtió que la violencia y el deterioro emocional que enfrentan los profesores dejaron de ser problemas individuales para convertirse en asuntos de salud pública y derechos humanos.
“Presentamos hoy esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de Educación Superior, para obligar a las autoridades a diseñar políticas que garanticen la salud socioemocional de las maestras y de los maestros”, sostuvo.
Exigen protocolos ante asesinatos, secuestros y agresiones
La morenista señaló que las agresiones contra profesores evidencian la necesidad de establecer mecanismos institucionales que permitan prevenir riesgos y atender oportunamente a las víctimas.
Advirtió que las condenas públicas resultan insuficientes cuando no existen procedimientos efectivos para garantizar la integridad del personal educativo.
“No basta con condenar los hechos cuando estos ocurren, hacen falta mecanismos reales, verificables y permanentes para garantizar la seguridad de los profesores, protocolos de prevención, rutas claras de denuncia, acompañamiento jurídico y psicológico de inmediato”, expresó.
La propuesta contempla que las autoridades educativas realicen diagnósticos sobre las condiciones emocionales del magisterio y desarrollen herramientas para atender el desgaste psicológico asociado con su actividad profesional.
Plantean garantizar defensa legal a profesores denunciados
Zúñiga Cerón adelantó que presentará una segunda iniciativa para garantizar los derechos de los docentes sujetos a procedimientos administrativos, actas o denuncias.
Explicó que el propósito es evitar situaciones de indefensión y asegurar que los profesores cuenten con garantías legales durante cualquier procedimiento en su contra.
“Defender a los maestros no es proteger la impunidad, quien comete una falta debe responder conforme a la ley, pero con presunción de inocencia, con derecho de audiencia y una defensa adecuada”, afirmó.
La legisladora sostuvo que la protección al magisterio debe contemplar tanto la seguridad frente a hechos de violencia como el respeto a sus derechos durante procesos institucionales.
Advierten insuficiencia de mecanismos de protección
Durante la conferencia, integrantes de la comunidad educativa respaldaron la propuesta y señalaron que el bienestar psicológico de los profesores es indispensable para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza.
El maestro Mauricio Ángeles Asenjo consideró necesaria una legislación que atienda las condiciones emocionales del personal docente, debido a sus repercusiones en el conjunto de la sociedad.
En tanto, el profesor Carlos Ríos sostuvo que las políticas educativas deben considerar no sólo a los estudiantes, sino también a los maestros y padres de familia.
“La educación es básica en la formación de una nación y los componentes de esa comunidad no solamente son los alumnos, son los docentes, los padres de familia”, señaló.
Por su parte, la doctora Elizabeth Álvarez advirtió que garantizar el bienestar emocional de quienes imparten clases constituye una obligación que debe asumirse desde las instituciones educativas.
“El bienestar de quienes enseñan no es un asunto secundario ni exclusivamente personal, es también una responsabilidad institucional y social”, enfatizó.
A su vez, el docente Carlos Ruiz Cárdenas señaló que, pese a la existencia de comisiones y comités de derechos humanos, género y ética, los mecanismos actuales no han resultado suficientes para atender las necesidades del magisterio.
Consideró que establecer obligaciones legales permitiría exigir a las autoridades medidas concretas de acompañamiento psicológico, orientación y protección.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar si las obligaciones de protección física y atención socioemocional a docentes quedan incorporadas en ambas leyes educativas.
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