Siete años después de que México reformó su legislación para reconocer derechos laborales a quienes realizan trabajo doméstico remunerado, la realidad prácticamente no ha cruzado la puerta de millones de hogares: sólo 1 por ciento de las trabajadoras del hogar cuenta con un contrato por escrito y 96.6 por ciento permanece en la informalidad.
El diagnóstico forma parte del informe Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México, presentado por la red UNIDAS, que advierte una amplia distancia entre los derechos establecidos en la ley y las condiciones en que se desarrolla esta actividad.
En México existen más de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar y nueve de cada diez son mujeres. En conjunto, representan alrededor de 10 por ciento de las mujeres ocupadas del País, de acuerdo con el reporte.
Reforma se queda en el papel
La Ley Federal del Trabajo establece expresamente que el trabajo del hogar debe formalizarse mediante contrato por escrito, en el que se precisen, entre otros elementos, salario, horario, tipo de labores, lugar de trabajo y duración de la relación laboral.
Sin embargo, el cumplimiento permanece prácticamente estancado.
Néstor Genis, coordinador de Inclusión de Ethos y autor del informe, sostuvo durante la presentación que la mayoría de las trabajadoras no ha visto traducidos los cambios legales en condiciones efectivas de trabajo digno.
Las cifras muestran además una profunda diferencia por género: mientras cerca de 9 por ciento de los hombres dedicados al trabajo del hogar tiene contrato escrito, entre las mujeres la proporción cae a sólo 1 por ciento.
IMSS apenas alcanza a una fracción del sector
La brecha también se refleja en el acceso a la seguridad social.
Aunque la afiliación de las personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió obligatoria, el registro continúa lejos del universo potencial.
Con corte a agosto de 2026, el IMSS reportó 57 mil 653 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, de los cuales 65 por ciento correspondía a mujeres. La cifra equivale a apenas una fracción de los más de 2.3 millones de trabajadores que integran este sector.
El propio informe de UNIDAS ubica el aseguramiento en torno a 60 mil registros, es decir, menos de 3 por ciento del total.
La reforma publicada en 2022 incorporó de manera obligatoria a las personas trabajadoras del hogar al régimen de seguridad social, pero cuatro años después la cobertura continúa limitada.
Evasión al IMSS costaría más de 56 mil mdp al año
La falta de afiliación no sólo deja a millones de trabajadoras sin cobertura médica, incapacidades, guarderías o ahorro para el retiro.
El estudio calcula que la omisión de cuotas patronales vinculadas con este sector representa una pérdida de aproximadamente 56 mil 671 millones de pesos al año para el sistema de seguridad social.
UNIDAS plantea reforzar la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales, establecer consecuencias efectivas por evasión y analizar mecanismos de subsidio que faciliten la incorporación de las trabajadoras al sistema formal.
Brecha salarial golpea más a mujeres
La precariedad también tiene rostro de mujer.
El informe identifica una brecha salarial de género de 34.8 por ciento dentro del propio sector del trabajo doméstico, debido, entre otros factores, a que los hombres suelen concentrarse en actividades mejor remuneradas.
La desigualdad ocurre pese a que las mujeres representan aproximadamente 90 por ciento de quienes desempeñan estas labores.
El diagnóstico alerta, además, sobre problemas en los esquemas de aseguramiento para quienes trabajan sólo determinados días de la semana en diferentes domicilios, una modalidad frecuente en el sector.
De la Corte a la reforma laboral
El reconocimiento de estos derechos comenzó a acelerarse en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social.
En 2019, una reforma a la Ley Federal del Trabajo estableció nuevas obligaciones para los empleadores, incluido el contrato escrito, y posteriormente se hicieron modificaciones legales para consolidar la afiliación obligatoria al IMSS.
El Conapred ha señalado que garantizar contratos, prestaciones y seguridad social no constituye una concesión del empleador, sino una obligación derivada de una relación laboral reconocida por la legislación mexicana.
Siete años después, persiste la brecha
El contraste entre legislación y realidad concentra la principal conclusión del reporte.
México pasó de un modelo que prácticamente invisibilizaba el trabajo doméstico a uno que reconoce legalmente derechos como contrato, vacaciones, aguinaldo y seguridad social.
Pero para más de dos millones de personas —mayoritariamente mujeres— esos derechos siguen sin materializarse plenamente.
El reto, advierte UNIDAS, ya no es sólo modificar leyes, sino conseguir que los hogares que funcionan como empleadores cumplan con ellas.
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