Por tercera ocasión desde mayo, una mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, impidió aprobar los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos anticipados de Morena y otros partidos rumbo a las elecciones de 2027.
Con siete votos en contra y cuatro a favor, el organismo electoral rechazó la noche del jueves 8 de octubre una nueva propuesta para vigilar los gastos, la propaganda y las actividades de quienes participan en los procesos internos de selección de coordinadores políticos, mecanismos que han sido cuestionados por su posible utilización como precampañas anticipadas.
El rechazo ocurre cuando el proceso electoral federal 2026-2027 ya está en marcha y Morena ha designado a 17 coordinadores estatales mediante procedimientos internos vinculados con la definición de sus futuras candidaturas a gubernaturas.
La votación quedó asentada en la versión estenográfica oficial de la sesión del Consejo General.
Bloque de Taddei impide fiscalizar procesos anticipados
La propuesta fue rechazada por Taddei y los consejeros Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz y Arturo Chávez.
En favor de aprobar las reglas se pronunciaron Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz y Rita Bell López.
El resultado mantuvo sin regulación específica adicional los procesos políticos internos que se desarrollan antes de los periodos legales de precampaña, aunque éstos siguen sujetos a las disposiciones electorales vigentes.
El proyecto buscaba establecer mecanismos para identificar el origen y destino de los recursos utilizados en recorridos territoriales, propaganda, encuentros públicos, encuestas y promoción de aspirantes.
También pretendía evitar que gastos relacionados con posibles actos anticipados quedaran fuera de la fiscalización o fueran revisados cuando las elecciones ya hubieran concluido.
Desde mayo, INE mantiene pendientes los lineamientos electorales
La primera propuesta fue sometida a votación el 27 de mayo, pero no alcanzó la mayoría necesaria. El 23 de julio se intentó nuevamente llevar el asunto al Consejo General; sin embargo, ocho consejeros respaldaron retirarlo del orden del día para continuar su análisis.
El 8 de octubre, los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz impulsaron una tercera discusión, ante la continuidad de los procesos de selección partidista y el inicio formal del calendario electoral.
Castillo advirtió que las actividades políticas anticipadas involucran recursos económicos que deberían ser revisados oportunamente.
El consejero sostuvo que, bajo el esquema ordinario de fiscalización, algunos gastos podrían ser examinados hasta el segundo semestre de 2027, cuando las elecciones ya hayan concluido.
También alertó que los lineamientos no tendrían efectos retroactivos, por lo que el tiempo transcurrido desde mayo limita el alcance de cualquier regulación futura.
La discusión recuperó como antecedente la sentencia SUP-JDC-255/2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), relacionada con los procesos políticos anticipados.
No obstante, existe una precisión jurídica: durante la sesión del 8 de octubre, Castillo reconoció que no hay una sentencia vigente que ordene específicamente al INE emitir estos nuevos lineamientos para 2026-2027. Su argumento fue que el precedente de 2023 permite adoptar una regulación semejante.
Taddei sostiene que corresponde al Congreso regular a los partidos
La mayoría que rechazó el proyecto argumentó que el INE no puede ampliar sus facultades regulatorias más allá de las disposiciones previstas en la legislación electoral.
Desde mayo, Taddei ha defendido que corresponde al Poder Legislativo establecer las reglas aplicables a las actividades internas de los partidos políticos.
Entre los argumentos contra la propuesta también figuró que una regulación aprobada en octubre llegaría después de la designación de los 17 coordinadores estatales de Morena y que su aplicación retroactiva no sería jurídicamente procedente.
En contraste, Humphrey sostuvo que el Instituto dispone de atribuciones para establecer mecanismos de vigilancia que permitan garantizar condiciones de equidad durante la competencia electoral.
Los promotores del proyecto subrayaron que fiscalizar esos procesos no significa declarar ilegales, por sí mismas, las actividades partidistas ni considerar automáticamente que constituyen actos anticipados de campaña.
Tribunal Electoral remite denuncias a autoridades locales
El debate se produce además después de que, el 30 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó que corresponde a los organismos públicos locales electorales revisar determinadas denuncias contra Morena por presuntos actos anticipados relacionados con coordinaciones territoriales.
La resolución confirmó la remisión de expedientes a las autoridades electorales estatales competentes, sin determinar por sí misma que Morena hubiera cometido las infracciones denunciadas.
Sin acuerdo, persiste disputa por fiscalización rumbo a 2027
Con la nueva votación, el INE mantiene pendiente la emisión de lineamientos específicos para los procesos políticos anticipados, mientras continúa la organización de las elecciones federales y locales de 2027.
La decisión no elimina las prohibiciones legales sobre actos anticipados de precampaña y campaña ni las obligaciones ordinarias de fiscalización de los partidos políticos.
Sin embargo, deja sin aprobar el mecanismo adicional que buscaba revisar oportunamente gastos y actividades de los aspirantes antes del comienzo de las precampañas legales.
La disputa entre los consejeros permanece centrada en los límites de las facultades del Instituto y en la posibilidad de intervenir preventivamente para garantizar la equidad electoral.
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