La Fiscalía General de la República (FGR), especialistas de Naciones Unidas y organizaciones civiles advirtieron sobre los vacíos legales que dificultan combatir la trata de personas en plataformas digitales, donde redes criminales captan a niñas, niños y adolescentes mediante videojuegos, chats y redes sociales.
Durante la mesa de trabajo “Prevención, persecución y atención integral de la trata de personas”, promovida por el diputado Gilberto Daniel Castillo García (Morena), exigieron actualizar la legislación, fortalecer las capacidades de investigación y destinar recursos presupuestales para prevenir el delito y proteger a las víctimas.
Haydeé Vargas Sánchez, fiscal especial para la Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la FGR, reconoció que la legislación vigente presenta deficiencias para enfrentar las nuevas modalidades de explotación mediante herramientas tecnológicas.
“Hay vacíos en cuanto al tema digital”, advirtió la funcionaria al referirse a la Ley General en materia de trata de personas.
Explicó que los tratantes aprovechan espacios digitales frecuentados por menores de edad, donde se hacen pasar por niñas, niños o adolescentes para establecer contacto con sus posibles víctimas.
“Hay juegos en línea, chats, un sinfín de plataformas digitales donde ellos ingresan no sólo por curiosidad sino por temas de educación, y esto hace que los adultos, los tratantes o depredadores se hagan pasar por menores de edad y es la forma en que son captados”, señaló.
La fiscal alertó que la velocidad con la que desaparecen los contenidos digitales complica la obtención de pruebas y el desarrollo de investigaciones, particularmente cuando la información se encuentra almacenada fuera de México.
“Con un clic estamos en las redes, en el ciberespacio, y con otro desaparece la evidencia”, advirtió.
Alertan por víctimas obligadas a cometer fraudes digitales
Felipe Vargas Carrasco, especialista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, alertó sobre una modalidad emergente de trata de personas en la que las víctimas son obligadas a participar en operaciones de fraude por internet.
Explicó que las organizaciones criminales utilizan ofertas falsas de empleo para enganchar personas, trasladarlas a instalaciones donde operan redes de estafas y despojarlas de sus documentos y libertad.
“Una de las manifestaciones emergentes que más preocupa es la trata de personas con fines de criminalidad forzada en operaciones de estafas en línea”, sostuvo.
Ante este fenómeno, pidió garantizar que las personas explotadas no sean procesadas penalmente por delitos cometidos bajo amenazas o coerción de los tratantes.
“Debemos evitar que sean detenidas, procesadas o sancionadas por conductas que realizaron como consecuencia directa de la explotación o la coerción ejercida por los tratantes”, enfatizó.
El especialista planteó que las investigaciones no se concentren exclusivamente en los responsables directos, sino también en las estructuras financieras que sostienen estas operaciones criminales.
“Seguir el dinero puede ayudar a identificar estructuras criminales, relacionar operaciones aparentemente aisladas, ubicar activos y debilitar la capacidad económica de estas redes criminales”, indicó.
También recomendó fortalecer la cooperación internacional para intercambiar información, realizar investigaciones conjuntas y recuperar activos vinculados con la explotación de personas.
Exigen regular uso criminal de inteligencia artificial
Vargas Carrasco señaló que las autoridades deben revisar los marcos jurídicos y las políticas públicas para responder al uso de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en la comisión de delitos.
Además, consideró indispensable capacitar al personal encargado de identificar víctimas, garantizar alojamiento seguro, asistencia jurídica, apoyo psicológico y mecanismos de reintegración social.
Por su parte, la fiscal Haydeé Vargas sostuvo que la protección de las víctimas debe trascender la investigación penal, pues también enfrentan falta de seguridad jurídica y obstáculos para acceder a la justicia.
Piden presupuesto y reformas contra la trata de personas
Angie de Luna Palos, directora de A21 LATAM, advirtió que la prevención de la trata no puede limitarse a campañas informativas y debe proporcionar herramientas prácticas para identificar riesgos y denunciar situaciones de explotación.
Cuestionó si la población cuenta con información suficiente para reconocer señales de alerta, acudir a las instituciones correspondientes y reaccionar sin ponerse en peligro.
La representante de la organización solicitó que los planteamientos de la mesa legislativa se traduzcan en acuerdos concretos, reformas legales y recursos para fortalecer a las instituciones responsables de combatir este delito.
Propuso elaborar una matriz de ajustes legislativos y reglamentarios para identificar las competencias federales y estatales, así como las necesidades de información, capacitación y presupuesto.
La discusión dejó sobre la mesa la necesidad de cerrar los vacíos legales frente a la captación digital de víctimas, fortalecer la persecución de las redes criminales y garantizar que las propuestas legislativas cuenten con recursos para su aplicación.
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