El Partido del Trabajo (PT) busca criminalizar la gestación subrogada en México, incluso cuando se realice sin fines de lucro, mediante una reforma que contempla penas de hasta 25 años de prisión contra quienes organicen, promuevan, financien o participen en acuerdos de esta naturaleza.
La iniciativa, impulsada por el diputado Reginaldo Sandoval Flores y suscrita por integrantes de su bancada, plantea incorporar la denominada explotación reproductiva mediante gestación subrogada a la Ley General en Materia de Trata de Personas, con castigos que alcanzarían también a intermediarios, clínicas, profesionales médicos, abogados y fedatarios públicos.
El proyecto propone penas de 10 a 20 años de cárcel y multas de 5 mil a 50 mil días para quienes celebren, faciliten, publiciten o gestionen acuerdos de gestación subrogada, independientemente de que exista una contraprestación económica o de que la operación se realice dentro o fuera del territorio nacional.
Las sanciones aumentarían de 15 a 25 años de prisión y multas de 10 mil a 75 mil días cuando existan circunstancias agravantes, como engaño, amenazas, coacción, abuso de poder o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad económica, social o cultural.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su análisis.
Buscan penas de hasta 25 años por gestación subrogada
La reforma plantea considerar como delito de explotación reproductiva cualquier acuerdo por el cual una mujer se comprometa a gestar un embrión para entregar al recién nacido a una o varias personas, denominadas padres de intención o comitentes.
La prohibición abarcaría acuerdos gratuitos y remunerados, sin importar si existe un vínculo genético entre la mujer gestante y el recién nacido.
El proyecto establece agravantes cuando la conducta involucre a personas menores de 18 años, a personas que no puedan comprender el significado del hecho o cuando exista participación de redes de delincuencia organizada.
También contempla penas mayores cuando se prive a la mujer gestante de su libertad de tránsito durante cualquier etapa del procedimiento o se actúe con fines de tráfico de órganos, tejidos o componentes del recién nacido.
En caso de participación de servidores públicos, la iniciativa prevé destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, además de las sanciones penales correspondientes.
También prevén cárcel para médicos, abogados y notarios
La propuesta del PT no se limita a quienes celebran los acuerdos, sino que extiende la responsabilidad penal a profesionales que intervengan en los procedimientos.
Plantea penas de cinco a 15 años de prisión y multas de 2 mil a 30 mil días para quienes, con conocimiento de la existencia de un acuerdo de gestación subrogada, proporcionen servicios médicos de reproducción asistida, realicen transferencias embrionarias, certifiquen contratos o brinden asesoría jurídica para formalizarlos o ejecutarlos.
Las sanciones también alcanzarían a quienes registren a los recién nacidos en términos distintos a los previstos por la filiación derivada del parto, conforme al proyecto.
Para servidores públicos y profesionales que incurran en estas conductas se contempla, adicionalmente, la inhabilitación para ejercer sus funciones de cinco a 15 años.
La iniciativa excluye de estas sanciones la asesoría o representación jurídica destinada a proteger los derechos de la mujer gestante, del recién nacido o la defensa legal de las partes en procedimientos judiciales o administrativos.
Plantean anular contratos de gestación subrogada
El proyecto establece que cualquier contrato, convenio o acuerdo relacionado con la gestación subrogada sería nulo de pleno derecho y no podría validarse posteriormente.
Sin embargo, precisa que la nulidad no afectaría los derechos del recién nacido, quien sería reconocido como víctima para efectos de asistencia y protección previstos en la legislación.
La filiación se determinaría conforme al parto, al interés superior de la niñez y a las disposiciones legales aplicables.
Para niñas y niños nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero que se encuentren en México, las autoridades tendrían que resolver su registro, identidad y filiación considerando los tratados internacionales y sus derechos fundamentales.
El reconocimiento de documentos extranjeros no implicaría, conforme al proyecto, la legalización de la práctica prohibida.
Mujeres gestantes quedarían libres de responsabilidad penal
Uno de los aspectos centrales de la propuesta consiste en excluir expresamente de responsabilidad penal a las mujeres que hayan participado en acuerdos de gestación subrogada.
El proyecto señala que, en ningún caso, podrá iniciarse acción penal en su contra por intervenir en dichos procedimientos.
En cambio, serían reconocidas como víctimas, con derecho a protección institucional, atención médica y psicológica, asistencia jurídica y reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas.
La iniciativa pretende concentrar la persecución penal en quienes organizan, financian, comercializan o facilitan los procedimientos, sin sancionar a las mujeres gestantes.
Acusa PT negocio millonario con vientres subrogados
En la exposición de motivos, Sandoval Flores sostiene que la gestación por sustitución se ha convertido en una industria transnacional que mercantiliza los procesos reproductivos y la filiación humana.
Según las cifras citadas por el legislador, en México un procedimiento de gestación subrogada tiene un costo promedio de 90 mil dólares, mientras que la mujer gestante recibe entre 9 mil y 10 mil dólares.
El diputado afirma que despachos, intermediarios, agencias y clínicas privadas concentran más del 85 por ciento de los ingresos generados por estas operaciones.
Se trata de estimaciones presentadas en la exposición de motivos, no de cifras verificadas de manera independiente en el documento proporcionado.
La discusión legislativa ocurre en un contexto de criterios judiciales que también buscan proteger los derechos de las personas involucradas en estos acuerdos. En febrero de 2026, la Suprema Corte fijó jurisprudencia sobre la vía judicial para revisar acuerdos de gestación sustituta ante la ausencia de regulación específica en la Ciudad de México.
La propuesta del PT adopta una posición más restrictiva al plantear la prohibición penal general de la gestación subrogada, incluso en su modalidad gratuita.
Para concretarse, la reforma tendría que superar el proceso legislativo correspondiente. Las penas de hasta 25 años, la nulidad general de los contratos y las demás sanciones planteadas aún son propuestas, no disposiciones aprobadas.
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