Entre acusaciones de incrementos excesivos y advertencias sobre posibles afectaciones a la salud, el turismo y la actividad económica, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos para 2027, que actualizan cobros por servicios migratorios, consulares, sanitarios, financieros y por el aprovechamiento de bienes nacionales.
El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre, fue avalado con 27 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 22 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, tras incorporar modificaciones.
La propuesta fue turnada a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el impacto de los nuevos cobros sobre ciudadanos y empresas, mientras Morena, PT y PVEM defendieron la actualización como un mecanismo para financiar servicios públicos y fortalecer la regulación.
Uno de los señalamientos más severos surgió por los incrementos en trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde, de acuerdo con cifras expuestas por la oposición, una licencia sanitaria para servicios de transfusión pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos.
Alertan por aumentos de hasta 1,071% en trámites sanitarios
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández anunció su rechazo al dictamen al considerar que las modificaciones no representan únicamente ajustes administrativos, sino incrementos con posibles repercusiones en hospitales, transporte, turismo, construcción y otros sectores productivos.
“El caso más preocupante son los aumentos excesivos en el sector salud que cobra la Cofepris, porque son servicios vinculados con la salud de la ciudadanía”, advirtió.
El aumento señalado para la licencia de servicios de transfusión equivale a 15 mil 867 pesos adicionales, aproximadamente mil 71 por ciento respecto de la cuota anterior.
La reforma contempla la actualización de tarifas correspondientes a 29 servicios de Cofepris, relacionados con permisos, autorizaciones, licencias, registros, certificados sanitarios y procedimientos de inspección.
Desde la presidencia de la Comisión de Hacienda, el diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena, sostuvo que el propósito es ajustar las cuotas al costo real de los servicios, evitando que las autoridades absorban gastos que corresponden a los particulares sujetos a regulación.
Aseguró que las modificaciones no tienen una finalidad estrictamente recaudatoria, sino que buscan garantizar la sostenibilidad operativa de las instituciones públicas.
Cuestionan aumentos migratorios y señalan al Tren Maya
Otro punto de confrontación fue la actualización de derechos migratorios, particularmente los relacionados con visitantes extranjeros que no realizan actividades remuneradas.
El panista Homero Ricardo Niño de Rivera Vela acusó que los incrementos responden a la necesidad de obtener recursos para financiar el Tren Maya.
“Ya no saben de dónde sacar dinero para financiar el Tren Maya”, afirmó.
El legislador señaló que este tipo de cobros ha registrado aumentos importantes durante los últimos años, situación que, advirtió, podría afectar la competitividad turística de México.
Durante la discusión en lo particular, la Comisión de Hacienda aceptó una reserva de Carol Antonio Altamirano para fijar en mil 158 pesos la cuota por expedición del documento migratorio correspondiente, en lugar de los mil 334.80 pesos contemplados inicialmente.
También se modificó la distribución de los ingresos establecidos en el artículo 18-A: 57 por ciento se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.
PAN y PRI acusan nuevos cobros pese a promesas fiscales
El diputado priista Christian Mishel Castro Bello cuestionó que el Gobierno federal proponga nuevas cuotas e incrementos cuando, sostuvo, existió el compromiso de no aumentar las contribuciones.
Advirtió que las medidas deben analizarse por sus consecuencias sobre las familias, las pequeñas empresas y las comunidades.
“México no necesita un gobierno que cada vez cobre más; necesita un gobierno que haga más con los recursos que ya tiene”, sostuvo.
En el mismo sentido, Emilio Lara Calderón, también del PRI, señaló que cualquier incremento debe justificarse mediante estudios de impacto económico y explicaciones transparentes sobre el destino de los recursos.
Por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo reconoció aspectos favorables de la reforma, pero exigió mayor rendición de cuentas.
“MC quiere un Estado que recaude bien, que cobre con proporcionalidad, explique cuánto cuesta, mida resultados y no convierta cada trámite en una nueva carga”, expresó.
Su compañero de bancada Eduardo Gaona Domínguez propuso aplicar gradualmente los incrementos extraordinarios de Cofepris que superen de manera sustancial la inflación, además de exigir a Hacienda y a la autoridad sanitaria estudios técnicos que justifiquen las nuevas tarifas.
Morena defiende actualización; bajan 12% derechos del espectro móvil
Frente a los cuestionamientos, legisladores de Morena argumentaron que la reforma busca modernizar el esquema de cobros del Estado y corregir cuotas que dejaron de corresponder al costo de los servicios.
Luis Humberto Fernández Fuentes destacó que el dictamen contempla una reducción de 12 por ciento en los derechos aplicables a determinadas bandas del espectro radioeléctrico utilizadas para telefonía móvil.
También señaló que se eliminarán cobros de acceso en 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas federales, además de establecer tarifas consulares uniformes y actualizar disposiciones sobre servicios portuarios.
“Paga quien usa y aporta más quien más aprovecha”, resumió.
Por su parte, Claudia Rivera Vivanco, de Morena, aseguró que la reforma no incrementa el precio de los pasaportes mexicanos ni modifica la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).
Explicó que los cambios se concentran en derechos específicos relacionados con visitantes extranjeros, servicios financieros, infraestructura ferroviaria y bienes nacionales.
El dictamen también establece una cuota uniforme para la expedición de certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola para importación.
Asimismo, sustituye una cuota adicional de inspección y vigilancia a las Afores por un factor de 0.1750 al millar, con el argumento de evitar incrementos acelerados en las obligaciones de las entidades supervisadas.
Ajustan tarifas por playas y zonas federales
Durante la discusión en lo particular también fueron aprobadas reservas para modificar la clasificación de municipios costeros, lo que incide en las cuotas aplicables por el uso y aprovechamiento de playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar.
Entre los cambios destacan reclasificaciones en Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, así como en Mazatlán, Sinaloa; La Huerta, Jalisco, y Santa María Colotepec, Oaxaca.
Las modificaciones buscan ajustar los cobros a las condiciones económicas, turísticas, territoriales y ambientales de cada municipio.
Además, se contempla actualizar derechos por el uso del espacio aéreo mexicano y por la extracción de materiales, así como establecer cobros relacionados con autorizaciones temporales del espectro radioeléctrico.
Aprueban exenciones para museos y áreas naturales protegidas
La Comisión de Hacienda también aceptó una reserva presentada por el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, para ampliar beneficios de acceso gratuito a determinados espacios culturales y naturales.
La propuesta establece exenciones para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que los domingos ingresen a Áreas Naturales Protegidas donde se localicen museos, monumentos o zonas arqueológicas comprendidos en la legislación.
También contempla beneficios para menores de 13 años, adultos mayores de 60, estudiantes y docentes que acrediten su condición.
Adicionalmente, incorpora la exención del pago para habitantes de comunidades indígenas ubicadas en municipios colindantes con Áreas Naturales Protegidas, siempre que acrediten su domicilio mediante identificación oficial vigente.
El diputado petista Luis Armando Díaz sostuvo que los derechos cobrados por el aprovechamiento de bosques, vida silvestre y zonas arqueológicas permiten financiar acciones de protección, vigilancia y restauración.
En tanto, el legislador del PVEM Mario Alberto López Hernández afirmó que la actualización de la Ley Federal de Derechos contribuirá a dar certeza jurídica al cobro de servicios públicos y al aprovechamiento del patrimonio nacional.
La reforma también incorpora derechos por modificación del registro de armas de fuego, así como ajustes en servicios financieros, ambientales, ferroviarios y de telecomunicaciones.
Con su aprobación en comisiones, el dictamen quedó listo para continuar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados, en medio de diferencias por el alcance de los incrementos y sus eventuales efectos económicos.
Deja una respuesta