Organizaciones indígenas y afromexicanas exigieron retirar el proyecto de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, integrado por 453 artículos, al advertir presuntos retrocesos en autonomía, territorio y derechos colectivos, además de irregularidades en el proceso de consulta.
La demanda surgió luego de que la Presidencia de la República informara que ampliaría el plazo de consulta de la iniciativa, cuya presentación ante la Cámara de Diputados estaba prevista para este lunes.
La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), respaldó la decisión de ampliar el periodo de revisión, pero planteó modificar la metodología para garantizar una participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas.
“Qué bueno que no llegó hoy la iniciativa de ley que ya habían planteado, que esperamos que se trabaje a profundidad y que nos den espacio a las y los diputados federales, a las organizaciones de la sociedad civil, para que también podamos aportar”, expresó.
En conferencia de prensa, acompañada por representantes de organizaciones indígenas, la legisladora sostuvo que el proceso debe incorporar las propuestas de las comunidades antes de que el proyecto avance en el Congreso.
Denuncian restricciones en 84 foros de consulta indígena
Carlos De Jesús Alejandro, representante de las organizaciones participantes, cuestionó la metodología aplicada durante los 84 foros convocados en el territorio nacional.
Afirmó que, pese a la asistencia de representantes comunitarios, en diversos encuentros se restringieron las intervenciones y no se permitió una discusión amplia sobre el contenido de la iniciativa.
“Nos convocaron a 84 foros en el territorio nacional, participamos en muchos de ellos, fue acotada nuestra participación en muchos de ellos, no se permitió que se abriera un debate amplio, crítico incluso, revisorio de cada uno de los libros que contenía esta propuesta iniciativa”, denunció.
Las organizaciones consideraron que el procedimiento no cumplió con los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni con los estándares establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Entre las deficiencias señaladas mencionaron la falta de condiciones para una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Como parte de su revisión, representantes comunitarios organizaron ocho foros regionales paralelos al proceso oficial, donde recopilaron observaciones técnicas, jurídicas y políticas.
Los resolutivos fueron entregados a los grupos parlamentarios de San Lázaro y enviados electrónicamente a los 500 diputados federales.
Piden anular consulta y reformar artículo 27 constitucional
Rafael Reyes, integrante del Observatorio Mesoamericano Indígena y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, presentó un pronunciamiento elaborado a partir de una consulta regional celebrada el 3 de octubre en San Luis Potosí.
En ese encuentro, explicó, los participantes rechazaron el proyecto por considerar que contiene disposiciones regresivas que afectarían la autonomía, la personalidad jurídica, los territorios y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Entre sus exigencias destacó “el retiro inmediato del borrador de trabajo de 453 artículos por su inviabilidad técnica, normativa confusa y su carácter regresivo”.
También solicitaron declarar la nulidad del procedimiento de consulta realizado mediante asambleas regionales y promover una reforma al artículo 27 constitucional para fortalecer la protección jurídica de los territorios indígenas.
Las organizaciones demandaron, además, establecer mecanismos que garanticen la transferencia directa de recursos públicos a las comunidades, con el propósito de respaldar presupuestalmente el ejercicio de sus derechos.
Rechazan proyectos extractivos sin autorización comunitaria
Los representantes indígenas manifestaron su oposición a proyectos mineros, energéticos, hidráulicos y otras actividades extractivas que pretendan desarrollarse en sus territorios sin autorización de las asambleas comunitarias.
También plantearon reforzar la protección del patrimonio cultural y establecer garantías específicas para mujeres indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Advierten que derechos indígenas requieren presupuesto
Durante el encuentro, Cruz Jiménez informó que promovió en la Cámara de Diputados el foro “¿Y el presupuesto? Derechos sin presupuesto”, con participación de integrantes de la Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México (COPIM).
El ejercicio permitió presentar los resultados de los ocho foros regionales y colocar en la discusión legislativa la necesidad de acompañar los derechos reconocidos en la legislación con recursos públicos para hacerlos efectivos.
La diputada petista reiteró su disposición a respaldar las demandas de las organizaciones y participar, junto con la bancada plural indígena, en la elaboración de una legislación que incorpore sus observaciones.
Con la ampliación del plazo de consulta, el proyecto permanece sujeto a revisión, mientras las organizaciones participantes mantienen su exigencia de retirar el borrador y replantear el procedimiento antes de su presentación formal ante la Cámara de Diputados.
Deja una respuesta