Los pacientes con cáncer que pierdan su empleo o dejen de contar con seguridad social no podrán quedar sin tratamiento médico, de acuerdo con una reforma a la Ley General de Salud que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y que aún deberá ser votada por el Pleno.
El presidente de la Comisión, Pedro Zenteno Santaella (Morena), informó que la propuesta busca garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos, establecer un plazo máximo de 60 días para iniciar la atención y crear un sistema nacional que coordine la prevención, diagnóstico y control del cáncer en México.
En conferencia de prensa, el legislador aseguró que el dictamen cuenta con el aval de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, por lo que confió en que avance próximamente en el proceso legislativo.
“Está avalada por la Secretaría de Salud, está avalada por los compañeros de Hacienda, y creo que es solamente cuestión de tiempo para lograrlo, que sea presentada ya en el Pleno”, afirmó.
La iniciativa pretende corregir uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes: la interrupción de quimioterapias, medicamentos y procedimientos cuando cambian de régimen laboral o pierden su derecho a recibir atención en una institución de seguridad social.
“Todos aquellos que continúan con su tratamiento lo tienen que continuar y no se suspende, que eso es muy importante porque en el centro está garantizar el tratamiento, porque no hablamos ni de folios ni de expedientes, sino sencillamente de seres humanos”, sostuvo Zenteno.
Obligarían a iniciar tratamientos contra el cáncer en 60 días
Elisa Puente, representante de Fundación CIMA, explicó que la reforma trasladaría a las instituciones públicas la responsabilidad de garantizar una atención oportuna, incluso cuando una clínica u hospital carezca de medicamentos, personal o capacidad para recibir a nuevos pacientes.
De aprobarse, las unidades médicas tendrían que activar mecanismos de referencia inmediata hacia otros establecimientos para cumplir con el plazo máximo de 60 días para iniciar el tratamiento oncológico.
“Garantizar el inicio del tratamiento en máximo 60 días va a implicar que si una clínica pública no tiene capacidad o insumos queda obligada por ley a activar mecanismos de referencia inmediata a otra unidad para cumplir el plazo”, explicó.
Puente advirtió que los retrasos pueden reducir las posibilidades de supervivencia y agravar las consecuencias económicas para las familias.
Sostuvo que actualmente el 45 por ciento de los casos de cáncer se diagnostican en etapas tres y cuatro, cuando la atención resulta más compleja y, según afirmó, puede triplicar los costos para el sistema público de salud.
La representante de Fundación CIMA rechazó que el fortalecimiento de la atención oncológica deba considerarse únicamente como un gasto adicional, pues aseguró que la detección tardía y la interrupción de tratamientos también elevan los costos institucionales.
Advirtió que numerosas familias terminan vendiendo bienes o comprometiendo su patrimonio para pagar quimioterapias ante los retrasos en hospitales públicos.
Buscan agilizar acceso a medicamentos contra el cáncer
Francisco Freyria, de Fundación Fomento de Desarrollo “Teresa de Jesús”, destacó que la creación del Sistema Nacional de Atención Integral del Cáncer permitiría fortalecer la coordinación institucional y establecer criterios científicos para definir tratamientos, protocolos médicos y adquisición de medicamentos.
Explicó que la propuesta contempla la participación del Instituto Nacional de Cancerología en una secretaría técnica para orientar las decisiones médicas y administrativas.
“Esto garantiza que las decisiones sobre protocolos y compras se basen en evidencia científica y no en coyunturas políticas”, afirmó.
Freyria señaló que el artículo quinto transitorio del proyecto plantea otorgar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un plazo de 120 días para emitir lineamientos sobre reconocimiento mutuo o equivalencia regulatoria.
El objetivo, dijo, es reducir las demoras para acceder a terapias innovadoras que ya se utilizan en otros países.
“Un paciente en México no debe de esperar de 3 a 5 años más que un paciente en otros países para acceder a opciones terapéuticas de nueva generación”, expresó.
También propuso impulsar el diagnóstico genómico oportuno, con el propósito de identificar las características del cáncer de cada paciente y seleccionar desde el inicio el tratamiento más adecuado.
De acuerdo con el especialista, esta medida permitiría evitar terapias ineficaces, disminuir el desgaste físico de los enfermos y utilizar de manera más eficiente los recursos públicos.
Protegerían tratamiento de menores al cumplir 18 años
Leonardo Arana, director de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, advirtió que otro de los problemas que busca resolver la reforma es la pérdida de cobertura médica de jóvenes que cumplen 18 años mientras reciben atención en instituciones pediátricas.
Señaló que la transición hacia servicios médicos para adultos puede poner en riesgo la continuidad de tratamientos que todavía no concluyen.
“Esta iniciativa faculta al Estado a garantizar la continuidad del ciclo terapéutico hasta la estabilización clínica del paciente”, sostuvo.
El representante de la organización agregó que el dictamen también sienta bases para combatir la discriminación financiera relacionada con antecedentes médicos de cáncer, a fin de facilitar la reinserción económica y social de los pacientes.
Exigen blindar presupuesto contra el cáncer desde 2027
Arana planteó que el Programa Nacional de Atención y Control del Cáncer cuente con recursos específicamente identificados en el presupuesto federal a partir de 2027.
Explicó que la propuesta busca sujetar el financiamiento al principio de progresividad, con el objetivo de impedir que los recursos destinados a la atención oncológica sean inferiores a los autorizados en el ejercicio anterior.
“Esto significa que el presupuesto oncológico nunca podrá ser menor al del año anterior, blindando los tratamientos infantiles contra cualquier recorte institucional”, afirmó.
La reforma todavía deberá superar su discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, así como las etapas legislativas correspondientes, antes de convertirse en una obligación legal.
Mientras tanto, el principal reto será establecer mecanismos de coordinación y financiamiento que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos, independientemente de la situación laboral o de seguridad social de los pacientes.
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