Ante la sobrepoblación carcelaria y los hechos de violencia registrados en distintos centros de reclusión, el Gobierno federal construirá seis nuevos penales en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia para reforzar el control penitenciario e impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las prisiones.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció durante la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, que los nuevos complejos estarán proyectados para 2028 y contarán con infraestructura de alta seguridad, vigilancia tecnológica, sistemas de bloqueo de señales y mecanismos de clasificación de internos de acuerdo con su peligrosidad y nivel de riesgo.
«El objetivo es que el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior y que el sistema penitenciario contribuya a reducir la violencia, combatir la impunidad y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas», afirmó.
Los seis nuevos centros penitenciarios serán construidos en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Sin embargo, hasta este martes las autoridades federales no habían dado a conocer los municipios ni los predios específicos donde se levantarán cinco de las seis instalaciones.
En el caso de Sinaloa, el proyecto está vinculado a la crisis penitenciaria de Mazatlán y a la construcción de una nueva prisión en esa localidad, aunque todavía no se ha precisado el terreno donde se edificará.
El nuevo penal de Sinaloa será el primero en construirse con recursos federales y tendrá capacidad para dos mil 640 internos, después de los enfrentamientos registrados en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 12 personas, entre ellas un menor de dos años, durante dos jornadas de violencia ocurridas el 8 y 9 de octubre.
Los hechos dejaron al descubierto problemas de seguridad, presencia de armas y deficiencias de control institucional en el establecimiento, escenario de enfrentamientos entre integrantes de facciones antagónicas del Cártel de Sinaloa.
«En el caso de Sinaloa, ante los hechos recientes ocurridos en el centro penitenciario de Mazatlán, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó que fuera el primero de los centros penitenciarios a construir con recursos federales», señaló García Harfuch.
El funcionario indicó que, mientras se concreta la construcción, el penal de Mazatlán permanecerá reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el incremento de las detenciones durante su administración ha generado presión sobre la capacidad del sistema penitenciario y que no se puede permitir que la sobrepoblación se convierta en un problema adicional de seguridad y derechos humanos.
La mandataria explicó que las nuevas instalaciones serán financiadas con recursos públicos y que su operación estará bajo responsabilidad gubernamental.
Nayarit propone terreno; falta definir sedes de los otros penales
En Nayarit, información publicada por medios locales señala que Tepic ha planteado la zona de La Resolana como posible ubicación del nuevo centro penitenciario. No obstante, la propuesta no constituye todavía una confirmación oficial del terreno ni de la sede definitiva.
Para Chiapas, Estado de México, Sonora y Veracruz tampoco se han anunciado públicamente municipios específicos, mientras que las autoridades deberán concretar los terrenos, presupuestos y calendarios de ejecución.
Aunque diversas publicaciones sitúan la conclusión de las obras en 2028, La Jornada reportó una previsión para 2027, por lo que el calendario definitivo aún requiere confirmación oficial.
Refuerzan vigilancia y trasladan a más de tres mil internos
García Harfuch informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, las autoridades realizaron tres mil 275 traslados de personas privadas de la libertad para reducir riesgos y mejorar el control penitenciario.
De ese total, destacó nueve operativos en Sinaloa que permitieron trasladar a 636 internos a distintos centros federales. Asimismo, reportó 614 traslados procedentes de establecimientos penitenciarios locales.
Durante el mismo periodo se efectuaron 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, con el aseguramiento de más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.
El funcionario aseguró que estas acciones contribuyeron a disminuir 35 por ciento los códigos de emergencia en los centros federales, principalmente los relacionados con riñas, agresiones, amenazas y otras situaciones de riesgo.
«Se han fortalecido las acciones de vigilancia, supervisión y control en los centros federales de reinserción social para mantener el orden, pero sobre todo para prevenir actividades delictivas y mejorar las condiciones de seguridad de las personas privadas de la libertad, pero también del personal penitenciario», sostuvo.
Anunció también la incorporación de mil 192 nuevos elementos y la creación de una Unidad de Reacción Penitenciaria para atender situaciones de riesgo y apoyar a las entidades federativas.
Finalmente, García Harfuch señaló que el nuevo modelo incluirá espacios destinados a educación, trabajo, capacitación laboral, salud y actividades deportivas, con el propósito de fortalecer la reinserción social, además de impedir que los centros penitenciarios continúen funcionando como espacios de operación de grupos criminales.
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