La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que ejercerá su facultad de atracción para investigar la presunta represión policial contra manifestantes que exigían agua limpia en Guadalajara, durante una movilización que terminó con detenciones, lesionados y denuncias por uso excesivo de la fuerza.
Por acuerdo de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, el organismo nacional asumirá la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante la protesta del pasado 11 de octubre, en la que participaron miles de ciudadanos inconformes con la calidad del agua suministrada en la zona metropolitana de Guadalajara.
La CNDH sostuvo que la intervención busca garantizar indagatorias expeditas, imparciales y con perspectiva de derechos humanos, además de esclarecer la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco señalados por presuntos abusos.
Investigan uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias
La protesta, que comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines.
Durante el operativo, agentes estatales utilizaron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los participantes, mientras ciudadanos denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y agresiones contra personas que acudieron a exigir agua potable.
El Gobierno de Jalisco reportó inicialmente 39 detenidos y 28 policías lesionados, dos de gravedad. Sin embargo, organizaciones civiles y familiares denunciaron que el número de personas arrestadas fue superior al reconocido oficialmente.
La investigación del organismo nacional deberá contribuir a esclarecer las circunstancias de las detenciones, determinar si existieron violaciones a derechos humanos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Pablo Lemus reconoce excesos policiales en Guadalajara
La intervención de la CNDH ocurre después de que el gobernador Pablo Lemus reconociera abusos de elementos de seguridad y detenciones injustificadas durante la manifestación.
El mandatario, quien inicialmente atribuyó los actos violentos a presuntos grupos de choque infiltrados en la movilización, admitió posteriormente que policías estatales incurrieron en excesos y aseguró que serían sancionados.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicaciones al Gobierno estatal y cuestionó que una protesta ciudadana por el acceso al agua terminara con actos de represión.
La mandataria federal sostuvo que las autoridades tienen la obligación de garantizar el orden público sin vulnerar el derecho constitucional a manifestarse.
Crisis del agua desata protestas en Jalisco
La movilización fue convocada ante el deterioro de la calidad del agua que reciben habitantes de cientos de colonias del área metropolitana de Guadalajara.
Los inconformes denunciaron que el líquido llega a sus viviendas con coloración turbia y malos olores, situación que atribuyen a deficiencias en el sistema de abastecimiento y potabilización.
El problema ha colocado bajo presión al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y al Gobierno de Jalisco, ante las exigencias de garantizar agua segura para consumo humano.
La crisis se relaciona con infraestructura obsoleta, deficiencias de mantenimiento y problemas en las fuentes de abastecimiento, de acuerdo con reportes sobre las condiciones del sistema hidráulico metropolitano.
CNDH exige esclarecer abusos y evitar nuevas agresiones
Además de la investigación federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió un expediente por los hechos registrados durante la marcha y emitió medidas cautelares para proteger la integridad de las personas detenidas.
El organismo estatal informó que recibió inicialmente cinco quejas por presunto abuso de autoridad y solicitó garantizar atención médica, respeto al debido proceso y una pronta definición de la situación jurídica de los arrestados.















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