La bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca incorporar en una nueva legislación electoral criterios para determinar cuándo la cobertura de los medios de comunicación constituye propaganda política encubierta y puede contribuir a la anulación de una elección.
La propuesta, contenida en el predictamen de la Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, será sometida a discusión el jueves 15 de octubre en la Comisión de Reforma Política Electoral, presidida por el diputado morenista Víctor Hugo Lobo.
El planteamiento establece que una cobertura informativa podrá considerarse indebida cuando los espacios noticiosos sean utilizados de manera reiterada y sistemática para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, en lugar de cumplir una función estrictamente periodística.
La disposición, incluida en el numeral 6 del artículo 86, abre una discusión sobre los límites entre la libertad de prensa, la propaganda electoral y las facultades de los tribunales para evaluar contenidos informativos.
Sin embargo, el criterio no es completamente nuevo: una redacción prácticamente idéntica existe desde 2014 en el artículo 78 Bis de la legislación electoral vigente. El nuevo predictamen recupera esa disposición dentro de un ordenamiento que busca sustituir la ley de 1996.
Buscan distinguir propaganda de ejercicio periodístico
El predictamen establece que se presumirá la existencia de cobertura informativa indebida cuando, por la frecuencia, sistematicidad y características de los contenidos difundidos, resulte evidente que existe una actividad publicitaria encaminada a modificar las preferencias de los electores.
No obstante, el proyecto no desarrolla parámetros específicos para establecer en qué momento una cobertura periodística se convierte en propaganda electoral encubierta.
Esta indefinición plantea interrogantes sobre los criterios que deberán utilizar las autoridades jurisdiccionales para diferenciar entre la información de interés público, el ejercicio editorial y la publicidad dirigida a favorecer o perjudicar candidaturas.
Morena incluye protección a entrevistas y opiniones
El proyecto también establece que entrevistas, editoriales, opiniones y análisis de cualquier naturaleza no podrán ser objeto de censura o persecución judicial cuando expresen las convicciones de quienes los emiten.
Con esta disposición, los legisladores plantean salvaguardar las libertades de expresión e información frente a posibles interpretaciones restrictivas de las normas electorales.
Sin embargo, la protección expresamente prevista para estos contenidos no elimina la necesidad de definir cómo deberán evaluarse las coberturas noticiosas que sean cuestionadas durante una contienda electoral.
Exigen violaciones graves para anular una elección
El predictamen señala que la nulidad de los comicios no podrá determinarse únicamente por cuestionamientos a una cobertura informativa.
Para invalidar una elección deberán acreditarse violaciones graves, dolosas y determinantes, mediante elementos objetivos y materiales.
El proyecto retoma el criterio constitucional que presume la relevancia de una irregularidad cuando la diferencia de votación entre el primero y segundo lugar sea inferior a cinco puntos porcentuales.
En caso de declararse la nulidad, deberá convocarse a una elección extraordinaria, en la que no podrá competir la persona sancionada.
Incluyen injerencia extranjera y elección presidencial
La propuesta también incorpora disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en procesos electorales y establece supuestos específicos para invalidar una elección presidencial.
Entre ellos figuran irregularidades acreditadas en al menos 25 por ciento de las casillas instaladas, la falta de instalación de una cuarta parte de éstas o la inelegibilidad de la candidatura ganadora.
El predictamen también contempla implementar un sistema de justicia electoral en línea, mediante la coordinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Reforma electoral revive tras aplazamiento de mayo
La iniciativa retoma una discusión que Morena había pospuesto el 28 de mayo de 2026, cuando el coordinador de sus diputados, Ricardo Monreal, anunció que se retiraba temporalmente el dictamen para buscar mayores consensos y fortalecer la certeza jurídica.
Ahora, el documento vuelve a la agenda legislativa en medio del proceso electoral 2026-2027, circunstancia que obliga a revisar los límites constitucionales para modificar las reglas de las contiendas una vez iniciadas.
El artículo 105 constitucional prohíbe realizar modificaciones legales fundamentales durante los 90 días previos al inicio de un proceso electoral y mientras éste se desarrolla.
Por ello, una eventual aprobación de la nueva ley no significaría que sus disposiciones pudieran aplicarse automáticamente a los comicios en curso.
La discusión del jueves pondrá nuevamente sobre la mesa la regulación de la propaganda electoral disfrazada de información y las garantías necesarias para impedir que las normas electorales se conviertan en instrumentos de restricción al trabajo periodístico.
Deja una respuesta