El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum endureció las reglas para las plataformas digitales en México al obligarlas a verificar la edad de sus usuarios, retirar inmediatamente contenidos que representen riesgos para menores de edad y establecer mecanismos de colaboración permanente con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
El decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, publicado el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor ese mismo día y establece obligaciones para redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y otros servicios digitales que permiten la interacción entre usuarios.
La disposición federal prohíbe que las plataformas permitan a menores el acceso, exposición o recomendación de contenidos relacionados con acoso, violencia sexual, pornografía, discursos de odio, apología del delito, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.
Obligan a plataformas a verificar edad y retirar contenidos
Uno de los cambios centrales del decreto es que las plataformas ya no podrán depender únicamente de que los usuarios declaren su edad al registrarse.
Las empresas deberán implementar mecanismos confiables y seguros para comprobarla, además de establecer criterios públicos para clasificar contenidos según la edad y retirar cuentas o publicaciones que incumplan las nuevas disposiciones.
También tendrán que activar, de manera predeterminada, las configuraciones de privacidad y seguridad más estrictas disponibles para proteger a niñas, niños y adolescentes.
El decreto obliga a habilitar herramientas permanentes de denuncia y mecanismos de supervisión parental, así como evaluar periódicamente los riesgos derivados de sus sistemas de recomendación, funcionalidades e interacción entre usuarios.
Exigen contacto con autoridades las 24 horas
La nueva regulación también impone responsabilidades de colaboración con las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
Las plataformas deberán designar un contacto especializado, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, con capacidad técnica para atender de inmediato requerimientos relacionados con contenidos digitales.
Cuando una cuenta o publicación sea retirada, las empresas estarán obligadas a preservar la evidencia digital durante al menos 90 días hábiles, para garantizar su disponibilidad ante solicitudes de las autoridades competentes.
Asimismo, deberán alertar inmediatamente sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad, seguridad, integridad o privacidad de personas menores de edad.
Dan 30 días para reportar cumplimiento
Aunque el decreto entró en vigor desde su publicación, las plataformas tendrán un plazo máximo de 30 días naturales para documentar e informar las acciones implementadas para cumplir las nuevas obligaciones.
El plazo concluye el 13 de noviembre de 2026.
Además, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal deberá instalar una mesa de trabajo con dependencias federales para elaborar propuestas adicionales de regulación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
El documento no establece expresamente un catálogo de multas o sanciones económicas específicas por incumplimiento.
Ciberacoso afecta a 19.4 millones de mexicanos
El Gobierno federal sustentó la medida en el crecimiento del acceso a internet y en los riesgos que enfrentan los menores en plataformas digitales.
De acuerdo con las cifras oficiales de 2025 citadas en el decreto, 19.4 millones de personas de 12 años y más sufrieron alguna situación de ciberacoso, equivalentes al 20.4 por ciento de la población usuaria de internet de ese grupo de edad.
Entre adolescentes de 12 a 19 años, la incidencia alcanzó al 25.4 por ciento de las mujeres y al 19.5 por ciento de los hombres.
El documento también señala que el 85.4 por ciento de la población de 6 a 14 años utilizó internet durante 2025, mientras que entre jóvenes de 15 a 24 años el porcentaje llegó a 97.6 por ciento.
Salud y SEP atenderán riesgos digitales
El decreto contempla también acciones de prevención y atención psicológica.
La Secretaría de Salud deberá diseñar programas de salud mental y ofrecer orientación mediante la Línea de la Vida, mientras que la Secretaría de Educación Pública fortalecerá la educación socioemocional y las herramientas de prevención del ciberacoso.
Entre las medidas educativas destacan buzones confidenciales, protocolos de acompañamiento y la estrategia denominada ABC de las emociones.
Con estas disposiciones, el Gobierno federal traslada obligaciones concretas de prevención, vigilancia y respuesta a las empresas que administran plataformas digitales, además de reforzar la participación de las autoridades educativas y sanitarias.
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