Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo abrieron la puerta para que grandes contribuyentes con adeudos fiscales obtengan la eliminación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución, al modificar la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, después de un acuerdo alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del sector empresarial.
La modificación ocurrió durante la discusión legislativa en la que la mayoría oficialista aprobó, con 331 votos a favor y 118 en contra, una política de ingresos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, que incluye un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos.
La decisión se produce cuando la oposición cuestiona un incremento acumulado de 2.7 billones de pesos en la deuda pública entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, mientras las obligaciones por pensiones e intereses absorben una parte creciente de los recursos federales.
La reserva al artículo 21 transitorio fue presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien reconoció que la propuesta respondió al compromiso asumido por Sheinbaum con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El cambio elimina el límite de ingresos anuales de 300 millones de pesos que restringía el acceso al programa de regularización fiscal, permitiendo incorporar a grandes empresas y contribuyentes que anteriormente quedaban excluidos.
La Cámara admitió la reserva para incorporarla al proyecto de decreto. Al corte de la información verificada, no estaba confirmada la votación definitiva en lo particular.
Grandes empresas podrán evitar multas y recargos si pagan impuestos atrasados
La modificación establece un estímulo fiscal del 100 por ciento sobre multas, recargos y gastos de ejecución para personas físicas y morales con adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 o anteriores.
Para obtener el beneficio, los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones y liquidar los impuestos pendientes en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
También podrán acogerse quienes enfrenten procedimientos de fiscalización, siempre que corrijan las irregularidades detectadas dentro de los plazos legales.
En el caso de contribuyentes que mantienen litigios contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas, será necesario desistirse de las impugnaciones correspondientes.
La medida no elimina el impuesto principal adeudado: el beneficio se limita a las sanciones y cargos accesorios.
Monreal insistió en que la propuesta busca facilitar la recuperación de recursos y reducir los conflictos fiscales entre el Gobierno y las empresas.
“No es condonación”, sostuvo el legislador, al señalar que ningún contribuyente podrá obtener el estímulo sin cubrir íntegramente sus impuestos pendientes.
Monreal admite acuerdo entre Sheinbaum y empresarios
Durante el debate, Monreal explicó que la modificación legislativa derivó de la reunión sostenida por la presidenta Sheinbaum con integrantes del CCE, quienes plantearon ampliar el programa de regularización fiscal.
El coordinador morenista reconoció que el compromiso presidencial consistió en eliminar el límite de 300 millones de pesos para permitir el acceso de empresas de mayor tamaño.
En defensa de la propuesta, sostuvo que el esquema aplicado en 2026 permitió recuperar aproximadamente 6 mil 436 millones de pesos, mediante la regularización de más de 38 mil contribuyentes.
Según las cifras expuestas por el legislador, los grandes contribuyentes mantienen obligaciones fiscales por aproximadamente 2 billones 556 mil millones de pesos, de los cuales unos 500 mil millones están involucrados en controversias ante tribunales administrativos.
Monreal planteó que la ampliación podría facilitar la recuperación de recursos, generar certidumbre jurídica y estimular nuevas inversiones.
Incluso estimó que, si aproximadamente 16 mil grandes contribuyentes se incorporaran al esquema, podrían recuperarse hasta 2.3 billones de pesos, aunque se trata de una proyección del legislador y no de ingresos garantizados.
El coordinador parlamentario sostuvo que el beneficio no constituye una condonación de impuestos prohibida constitucionalmente, debido a que el capital adeudado deberá pagarse por completo.
PAN y PRI acusan trato privilegiado a grandes deudores
La oposición cuestionó que la mayoría legislativa haya aceptado ampliar los beneficios fiscales a grandes empresas después de una negociación con representantes empresariales.
Legisladores del PAN calificaron la propuesta como un mecanismo de beneficio para grandes contribuyentes morosos y advirtieron que podría representar un trato privilegiado frente a quienes cumplen puntualmente sus obligaciones tributarias.
El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los problemas estructurales de recaudación no pueden resolverse mediante medidas improvisadas.
También reprochó que la mayoría oficialista aceptara beneficios para empresas con adeudos millonarios mientras rechazaba propuestas opositoras, como exentar del Impuesto sobre la Renta el pago de aguinaldos.
Para los legisladores opositores, eliminar las sanciones asociadas a obligaciones fiscales incumplidas constituye, en los hechos, una forma de condonación de adeudos accesorios.
Morena rechazó esa interpretación y sostuvo que la eliminación de multas e intereses busca recuperar impuestos que, de otra manera, podrían permanecer sujetos a litigios durante años.
Avalan nuevo techo de deuda de 1.7 billones de pesos
La ampliación de beneficios a grandes deudores fiscales coincidió con la autorización, en lo general, de un nuevo techo de endeudamiento interno para el Gobierno federal.
El dictamen de Ley de Ingresos 2027 contempla 1 billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento neto interno, además de un límite de 13 mil 500 millones de dólares para contratar deuda externa.
De los ingresos totales previstos para el próximo año, aproximadamente 6.26 billones de pesos procederán de la recaudación tributaria.
La Secretaría de Hacienda sostiene que la política de financiamiento permitirá cumplir las obligaciones gubernamentales y mantener una trayectoria de consolidación fiscal.
Sin embargo, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el crecimiento de la deuda y el costo de su financiamiento reducen la capacidad presupuestaria para atender necesidades de infraestructura, servicios públicos, salud y seguridad.
El priista Jericó Abramo Masso cuestionó que el costo de los intereses pudiera aproximarse a 1.67 billones de pesos durante 2027, una cantidad cercana al techo de endeudamiento interno solicitado.
La coincidencia entre ambos montos fue utilizada por la oposición para cuestionar la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque no significa necesariamente que los recursos obtenidos mediante nueva deuda se destinen exclusivamente al pago de intereses.
La autorización legislativa representa un límite máximo de financiamiento y no implica que el Gobierno contrate automáticamente la totalidad de los recursos.
Pensiones, estados e intereses concentran recursos del presupuesto
El debate sobre el endeudamiento también ocurre frente a un proyecto de gasto público que contempla crecientes obligaciones financieras y de seguridad social.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), las pensiones contributivas y no contributivas requerirán aproximadamente 2.5 billones de pesos en 2027, equivalentes a 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
El gasto federalizado, que incluye transferencias a gobiernos estatales y municipales, se aproxima a 3.05 billones de pesos.
Entre los programas sociales, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores figura como una de las principales asignaciones, con 543 mil 500 millones de pesos.
Los programas de becas y apoyos educativos recibirían 210 mil 600 millones de pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente tendría aproximadamente 37 mil 400 millones.
En conjunto, Hacienda propone destinar 1 billón 25 mil 400 millones de pesos a programas prioritarios.
Por sectores, el proyecto contempla alrededor de 1.3 billones de pesos para educación y 1.1 billones para salud.
Aunque estas cantidades reflejan las prioridades del Ejecutivo, corresponden todavía al proyecto de Presupuesto de Egresos y están sujetas a la revisión de la Cámara de Diputados.
El CIEP advirtió que las pensiones, junto con otros compromisos obligatorios, reducen el margen de maniobra del Gobierno federal para ampliar la inversión pública.
Hacienda prevé mayor recaudación sin nuevos impuestos generales
El Gobierno de Sheinbaum ha defendido el Paquete Económico 2027 bajo el argumento de que permitirá incrementar los ingresos tributarios sin elevar las tasas generales de los principales impuestos.
La Presidenta aseguró que la propuesta busca combatir la evasión fiscal, fortalecer la fiscalización y garantizar la continuidad de los programas sociales.
Hacienda estima que la recaudación tributaria alcanzará 15.9 por ciento del PIB y prevé un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento durante 2027.
El planteamiento oficial también considera una reducción gradual del déficit y una mayor inversión en proyectos estratégicos de infraestructura.
Sin embargo, el CIEP proyecta que la deuda pública, medida mediante el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, podría alcanzar 55 por ciento del PIB en 2027, frente a la trayectoria de consolidación fiscal anunciada por el Gobierno.
La diferencia entre los objetivos de Hacienda y las estimaciones de los especialistas mantiene abierto el debate sobre la capacidad de las finanzas públicas para sostener el gasto social y la inversión en los próximos años.
Beneficios fiscales y endeudamiento marcan debate en San Lázaro
La controversia legislativa colocó dos temas en el centro de la discusión: la ampliación de beneficios fiscales a empresas con adeudos millonarios y la contratación de nuevos créditos para financiar al Gobierno federal.
Mientras Morena argumenta que la regularización de grandes contribuyentes permitirá recuperar impuestos, reducir litigios y fortalecer la inversión, la oposición cuestiona que se eliminen multas y recargos a deudores de mayor capacidad económica.
El alcance efectivo del estímulo dependerá del número de contribuyentes que decidan incorporarse al programa, los montos que regularicen y las condiciones definitivas de la legislación.
Por separado, la política de endeudamiento y el proyecto de gasto deberán continuar sus respectivos trámites legislativos.
La principal interrogante fiscal será cuánto dinero efectivamente logrará recuperar Hacienda mediante la regularización de grandes deudores y qué proporción de los ingresos federales deberá destinarse al pago de pensiones, intereses y otras obligaciones durante 2027.
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