El ajuste fiscal aprobado por la Cámara de Diputados para 2027 encendió las alarmas en el autotransporte de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advirtió que restringir el estímulo por pago de casetas elevará los costos operativos de las empresas y podría encarecer el traslado de mercancías, con repercusiones para comercios, industrias y consumidores.
La organización, encabezada por Augusto Ramos Melo, exigió al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconsiderar la modificación que reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio fiscal.
La medida, incorporada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 aprobada por los diputados, restringe el acceso al mecanismo que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 50 por ciento de los gastos realizados en autopistas de cuota.
CANACAR alertó que la decisión amenaza la viabilidad financiera de empresas transportistas y podría trasladar nuevas presiones a los precios de productos y servicios.
El Financiero
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CANACAR advierte impacto en empresas y cadenas de suministro
El presidente del organismo empresarial sostuvo que el nivel de facturación no refleja necesariamente la rentabilidad de una compañía transportista, debido a los elevados gastos que implica mantener en circulación las unidades.
Combustibles, casetas, mantenimiento, seguros, financiamiento, renovación de vehículos y salarios absorben una parte importante de los ingresos del sector.
Por ello, consideró que reducir el límite para acceder al estímulo fiscal podría dejar fuera a empresas que, pese a registrar ingresos superiores a 250 millones de pesos, operan con márgenes financieros estrechos.
“Las decisiones fiscales no quedan solo en papel, tienen consecuencias en la operación de las empresas, en la cadena de suministro y en los costos que finalmente enfrentan los negocios y las familias mexicanas”, advirtió Ramos Melo.
El Financiero
El dirigente subrayó que el estímulo no representa un privilegio tributario, sino una compensación parcial por los costos que enfrentan los transportistas al utilizar la infraestructura carretera de cuota.
Exigen mantener estímulo fiscal de 300 millones de pesos
Ante el ajuste legislativo, CANACAR planteó dos alternativas para evitar mayores afectaciones al sector.
La primera consiste en conservar para 2027 el límite de ingresos anuales de 300 millones de pesos vigente durante 2026, con el propósito de impedir que más compañías queden excluidas del beneficio.
La segunda propone establecer un mecanismo proporcional para que las empresas puedan aplicar el acreditamiento sobre las operaciones comprendidas dentro del límite de 250 millones de pesos, aunque sus ingresos totales superen ese monto.
Con ello, el organismo busca evitar que una empresa pierda completamente el beneficio fiscal por rebasar el nuevo umbral.
La Cámara reconoció la presentación de reservas legislativas por parte del diputado Francisco Javier Borrego Adame, pero insistió en que las conversaciones deben traducirse en modificaciones concretas.
La Jornada
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Inseguridad carretera agrava presión económica sobre transportistas
La controversia fiscal se presenta mientras las empresas de transporte de carga enfrentan robos, extorsiones y gastos adicionales para proteger sus operaciones.
Ramos Melo señaló que el robo de una unidad no solamente representa una pérdida patrimonial, sino también la interrupción de una fuente de ingresos.
A ello se agregan los procedimientos para recuperar los vehículos, los tiempos de inmovilización y las obligaciones financieras que deben cubrirse aun cuando los camiones permanecen fuera de servicio.
Las compañías también destinan recursos a sistemas de geolocalización, monitoreo, capacitación de operadores y protocolos de seguridad.
En ese escenario, CANACAR sostuvo que una mayor carga fiscal limitaría la capacidad de inversión y operación de las empresas, particularmente de aquellas que enfrentan mayores costos financieros.
La Jornada
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Alertan por posibles aumentos en precios al consumidor
La preocupación del sector no se limita a la rentabilidad de las empresas transportistas.
Si los mayores costos derivados de la modificación fiscal se trasladan a las tarifas del transporte, las consecuencias podrían extenderse a las cadenas de abastecimiento de alimentos, productos industriales, mercancías y bienes de consumo.
El impacto dependerá de la capacidad de las compañías para absorber los nuevos costos o trasladarlos a sus clientes. Hasta ahora, el organismo no ha presentado una estimación pública precisa sobre el posible incremento de tarifas o precios finales.
CANACAR reiteró su disposición a mantener el diálogo con Hacienda, la Cámara de Diputados y el Senado, pero demandó acuerdos que garanticen condiciones de operación y competitividad.
El organismo insistió en que el autotransporte no busca evadir obligaciones fiscales, sino preservar mecanismos que permitan sostener empleos, inversiones y el movimiento de mercancías en el país.
La discusión coloca al Congreso frente a una decisión con consecuencias potenciales para la actividad económica: mantener el ajuste aprobado por los diputados o revisar sus condiciones para evitar mayores presiones sobre las cadenas logísticas.
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