Ante las distintas formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas en América Latina, la diputada federal Genoveva Huerta Villegas (PAN) planteó actualizar la Ley Marco para la Protección a las Mujeres y Niñas contra la Violencia Feminicida, a fin de incorporar nuevas modalidades de agresión, incluidos ataques digitales mediante inteligencia artificial, y reforzar las obligaciones de los Estados para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos.
La legisladora advirtió sobre la necesidad de ampliar los mecanismos de protección y garantizar la reparación del daño a las víctimas, de acuerdo con su informe publicado en la Gaceta Parlamentaria sobre la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), celebrada el 3 y 4 de septiembre en Panamá.
Entre las propuestas presentadas destaca la incorporación de distintas manifestaciones de violencia que requieren atención específica en los marcos jurídicos de los países de la región.
“Se deben incorporar violencia psicológica, económica, patrimonial, simbólica, política, digital, obstétrica, institucional, el acoso, el matrimonio forzado, la trata con fines de explotación”, señaló Huerta Villegas en el documento.
Buscan frenar violencia digital y uso de inteligencia artificial
Una de las prioridades planteadas en la actualización legislativa es reconocer las agresiones cometidas mediante plataformas digitales y nuevas tecnologías, particularmente aquellas relacionadas con la utilización de inteligencia artificial para ejercer violencia de género.
En su informe, la diputada panista sostuvo que las disposiciones deben contemplar nuevas conductas que vulneran la seguridad, intimidad y derechos de las mujeres.
“Se deben incorporar el acoso en línea, difusión no consentida de imágenes íntimas, vigilancia tecnológica, uso de inteligencia artificial para violencia de género y delitos sexuales en línea”, puntualizó.
La propuesta busca que estas modalidades cuenten con reconocimiento jurídico y mecanismos de atención, investigación y protección para las víctimas.
Exigen respuesta inmediata ante denuncias de violencia
Otro de los ejes de la actualización consiste en establecer obligaciones concretas para los Estados, con el propósito de evitar omisiones institucionales y fortalecer el acceso a la justicia.
Entre las medidas planteadas se encuentran la actuación inmediata ante denuncias, la realización de valoraciones de riesgo, la emisión de órdenes de protección y el desarrollo de investigaciones con perspectiva de género, sin revictimizar a las denunciantes.
Plantean protección especial a mujeres vulnerables
El documento también propone reforzar la atención a niñas, personas mayores, mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes, privadas de la libertad, defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.
Asimismo, contempla garantizar asistencia jurídica gratuita, servicios de interpretación, accesibilidad, protección de datos personales, consentimiento informado y acompañamiento psicológico.
Para concretar estas acciones, se propone fortalecer la coordinación entre instituciones de justicia, corporaciones policiales, servicios de salud, autoridades educativas, fiscalías, defensorías y gobiernos locales.
El objetivo es establecer mecanismos de atención integral que permitan prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar la reparación del daño.
Advierten impacto de desigualdad social en derechos de las mujeres
En su informe, Huerta Villegas también abordó las condiciones estructurales que influyen en el ejercicio de los derechos y el acceso a oportunidades.
“La desigualdad no es consecuencia exclusiva del esfuerzo individual sino de las condiciones territoriales, sociales y económicas en que nacen y crecen las personas”, expuso.
La diputada informó que la agenda del Parlatino incluyó un diálogo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enfocado en innovación institucional y parlamentos del futuro.
Además, los participantes abordaron la reconfiguración electoral en América Latina y la construcción de acuerdos entre fuerzas políticas para fortalecer la gobernabilidad regional.
Las modificaciones descritas forman parte de los planteamientos para actualizar la legislación modelo del Parlatino y no constituyen, por sí mismas, reformas aprobadas en las leyes nacionales de los países integrantes.
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