El PAN busca castigar con hasta tres años de cárcel y multas de 900 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes promuevan públicamente actividades delictivas o hagan apología del delito, en medio de la controversia por los narcocorridos y corridos tumbados que aluden a organizaciones criminales.
La diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas presentó una iniciativa para reformar el artículo 208 del Código Penal Federal, con el propósito de endurecer las sanciones contra quienes provoquen públicamente la comisión de delitos, difundan ideas o doctrinas que inciten a actividades ilícitas o hagan apología de conductas delictivas.
La propuesta, respaldada por legisladores del Partido Acción Nacional y turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, contempla penas de 11 meses a tres años de prisión y multas de hasta 900 UMA.
Actualmente, el Código Penal Federal establece de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad cuando la provocación o apología no deriva en la ejecución del delito. Si éste se comete, al provocador se le aplica la sanción correspondiente por su participación.
Ponen bajo la lupa narcocorridos y corridos tumbados
En la exposición de motivos, Gómez Cárdenas sostiene que la proliferación de contenidos musicales asociados con organizaciones criminales ha generado un debate sobre los alcances de la apología del delito y la necesidad de actualizar las sanciones penales.
La legisladora argumenta que, durante las primeras dos décadas del siglo XXI, los narcocorridos provocaron cuestionamientos sobre su posible influencia en las conductas de quienes los escuchan y reproducen.
Desde su perspectiva, existe una vinculación entre este género musical y la apología del delito, por lo que considera necesario abordar el tema mediante una reforma al Código Penal Federal.
Sin embargo, la iniciativa también reconoce la dificultad de legislar sobre expresiones musicales y culturales, debido a que cualquier restricción debe analizarse frente al derecho constitucional a la libertad de expresión.
Advierten riesgo de afectar libertad de expresión
El documento admite que la definición jurídica de apología del delito requiere precisión para evitar interpretaciones amplias que puedan afectar manifestaciones artísticas protegidas constitucionalmente.
Por ello, los promoventes plantean especificar las conductas sancionables y distinguir entre la difusión de contenidos musicales y las expresiones que efectivamente constituyan una incitación a cometer delitos.
La discusión legislativa deberá determinar los límites de esa conducta, pues la propuesta no significa que todos los narcocorridos o corridos tumbados queden automáticamente prohibidos.
Buscan sustituir castigos comunitarios por prisión
Gómez Cárdenas señala que el artículo 208 del Código Penal Federal no ha sido reformado desde 2007, por lo que considera que su esquema de sanciones requiere una actualización frente a las nuevas formas de difusión de contenidos.
La propuesta contempla incorporar penas privativas de libertad y sanciones económicas para quienes realicen las conductas previstas en el tipo penal.
Según la exposición de motivos, 17 entidades federativas contemplan sanciones por apología del delito en sus códigos penales; no obstante, la legisladora sostiene que estas disposiciones no han logrado modificar las conductas que buscan inhibir.
El documento plantea que la existencia de sanciones locales no ha sido suficiente y que resulta necesario abrir una discusión nacional sobre la eficacia del marco jurídico vigente.
Señalan cancelación de conciertos por apología del delito
La iniciativa también refiere que distintos gobiernos estatales han establecido medidas para desincentivar la producción y reproducción de narcocorridos y corridos tumbados, al considerar que algunos de sus contenidos promueven actividades criminales.
Entre las acciones mencionadas se encuentra la cancelación de ferias, festividades y conciertos donde participen grupos musicales cuyas letras sean consideradas apologías del delito o de la violencia.
La legisladora identifica estas restricciones como parte de una estrategia aplicada de manera gradual en distintas entidades, aunque el debate sobre sus alcances legales continúa abierto.
Revisan experiencias de Latinoamérica y España
En el documento se mencionan legislaciones de países latinoamericanos y de España que también sancionan la apología del delito, aunque, según la exposición de motivos, presentan dificultades para definir con precisión las conductas prohibidas.
La diputada refiere que las penas previstas en los ordenamientos analizados no superan los cinco años de prisión y que las multas tampoco son elevadas.
A partir de esa comparación, la iniciativa propone revisar el marco jurídico mexicano para establecer sanciones más severas y una definición que permita identificar las conductas punibles.
La reforma deberá ser analizada por la Comisión de Justicia antes de avanzar en el proceso legislativo. Mientras no sea aprobada y publicada oficialmente, las penas de prisión y multas planteadas no estarán vigentes.
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