La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán atribuyó el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, a una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por los golpes que recibió esa organización criminal durante su administración, y aseguró que hasta ahora no existen pruebas que involucren a políticos de Morena en el atentado.
A casi un año del homicidio, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal y encargado del despacho de la Fiscalía estatal, informó que las investigaciones registran un avance del 90 por ciento, con 33 personas detenidas, entre ellas dos presuntos autores intelectuales del crimen.
El funcionario sostuvo que los elementos ministeriales y de inteligencia apuntan a una represalia del crimen organizado por las acciones de seguridad que Manzo emprendió contra grupos delictivos asentados en Uruapan, particularmente por la captura de un jefe regional del CJNG.
En contraste, afirmó que las indagatorias no han arrojado elementos que vinculen el asesinato con el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel o el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua, figuras de Morena señaladas públicamente en el contexto del caso.
La postura de la Fiscalía marca una diferencia con las exigencias de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, quien ha insistido en que se investigue a fondo la posible participación de actores políticos y ha solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el expediente.
La captura de ‘El Rino’ detonó la represalia, según Fiscalía
El encargado del despacho explicó que una de las principales piezas de la investigación es la detención de René Belmonte Aguilar, alias El Rino, presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, ocurrida el 27 de agosto de 2025.
El operativo fue realizado por autoridades municipales durante la administración de Carlos Manzo, quien había asumido una posición pública de confrontación contra las células criminales que disputaban el control de la región.
En aquella intervención fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos, presunta droga, dinero y un dron, de acuerdo con los reportes difundidos tras la captura.
Para los investigadores, la detención de El Rino constituye un antecedente relevante para explicar el ataque cometido poco más de dos meses después contra el presidente municipal.
Vega Rodríguez declaró que las diligencias permitieron establecer como principal hipótesis una represalia por las acciones de seguridad del edil y destacó específicamente la captura del presunto operador criminal.
La Fiscalía también mantiene investigaciones relacionadas con un posible vínculo familiar de El Rino con un funcionario del Ayuntamiento de Uruapan, un elemento cuyo alcance dentro del expediente todavía no ha sido esclarecido públicamente.
Fiscalía niega pruebas contra Morón, Godoy y Campos
El informe de la Fiscalía también tiene implicaciones políticas, debido a los señalamientos que rodearon el asesinato de Manzo y que alcanzaron a integrantes de Morena en Michoacán.
Grecia Quiroz ha reclamado que se agoten las investigaciones sobre una posible motivación política y que no se limite el esclarecimiento del crimen a la participación de una organización delictiva.
Entre los personajes mencionados en la controversia se encuentran Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, quienes han formado parte de las confrontaciones políticas que marcaron la trayectoria del exalcalde.
Sin embargo, Vega Rodríguez sostuvo que los avances ministeriales no han permitido establecer una relación entre esos actores y la ejecución del atentado.
La Fiscalía considera que la evidencia apunta hacia las represalias de grupos criminales afectados por la estrategia de seguridad municipal, y no hacia una operación ordenada desde el ámbito político.
La afirmación, no obstante, corresponde al estado actual de las investigaciones. La falta de indicios no constituye una sentencia judicial ni demuestra por sí sola que todas las posibles líneas de investigación estén agotadas.
Detienen a 33 y acumulan más de 6 mil diligencias por crimen de Manzo
El balance actualizado presentado por la Fiscalía reveló la magnitud de las operaciones desplegadas para esclarecer el homicidio del exalcalde.
33
personas detenidas
90%
avance reportado
18
órdenes de aprehensión emitidas
+6,000
actos de investigación y periciales
Balance de la Fiscalía de Michoacán difundido el 16 de octubre de 2026.
De acuerdo con la información institucional, se han realizado aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y 3 mil actuaciones periciales, además de cerca de 120 audiencias judiciales que representan alrededor de 2 mil horas de actividad procesal.
Los agentes también han analizado unas mil 200 horas de videograbaciones, efectuado 72 extracciones de información autorizadas judicialmente y revisado 26 memorias USB y un disco duro externo.
En materia operativa, la dependencia reportó 15 cateos, el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 municiones y cartuchos, así como la participación de aproximadamente 2 mil elementos de apoyo en distintas acciones.
Identifican a ‘El R1’ y ‘El Lic’ como presuntos autores intelectuales
Entre los detenidos figuran Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, identificado como integrante de una estructura criminal ligada al CJNG, y Jorge Armando N., conocido como El Licenciado.
Ambos son señalados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato de Manzo.
Las autoridades sostienen que las capturas permitieron avanzar en la reconstrucción de la organización y coordinación del ataque, aunque todavía existen responsabilidades individuales pendientes de determinar judicialmente.
Grecia Quiroz exige intervención federal y mantiene disputa con Fiscalía
El avance anunciado por la Fiscalía contrasta con la inconformidad de Grecia Quiroz respecto del manejo de la investigación.
La alcaldesa ha solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum que la FGR asuma el caso, al considerar necesario ampliar las pesquisas para esclarecer quiénes ordenaron el crimen y si existieron otras responsabilidades.
La relación entre Quiroz y la Fiscalía estatal también se ha tensado por el requerimiento de los teléfonos celulares que pertenecían a Carlos Manzo, solicitados para realizar análisis periciales.
La autoridad investigadora considera que los dispositivos podrían contener información relevante sobre las comunicaciones y amenazas que recibió el exalcalde antes de ser asesinado.
Quiroz ha rechazado que pretenda obstaculizar el esclarecimiento del homicidio y ha manifestado su disposición a colaborar, aunque ha planteado que la revisión del material sea realizada por autoridades federales.
A esta controversia se sumó una línea de investigación relacionada con el exfuncionario municipal Samuel García Rivero, señalado por presuntamente filtrar información sobre los movimientos del alcalde a la estructura criminal.
En agosto, la Fiscalía informó que revisaba declaraciones de una excolaboradora de Manzo sobre supuestos vínculos entre García Rivero y Quiroz. La presidenta municipal negó las acusaciones y cuestionó su veracidad.
Estas diligencias no acreditan responsabilidad penal de la alcaldesa, pero evidencian que la investigación mantiene frentes abiertos más allá de las detenciones anunciadas.
Crimen de Carlos Manzo sacude sucesión de Michoacán rumbo a 2027
El asesinato de Manzo también modificó el escenario político de Michoacán.
El exalcalde fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, una celebración pública del Día de Muertos en Uruapan.
Su muerte convirtió al Movimiento del Sombrero, la organización política que impulsó durante su carrera, en una expresión de protesta contra la inseguridad y las estructuras partidistas tradicionales.
Grecia Quiroz asumió posteriormente la presidencia municipal y se ha convertido en una figura relevante de cara a la elección de gobernador de 2027.
En paralelo, Morena atraviesa una disputa interna por la sucesión estatal. Raúl Morón cuestionó recientemente la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal del partido y reclamó transparencia en el proceso.
En este escenario, las conclusiones que presente la Fiscalía sobre el asesinato de Manzo tendrán consecuencias no sólo en el ámbito judicial, sino también en una contienda política marcada por la seguridad pública y la exigencia de justicia.
A casi un año del atentado, la Fiscalía sostiene que la venganza del CJNG es su hipótesis principal. Pero el esclarecimiento definitivo del asesinato dependerá de que las pruebas permitan acreditar las responsabilidades ante los tribunales, mientras permanecen abiertas las exigencias de la familia para que se investigue cualquier posible participación adicional.
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