La diputada Laura Ballesteros Mancilla, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, acusó una cadena de omisiones y presunta negligencia de autoridades federales en las obras del Tren México-Querétaro, luego del accidente que dejó dos trabajadores muertos y más de 20 lesionados.
La legisladora aseguró que dos semanas antes de la tragedia su partido había solicitado inspecciones por las condiciones laborales de los trabajadores, sin que hasta el momento haya recibido una respuesta sobre las revisiones realizadas.
El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre, cuando un camión que transportaba personal vinculado con la construcción del proyecto ferroviario cayó a una excavación de aproximadamente ocho metros de profundidad, en las inmediaciones de Agua Azul, municipio de El Marqués, Querétaro.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre dos fallecimientos y la atención de trabajadores lesionados. Para el 19 de octubre, seis personas continuaban hospitalizadas.
Denuncia MC que Gobierno ignoró advertencias sobre riesgos laborales
Ballesteros Mancilla calificó el accidente como la “crónica de una negligencia anunciada” y exigió una investigación urgente para determinar las posibles responsabilidades de autoridades, empresas contratistas y encargados del transporte de trabajadores.
“La falta de protocolos de protección civil, la falta de protección y de vigilancia de las condiciones laborales, la falta también de inspección por parte de las autoridades y, sobre todo, el silencio sepulcral que han tenido desde el hecho mortal del sábado hasta la fecha, nos lleva a levantar la voz de manera enérgica para que haya un deslinde inmediato de responsables”, denunció.
En declaraciones a medios de comunicación, la diputada afirmó que MC había documentado previamente presuntas irregularidades en las condiciones de trabajo de quienes participan en la construcción del tren.
Indicó que hace dos semanas entregaron a la Secretaría del Trabajo en Querétaro una solicitud para revisar las condiciones laborales, pero la dependencia estatal respondió que se trataba de una competencia federal.
“Se lavaron las manos con su respuesta y nos dijeron que era materia federal”, reprochó.
Señala a Secretaría del Trabajo por falta de respuesta
La vicecoordinadora emecista aseguró que también entregó personalmente al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, un escrito para solicitar inspecciones en las obras ferroviarias.
Según su versión, el funcionario recibió el documento y se comprometió a atender la petición, pero no informó sobre ninguna revisión antes de que ocurriera el accidente.
“La recibió, dijo que se encargaría y a la fecha ni siquiera nos han dado respuesta, y ya ocurrió un hecho letal”, afirmó.
La legisladora cuestionó que las obras públicas federales no cuenten, según sus señalamientos, con condiciones suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores.
Hasta ahora, las causas específicas del accidente y las posibles responsabilidades administrativas, laborales o penales no han sido determinadas públicamente.
Exige inspecciones extraordinarias y revelar empresas contratistas
Ante la tragedia, Ballesteros Mancilla informó que Movimiento Ciudadano elaboró un nuevo requerimiento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para exigir información sobre el seguimiento otorgado a las denuncias previas.
La bancada solicitará que la dependencia aclare si realizó inspecciones en las obras del Tren México-Querétaro, cuándo se llevaron a cabo y cuáles fueron sus resultados.
También demandará inspecciones extraordinarias de carácter urgente para revisar las condiciones de seguridad laboral y protección civil.
Reclama indemnizaciones y garantías de no repetición
La diputada señaló que el Gobierno federal debe identificar a las empresas contratistas y subcontratistas responsables de emplear y transportar al personal afectado.
Explicó que las investigaciones deben esclarecer quién tenía a su cargo el vehículo que cayó a la excavación, qué compañías contrataron a los trabajadores y cuáles eran las medidas de seguridad implementadas.
Además, exigió la reparación integral del daño a las familias de las víctimas y medidas que garanticen que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
Para MC, la investigación no debe limitarse a determinar las causas inmediatas de la volcadura, sino también establecer si existieron omisiones en la vigilancia gubernamental de las condiciones laborales.
Advierte MC infiltración del crimen organizado en campañas electorales
En otro tema, Ballesteros Mancilla consideró que la iniciativa impulsada por la diputada panista Kenia López Rabadán para castigar como traidores a la patria a servidores públicos coludidos con el narcotráfico podría contribuir al combate contra la infiltración criminal en las instituciones.
Sin embargo, advirtió que el problema de fondo es el ingreso de recursos ilícitos a las campañas electorales y los vínculos entre políticos y organizaciones delictivas.
“Este pacto de impunidad entre políticos y criminales data de mucho tiempo atrás”, sostuvo.
La diputada afirmó que la presencia de dinero ilegal en los procesos electorales agrava los riesgos de que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a posiciones de poder.
“Todo lo que sume tiene que ser analizado y considerado”, expresó sobre la propuesta del PAN.
Pide al PAN frenar figuras electorales que considera ilegales
Ballesteros Mancilla sostuvo que Movimiento Ciudadano dará prioridad a la construcción de acuerdos para impedir que recursos del crimen organizado ingresen a las campañas.
También criticó al PAN por recurrir a figuras partidistas como los denominados coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, que, a su juicio, pueden utilizarse para anticipar actividades electorales al margen de la legislación.
Llamó a Acción Nacional a no reproducir prácticas que atribuyó a Morena y advirtió que esas estructuras pueden abrir espacios para el financiamiento irregular.
“Veneno no se combate con veneno”, sostuvo.
La legisladora insistió en que el combate a la infiltración criminal debe concentrarse en impedir el ingreso de dinero ilegal a los procesos electorales, además de investigar y sancionar los posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas.
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