La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para castigar con hasta 25 años de prisión el reclutamiento forzado de personas por organizaciones criminales, además de establecer que toda captación de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas sea considerada reclutamiento forzado.
Con 419 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Pleno avaló modificaciones a la Ley General en Materia de Trata de Personas, con el propósito de cerrar los vacíos legales que han dificultado investigar y sancionar a quienes incorporan personas a grupos criminales mediante engaños, amenazas, violencia o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
La reforma, respaldada por Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, establece penas ordinarias de 10 a 20 años de prisión y multas de 5 mil a 50 mil días. Cuando exista intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las sanciones aumentarán de 15 a 25 años de cárcel.
Además, contempla agravantes que permitirían incrementar las penas hasta en una mitad cuando concurran determinadas circunstancias relacionadas con las víctimas o los responsables.
El dictamen fue aprobado el 20 de octubre y enviado al Senado de la República para continuar su trámite constitucional.
Endurecen castigos contra reclutadores del crimen organizado
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), sostuvo que la reforma busca enfrentar una de las prácticas más graves de las organizaciones criminales: la incorporación de menores de edad, jóvenes y adultos a sus estructuras mediante falsas promesas de empleo, amenazas y violencia.
Durante la fundamentación del dictamen, el legislador señaló que las víctimas pueden ser captadas por organizaciones delictivas que aprovechan sus necesidades económicas o condiciones de vulnerabilidad.
Explicó que originalmente se había planteado incorporar el delito al Código Penal Federal, pero después de reuniones con la Fiscalía General de la República (FGR) se decidió establecerlo en la Ley General en Materia de Trata de Personas.
De acuerdo con Moreno Rivera, esta modificación permitirá que autoridades federales y estatales investiguen y persigan el reclutamiento criminal dentro de sus respectivas competencias.
El legislador también destacó que las investigaciones podrán iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento de hechos posiblemente constitutivos del delito, sin depender de que la víctima presente una denuncia.
“Porque no podemos exigirle a una víctima que arriesgue su vida para que el Estado haga su trabajo”, sostuvo.
Penas pueden aumentar por agravantes
El dictamen contempla incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando los responsables hayan pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a las Fuerzas Armadas, o cuando utilicen conocimientos adquiridos en empresas de seguridad privada para cometer el delito.
También considera agravantes cuando los reclutadores se ostenten como servidores públicos o cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana o sean sometidas a tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles.
En los casos que involucren a servidores públicos, se contempla además la destitución e inhabilitación para ocupar cargos gubernamentales.
La legislación propuesta también establece la posibilidad de reducir hasta una tercera parte las penas cuando los responsables proporcionen información verificable que permita esclarecer los hechos o identificar a otros implicados, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Todo reclutamiento de menores será considerado forzado
Uno de los puntos centrales de la reforma establece que cualquier reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para integrar organizaciones criminales deberá entenderse y sancionarse como forzado, sin necesidad de acreditar amenazas o violencia explícita.
Moreno Rivera explicó que esta disposición busca evitar que las víctimas menores de edad sean tratadas únicamente como responsables de las actividades delictivas en las que fueron involucradas.
La iniciativa también incorpora medidas para salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar la protección de sus derechos conforme a la legislación aplicable.
Morena advierte vacío legal que favorecía impunidad
La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) sostuvo que la ausencia de una tipificación específica ha dificultado identificar, investigar y sancionar el reclutamiento criminal.
Explicó que estas conductas suelen investigarse mediante otros delitos, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada, lo que puede provocar que las investigaciones se fragmenten.
La legisladora advirtió que el reclutamiento se realiza mediante ofertas falsas de empleo, engaños, coacción y amenazas, particularmente contra personas que enfrentan pobreza y marginación.
Consideró que establecer un tipo penal específico permitirá identificar las redes dedicadas a captar personas para organizaciones criminales.
PAN alerta por reclutamiento de jóvenes mediante redes sociales
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) respaldó el dictamen y advirtió que los grupos criminales utilizan redes sociales y falsas ofertas laborales para atraer a jóvenes.
Sostuvo que retirar cuentas digitales o detener a integrantes de organizaciones delictivas resulta insuficiente si no existe un marco jurídico que permita sancionar directamente a quienes se dedican al reclutamiento.
También exigió garantizar que la protección de las víctimas no quede subordinada a su eventual participación en delitos cometidos bajo el control de organizaciones criminales.
Por su parte, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) afirmó que al menos 30 mil menores de edad participan en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y que entre 145 mil y 250 mil podrían encontrarse en riesgo de reclutamiento.
Las cifras fueron expuestas por la legisladora durante el debate y requieren identificar su fuente y periodo de medición para utilizarlas como estadísticas nacionales verificadas.
PRI exige presupuesto para proteger a víctimas
El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) respaldó la reforma, pero señaló que las modificaciones legales deben acompañarse de recursos públicos para garantizar atención integral a las víctimas.
Advirtió que el combate al reclutamiento no puede limitarse a aumentar penas de prisión, sino que requiere programas de prevención y apoyo a niñas, niños y adolescentes.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, también del PRI, pidió fortalecer la coordinación institucional y asegurar que las nuevas disposiciones cuenten con los recursos necesarios para su cumplimiento.
PT vincula reclutamiento con desapariciones y homicidios
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) sostuvo que el reclutamiento forzado constituye una vía mediante la cual las organizaciones criminales fortalecen sus estructuras y amplían sus actividades delictivas.
Advirtió que esta práctica puede derivar en desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos graves.
El legislador consideró que la reforma permitirá combatir una conducta que durante años careció de una regulación penal específica.
Por su parte, Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que el reclutamiento también ocurre mediante plataformas digitales, engaños y amenazas, por lo que pidió fortalecer las acciones preventivas y evitar la criminalización de las víctimas.
PVEM exige cerrar espacios de impunidad
La diputada Liliana Carbajal Méndez (PVEM) respaldó la reforma al considerar que las organizaciones criminales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad para incorporar personas a sus actividades.
Señaló que el nuevo marco jurídico busca evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados como instrumentos de la delincuencia.
También destacó que la tipificación permitirá sancionar a quienes recluten personas para integrarlas a estructuras delictivas.
MC reclama que fiscalías investiguen sin ambigüedades
El diputado Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano) afirmó que la aprobación representa el resultado de dos años de propuestas y discusiones legislativas para enfrentar el reclutamiento criminal.
Sostuvo que el nuevo tipo penal permitirá establecer responsabilidades para la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, con reglas más claras para investigar estas conductas.
También expresó su expectativa de que el Senado apruebe la reforma y concluya su trámite legislativo.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) señaló que las organizaciones criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de menores y jóvenes, así como de la ausencia de oportunidades y de la insuficiente presencia institucional en algunas comunidades.
Consideró que el Estado debe fortalecer sus mecanismos para proteger a las víctimas y evitar que sean incorporadas a actividades delictivas.
Reforma pasa al Senado tras aval unánime de diputados
Con la aprobación de los 419 legisladores presentes, la Cámara de Diputados remitió el dictamen al Senado para su revisión.
El proyecto establece que, una vez que entre en vigor, las legislaturas estatales que tengan regulado el delito de reclutamiento deberán armonizar sus disposiciones en un plazo máximo de 180 días naturales.
Además, contempla que las investigaciones y procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones continúen conforme a la legislación aplicable, salvo que la reforma resulte más favorable para las personas procesadas.
La aprobación refleja un acuerdo entre las seis bancadas para sancionar una práctica utilizada por organizaciones criminales para incorporar personas a sus estructuras.
Sin embargo, las nuevas sanciones todavía no están vigentes, pues requieren completar el trámite en el Senado y la publicación del decreto correspondiente.
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