El gobierno federal detectó contratos millonarios que generaban sobrecostos de hasta 60 por ciento en la distribución de medicamentos, además de esquemas mediante los cuales empresas privadas controlaban la operación de farmacias dentro de hospitales públicos, reveló Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud.
Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario denunció que se encontraron contratos “muy, muy dañinos para el Estado mexicano”, que permitían a particulares obtener importantes ingresos por servicios de distribución y administración de medicamentos.
Como ejemplo, exhibió la situación del Estado de México, donde contratos correspondientes a 2022 y 2023 alcanzaron alrededor de mil 700 millones de pesos, mientras que uno de los convenios ascendió a 872 millones de pesos.
Explicó que esos acuerdos no se limitaban al traslado de insumos médicos, sino que también entregaban a empresas privadas el control de las farmacias de los hospitales.
“Era un contrato que subrogaba, básicamente privatizaba, no sólo la distribución, pero también las farmacias de los hospitales en el Estado de México”, denunció.
Clark García señaló que, tras modificar los contratos mediante licitaciones y subastas, el gobierno consiguió reducir 32 por ciento el costo anual del servicio y, al mismo tiempo, incrementar entre 30 y 40 por ciento el volumen mensual de medicamentos trasladados desde los almacenes hasta los centros de salud.
Por ello, explicó que el sobrecosto real por pieza distribuida podía superar el 50 o 60 por ciento, al considerar tanto el monto pagado como la cantidad de productos movilizados.
El subsecretario se reservó el nombre de la compañía involucrada debido a que el caso se encuentra bajo investigación, aunque aseguró que la información contractual está disponible públicamente.
Advierten que persisten contratos por revisar
El funcionario reconoció que todavía existen convenios de distribución que deben modificarse para que esas actividades sean asumidas por la red pública de medicamentos.
“Desafortunadamente hay todavía contratos de distribución que tenemos que nacionalizar, y que estos sean operados por la red pública de distribución de medicamentos”, sostuvo.
Añadió que estos casos reflejan los intereses económicos que, aseguró, se han visto afectados por los cambios en el sistema de adquisiciones del sector salud.
“Cuando ustedes ven notas, hay algunas que tienen que ver mucho con esto, con los intereses que se han tocado”, expresó, al atribuir parte de las publicaciones críticas a quienes dejaron de obtener ingresos por los antiguos mecanismos de contratación.
Sin embargo, no presentó nombres ni elementos específicos que permitieran identificar las publicaciones o a los particulares a los que hizo referencia.
Compra directa de medicamentos busca eliminar intermediarios
En materia de adquisiciones, Clark García explicó que la estrategia del gobierno consiste en comprar directamente a los fabricantes, evitar intermediarios y establecer subastas inversas para obtener mejores precios.
Informó que para el periodo 2027-2028 se contempla la compra de aproximadamente seis mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos destinados a hospitales y centros de salud de todo el país.
Según las estimaciones expuestas, la reducción de precios habría evitado gastos adicionales por 45 mil millones de pesos en el periodo 2025-2026 y por otros 35 mil millones en las compras previstas para 2027.
Aunque el funcionario mencionó un ahorro cercano a 70 mil millones de pesos, las cantidades desglosadas durante su intervención suman 80 mil millones.
Además, advirtió que los proveedores que hayan incumplido entregas serán excluidos de los nuevos procedimientos de contratación.
“También que sigan participando aquellos proveedores que cumplen y aquellos que por alguna razón no han cumplido, ya no están participando y quedan descalificados en las compras de este año”, puntualizó.
Finalmente, aseguró que la administración federal busca transparentar las adquisiciones mediante una plataforma pública en la que puedan consultarse los precios, volúmenes, empresas proveedoras y cumplimiento de entregas.
Clark García insistió en que el objetivo es incrementar la disponibilidad de medicamentos en hospitales públicos sin elevar innecesariamente el gasto, mediante la eliminación de intermediarios y la revisión de contratos de distribución.
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