La crisis de desapariciones forzadas en México llegará este martes 20 de octubre a la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó, por primera vez en la historia, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La decisión coloca bajo escrutinio internacional la situación del país, ante la existencia de indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática, que, de acuerdo con el organismo, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, para presentar el informe anual del organismo y explicar los alcances de este procedimiento extraordinario, que busca movilizar la cooperación internacional para atender la crisis.
ONU activa por primera vez artículo 34 por desapariciones en México
La comparecencia representa un hecho sin precedente desde la entrada en vigor de la Convención, pues nunca antes el Comité había utilizado el artículo 34 para llevar una situación de desapariciones forzadas a la atención de la Asamblea General.
El mecanismo permite acudir de manera urgente al máximo órgano deliberativo de Naciones Unidas cuando existen indicios suficientemente fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte.
En el caso mexicano, el Comité resolvió activar este procedimiento durante su sesión de marzo de 2026, y su decisión fue difundida públicamente en abril.
El organismo consideró que la información reunida durante años de seguimiento, junto con denuncias de víctimas y organizaciones civiles, justificaba elevar el caso a una instancia internacional de mayor alcance.
Advierte ONU indicios de posibles crímenes de lesa humanidad
En su resolución, el Comité documentó patrones de desapariciones relacionados con la presunta participación de servidores públicos, vínculos entre autoridades y organizaciones criminales, deficiencias en las investigaciones e impunidad.
Entre los estados mencionados en la documentación figuran Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, así como Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y el Estado de México.
La evaluación internacional advierte que las desapariciones no corresponden necesariamente a hechos aislados, sino que existen elementos para analizar su posible carácter generalizado o sistemático.
Sin embargo, el señalamiento sobre posibles crímenes de lesa humanidad no constituye una sentencia ni determina responsabilidades penales individuales.
México rechaza señalamientos de la ONU sobre desapariciones
El Gobierno mexicano rechazó desde el 2 de abril las conclusiones del Comité, al considerar que su evaluación es parcial y no incorpora suficientemente los avances institucionales alcanzados desde 2019.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores sostuvieron que la desaparición forzada, conforme a la Convención, exige la intervención directa o indirecta de agentes estatales y que no todos los casos registrados en México reúnen esas características.
La administración federal también negó que exista una política de Estado destinada a cometer desapariciones forzadas y defendió las reformas emprendidas para fortalecer la búsqueda de personas y la investigación de estos delitos.
ONU plantea asistencia internacional para buscar desaparecidos
Entre las acciones propuestas por el Comité destacan la cooperación técnica y financiera, el fortalecimiento de las capacidades forenses y el apoyo especializado para investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
También plantea establecer un mecanismo eficaz para esclarecer los hechos, proteger a las familias buscadoras y garantizar acompañamiento a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La decisión fue remitida a la Asamblea General mediante una comunicación del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, identificada con el número A/80/737.
Colectivos exigen que intervención de la ONU produzca resultados
Organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos llamaron a que la activación del artículo 34 no se limite a una discusión diplomática, sino que se traduzca en medidas concretas para localizar personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar justicia.
En un pronunciamiento difundido este 19 de octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) destacó la necesidad de aprovechar este procedimiento internacional para impulsar soluciones efectivas a la crisis.
La exposición del caso ante Naciones Unidas abre así una nueva etapa de revisión internacional sobre México, aunque la intervención del Comité no supone automáticamente sanciones contra el Estado mexicano.
La atención estará puesta en las medidas que puedan adoptar los países integrantes de la Asamblea General y en la disposición del Gobierno de México para colaborar con los mecanismos internacionales de búsqueda, investigación y protección de las víctimas.
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