La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara destapó una operación antidrogas que ahora tiene bajo investigación federal la participación de personal estadounidense en territorio mexicano y llevó a la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
Los estadounidenses fueron identificados como Richard Leiter Johnston III, de 36 años, y John Dudley Black, de 44, quienes fallecieron el pasado 19 de abril junto con dos mandos policiales mexicanos, luego de participar en actividades vinculadas con el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
Ambos tenían antecedentes militares y experiencia en operaciones en Afganistán. Sin embargo, su presencia en un operativo de seguridad en Chihuahua, aparentemente sin autorización del Gobierno federal, abrió una controversia sobre las actividades de inteligencia de Estados Unidos en México.
¿Quiénes eran Richard Leiter Johnston III y John D. Black?
Richard Leiter Johnston III, conocido como Rick, fue oficial del Ejército estadounidense, donde alcanzó el grado de capitán y participó en operaciones militares en Afganistán.
Graduado de la Universidad de Virginia en 2013, recibió entrenamiento especializado y formó parte de las Fuerzas Especiales del Ejército, conocidas como Boinas Verdes.
Su trayectoria incluyó despliegues en Filipinas y misiones internacionales vinculadas con operaciones antiterroristas. Posteriormente continuó trabajando para el Gobierno estadounidense en distintas regiones, entre ellas Oriente Medio, África y Asia Oriental.
De acuerdo con información biográfica difundida tras su fallecimiento, dominaba inglés, español y mandarín.
John Dudley Black, por su parte, era originario de San Francisco, California, y creció en Spokane, Washington.
Estudió en la Universidad Gonzaga y desarrolló una carrera militar que incluyó operaciones en Afganistán.
Su experiencia quedó documentada en un video militar divulgado en 2013, en el que relató parte de su servicio como ayudante de campo de un comandante de la Primera División de Marines.
Los antecedentes de ambos evidencian su experiencia en operaciones militares internacionales, aunque la CIA no ha difundido públicamente un informe completo sobre las funciones específicas que desempeñaban en México.
Una caída de 200 metros destapó la operación
El accidente ocurrió durante la madrugada del 19 de abril de 2026, cuando una camioneta que viajaba en un convoy de regreso de un operativo antidrogas cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros en la Sierra Tarahumara.
La unidad se incendió y sus cuatro ocupantes perdieron la vida.
Además de los estadounidenses, fallecieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.
Los elementos regresaban de acciones desarrolladas en las inmediaciones de El Pinal, municipio de Morelos, donde las autoridades reportaron el desmantelamiento de seis instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
Los presentaron como instructores de drones
Tras el accidente, las autoridades estatales señalaron inicialmente que los dos ciudadanos estadounidenses eran personal de la Embajada de Estados Unidos dedicado a tareas de capacitación, particularmente en el manejo de drones.
Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores los vincularon con la CIA, lo que desató cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de sus actividades.
La polémica aumentó después de que surgieran reportes sobre el uso de equipo táctico, armamento y uniformes relacionados con la corporación policial de Chihuahua durante el operativo.
El Gobierno federal aseguró que no había sido informado previamente sobre la intervención de los estadounidenses en acciones que correspondían a las autoridades mexicanas.
Detienen a exfiscal por presunta traición a la patria
El caso tomó un nuevo rumbo en octubre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por su presunta responsabilidad en permitir la intervención de personal extranjero en operaciones de seguridad nacional.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que las investigaciones encontraron indicios de que Jáuregui permitió la participación de ciudadanos estadounidenses en tareas reservadas a instituciones mexicanas, sin contar con las autorizaciones correspondientes.
La FGR también señaló que los extranjeros acudieron en diversas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y que el operativo contra el laboratorio clandestino se realizó sin que inicialmente existiera una carpeta de investigación formal.
La autoridad federal investiga posibles conductas constitutivas de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Las acusaciones permanecen sujetas al proceso judicial y no equivalen a una sentencia condenatoria.
La soberanía nacional, en el centro de la controversia
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México puede mantener mecanismos de intercambio de inteligencia y cooperación con Estados Unidos para combatir al narcotráfico, pero que los agentes extranjeros no están autorizados para intervenir directamente en operaciones de seguridad dentro del país.
La investigación sobre la muerte de Johnston y Black ha colocado bajo escrutinio las relaciones entre autoridades estatales mexicanas y organismos de inteligencia estadounidenses.
El expediente plantea una cuestión que va más allá del accidente: quién autorizó la intervención de los agentes de la CIA, cuáles eran sus atribuciones y hasta dónde había llegado la cooperación operativa en Chihuahua.
Seis meses después de la tragedia, la muerte de los dos estadounidenses dejó de ser únicamente un caso de accidente carretero para convertirse en una investigación federal sobre presunta intervención extranjera en operaciones contra el narcotráfico.
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