La diputada federal Kenia López Rabadán, del PAN, presentó una iniciativa para castigar como traidores a la patria a los servidores públicos que mantengan vínculos con el narcotráfico y utilicen sus cargos para proteger o facilitar las operaciones de organizaciones criminales.
La propuesta plantea adicionar una fracción XVI al artículo 123 del Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar a funcionarios que entreguen información, recursos públicos, protección o facilidades operativas a los cárteles de la droga.
López Rabadán sostuvo que el delito de traición a la patria no debe utilizarse como instrumento de confrontación política contra legisladores que votan en contra de determinadas reformas, sino aplicarse a quienes comprometen la seguridad nacional mediante acuerdos con el crimen organizado.
“Hoy pareciera que hay un discurso desde el gobierno y desde distintos medios de comunicación a propósito de quién es traidor a la patria y quién no es traidor a la patria”, cuestionó.
La legisladora acusó que integrantes del régimen han utilizado esa expresión para descalificar posiciones políticas contrarias a sus intereses.
“Eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería”, afirmó.
Exige a Morena, PVEM y PT respaldar sanciones contra funcionarios coludidos
La panista llamó a Morena, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT) a respaldar la iniciativa para establecer consecuencias penales contra quienes, desde las instituciones públicas, colaboren con las organizaciones del narcotráfico.
Advirtió que los funcionarios que reciben recursos del erario tienen la obligación de proteger a la ciudadanía y no de poner las instituciones al servicio de grupos criminales.
“Ese que en lugar de estar haciendo el bien hace el mal porque está coludido con el narcotráfico, porque están amafiados con el narco, esos servidores públicos deben ser sancionados”, sostuvo.
Plantea castigar protección, filtración de información y entrega de recursos
De acuerdo con el texto presentado por López Rabadán, se consideraría traición a la patria que un servidor público establezca acuerdos con organizaciones dedicadas a delitos contra la salud previstos en los artículos 194 y 195 del Código Penal Federal.
La disposición contempla conductas como proporcionar deliberadamente protección, información, recursos públicos o facilidades operativas cuando esas acciones busquen someter funciones del Estado a las decisiones de organizaciones criminales.
Entre las áreas contempladas se encuentran seguridad pública, procuración y administración de justicia, control migratorio, aduanas e inteligencia del Estado.
“Más allá de una discusión política o incluso ideológica, lo que necesitamos en México son garantías de seguridad, de paz, de estabilidad social”, expresó.
La legisladora insistió en que la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas debe investigarse y sancionarse, al considerar que representa una amenaza para las familias mexicanas.
Denuncia condiciones infrahumanas por agua contaminada en Guadalajara
En otro tema, López Rabadán cuestionó la crisis de agua contaminada reportada en Guadalajara, Jalisco, y exigió a las autoridades garantizar el derecho humano al acceso a agua limpia.
Señaló que la solución requiere presupuesto, capacidad administrativa y voluntad política, pero también sensibilidad frente a las afectaciones que enfrentan las familias.
“Lo que no puede suceder es que los ciudadanos abran la llave y lo que aparezca sea un líquido asqueroso, es terrible”, manifestó.
La diputada afirmó que familiares residentes en Jalisco le han relatado las dificultades para realizar actividades básicas ante las condiciones del suministro.
“No puedes tomar agua, no te puedes bañar, no puedes lavarte las manos, las condiciones son infrahumanas”, expresó.
Pide fiscalías autónomas ante señalamientos en Chihuahua
Respecto a los señalamientos sobre un supuesto acuerdo entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el Gobierno federal para detener al exfiscal César Jáuregui, López Rabadán respaldó la postura del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de exigir investigaciones objetivas.
Indicó que existen expedientes en los ámbitos estatal y federal, por lo que consideró indispensable evitar que las instituciones de justicia sean utilizadas para perseguir adversarios políticos.
“Que una fiscalía no tenga objetividad, sino tenga consignas en contra de alguien por su nombre y apellido, por su militancia o por sus posiciones públicas es terrible, es antidemocrático, es injusto”, advirtió.
También exigió que el Poder Judicial resuelva conforme a la Constitución y las leyes, sin atender instrucciones de autoridades, partidos políticos o intereses ideológicos.
Cuestiona reforma judicial tras expulsión de Conatrib
Finalmente, López Rabadán criticó las consecuencias de la reforma judicial, luego de que, según lo expuesto, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).
La decisión fue atribuida a la pérdida de las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas por la organización internacional, debido al respaldo de Conatrib a la reforma que estableció la elección popular de personas juzgadoras.
La legisladora afirmó que ese desenlace era previsible y volvió a cuestionar el mecanismo de tómbola utilizado en el proceso de renovación judicial.
“Esta tómbola para quitar a jueces, a magistrados, a ministros, fue terrible y ahí están las consecuencias”, concluyó.
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